Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 6 de marzo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Urge hacer cambios que den más poder al ciudadano antes del proceso electoral del 2012
Colaborador Invitado
(6 marzo 2011).- José González Morfín
Coordinador del GPPAN y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.
¿Deben tener los ciudadanos mexicanos más oportunidades de participar en política?, ¿tiene derecho un ciudadano a proponer una reforma legal ante el Congreso?, ¿es posible que existan candidaturas ciudadanas en nuestro país?, ¿tenemos la capacidad de romper el tabú de la reelección en México?
En el PAN creemos que sí. Y ése es el espíritu con el que se construyó una propuesta de reforma política presentada por el presidente Felipe Calderón hace poco más de un año.
Dicha reforma se apega plenamente al espíritu que dio origen al PAN: poner a los ciudadanos en el centro de las decisiones políticas. Esto significa transitar del sufragio efectivo a la democracia efectiva; que sean los ciudadanos quienes tengan en sus propias manos la posibilidad de cambiar al sistema de manera pacífica y con resultados positivos a largo plazo. A la fecha continúan las conversaciones y la propuesta no se ha dictaminado; sin embargo, el tiempo se agota.
¿Qué demandamos?, que los temas de esta reforma política se aborden, que se discutan y que la sociedad conozca quiénes están a favor y quiénes en contra.
Ésta es una de las reformas que no pueden esperar más. México exige de nosotros la corresponsabilidad entre los actores políticos y, específicamente, entre los Poderes de la Unión para lograr cambios duraderos en nuestra Constitución en materia política, que a su vez se traduzcan en un fortalecimiento definitivo de nuestra joven democracia.
El debate de las ideas hay que darlo lo más pronto posible si es que deseamos que los cambios entren en vigor en el siguiente trienio, logrando así aislar al tema de coyunturas político electorales. Este periodo ordinario de sesiones resulta crucial para que la reforma llegue a buen puerto. En octubre inicia formalmente el proceso electoral 2012, por lo que el plazo legal para hacer reformas en materia electoral vence en julio. Para septiembre, mes en el que inicia el siguiente periodo de sesiones, será el tema económico el que nos consuma y ya para el 2012, temas trascendentes como esta reforma, muy difícilmente podrán avanzar.
La reforma política representa el primer paso hacia la construcción del México de instituciones y procesos democráticos por el que muchos mexicanos lucharon desde finales del siglo pasado.
Nuestro país ha vivido en la última década una transición aún no consolidada. Parte de esos cambios que los ciudadanos demandaron a los políticos en las elecciones del año 2000, que aún están pendientes, los tenemos reflejados en la propuesta que envió el Presidente al Congreso en diciembre del 2009.
Nadie puede ocultar la insatisfacción de los mexicanos para con sus políticos o negar el desprestigio en el que se ubica a los legisladores. Ése es un motivo más que nos debe llevar a la reflexión sobre cómo encontrar los mecanismos adecuados que permitan a los ciudadanos ejercer o no su poder sobre sus políticos, sobre los partidos; aprobarlos o reprobarlos.
Los 10 puntos enviados por el Presidente abren la política al ciudadano, le dan la posibilidad de proponer cambios legales en las normas, aspirar a un puesto de elección popular sin pasar por el filtro de los partidos, hacer más transparente las gestiones y evaluar a sus políticos para reelegirlos o rechazarlos como ya ocurre en la inmensa mayoría de las democracias, salvo en México y en Costa Rica. Lo que es una realidad en otras naciones, en México sigue siendo una utopía: reelección de legisladores y alcaldes, candidaturas independientes, referéndum, iniciativa ciudadana, segunda vuelta.
En la mesa están las propuestas para cambios trascendentales. Los senadores tenemos el compromiso de analizarlas, discutirlas frente a la nación, definir nuestra postura ante quienes nos eligieron y dejarles la opción de participar en la política con mayor profundidad.
Este periodo ordinario de sesiones, que concluye en abril, representa la última oportunidad para emprender cambios que sean efectivos en el mediano plazo. Necesitamos aprovechar el tiempo y generar acuerdos. La voluntad del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado es de plena apertura.
Muchas críticas han recibido las alianzas políticas para elecciones en los estados; sin embargo, el mejor mecanismo para atender las demandas de transición en estados es precisamente la segunda vuelta electoral. Analicémosla.
El rezago legislativo es otro de los lastres. La reforma política permitiría la Iniciativa Preferente, con ella el Presidente podría enviar dos iniciativas por periodo a fin de que se discutan, aprueben o rechacen, pero de no abordarse al término del periodo, se darían por avaladas, con ello se obligaría a su discusión.
Los senadores de Acción Nacional siempre estaremos a favor de lo mejor para México. Estamos obligados a generar un debate de altura, con visión de Estado y claridad de objetivos. Nadie puede estar en contra de un sistema de partidos fuerte en el país, pero ello no debe ir en demérito del derecho que tienen los ciudadanos de proponer reformas, de ser votados, de participar en un referéndum o de dejar de padecer la parálisis legislativa por decisión de una o varias fuerzas políticas. Los senadores de todos los partidos debemos entender nuestro papel en esta reforma histórica para la nación.
Hemos expuesto los elementos fundamentales de la reforma para fortalecer nuestra democracia. El siguiente paso es concretar la transición, lo que en sí representa una demanda social que nos obliga a escucharla y dar respuestas concretas, sin exageraciones ni maniqueísmos. El tiempo se agota y están dadas las condiciones para lograr el consenso necesario para lograr los acuerdos. Es hora de apostar por un sistema político profundamente ciudadanizado.
Edomex, ¿modelo de gobierno?
Reportaje ¿Cómo gobierna Peña Nieto?
Jésica Zermeño
(6 marzo 2011).- A seis meses de concluir su gobierno en el Estado de México, Enrique Peña Nieto presume en spots y discursos que su administración ha logrado inaugurar en México "una nueva forma de gobernar". Sin embargo, un análisis de su gestión en los rubros de seguridad, finanzas públicas y desarrollo social revela que a pesar de los cuantiosos recursos con los que cuenta la hacienda mexiquense, los problemas persisten, y algunos incluso se han agravado. Con base en las cifras y con ayuda de especialistas, Enfoque se dio a la tarea de responder una pregunta: más allá de la imagen, ¿cómo gobierna Peña Nieto?
Seguridad: muchos recursos, magros resultados
NEZAHUALCÓYOTL.- Érika Sánchez se enteró de que La Familia Michoacana ya estaba en su colonia, la Benito Juárez, por su sobrino Alfonso, de 13 años. "Llegó un día de la secundaria y me dijo que un tipo andaba vendiendo droga afuera, y que andaba presumiendo que lo había contratado La Familia, los mismos de la tele. Yo me espanté. Le dije que ni se le ocurriera acercársele porque esos hombres están locos".
Érika, ama de casa y madre de una niña de tres años, calcula que eso fue hace ocho meses. Por eso cuando se enteró de que el 16 de enero pasado habían ejecutado a nueve personas en Neza, ocho de ellas a unas cuadras de su casa, pensó inmediatamente en que era un ajuste de cuentas. "Los mataron igualito a como matan en otros lados. Ya después se supo que eran de La Familia. Pero ellos llevan aquí rato, eh, no es de ahorita. Me preocupa por mi hija, porque así son nuestros vecinos", dice angustiada.
Desde antes de ese ataque Érika no salía de noche. Hoy incluso en el día se cambia de acera si ve un grupo de "gente rara" platicando en la calle, para evitar el peligro. "Si sólo se dedicaran a vender droga, bueno, pero también empiezan a robar, a amenazar. Ya me ha dicho mucha gente de aquí cerquita que ha sido asaltada por los mismos que se drogan y que venden, que les han quitado celulares y monederos", explica.
Las recientes ejecuciones en Nezahualcóyotl y otros municipios como Naucalpan y Atizapán han comprobado la presencia del crimen organizado en las zonas urbanas del Estado de México. Hasta hace un par de años se creía que los cárteles sólo operaban en los municipios colindantes con Guerrero y Michoacán (como Tejupilco o Luvianos). Hoy el Ejército patrulla ocho municipios de la zona conurbada con la Ciudad de México (Atizapán, Naucalpan, Chalco, Ecatepec, La Paz, Huixquilucan, Cuautitlán y Nezahualcóyotl) con el fin de frenar la violencia.
Con la llegada de estos grupos también se han disparado los delitos del fuero común, aquellos que deben ser combatidos por los gobiernos locales; de manera notable, el robo con violencia -principalmente a negocios-, la extorsión y el secuestro.
Según los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el combate a la delincuencia será uno de los pendientes de Enrique Peña Nieto al dejar gubernatura, el próximo 15 de septiembre. Aunque en su periodo de gobierno el número total de delitos del fuero común sólo se incrementó en 14.3 por ciento entre 2005 -año en que comenzó su gobierno- y 2010, el repunte de algunos delitos específicos en la entidad más poblada del país es evidente.
El total de robos denunciados se incrementó en 51.8 por ciento, al pasar de 75 mil 911 en
El incremento en el robo a negocios, entre 2005 y 2010, creció más de 2 mil por ciento, al pasar de
Otro delito que ha crecido constantemente durante el sexenio de Peña Nieto es el del secuestro, al pasar de 46 en
En algunos casos, la Procuraduría General de la República ha iniciado investigaciones a altos mandos policiales y hasta alcaldes y ex alcaldes por su posible participación en plagios, como en Huixquilucan e Ixtapaluca. El último caso se dio el pasado 28 de febrero, cuando fue girada orden de aprehensión contra el ex edil de Tlalmanalco, Raúl Sánchez Reyes, acusado de dar protección a una banda de secuestradores.
El único delito que se redujo considerablemente durante la gubernatura del mexiquense fue el de homicidios, 53.8 por ciento menos entre 2005 y 2010. Según la base de datos de ejecuciones del gobierno federal, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2010 se registraron en la entidad mil 528 homicidios, 4.44 por ciento del total nacional. De ellos, mil 456 fueron ejecuciones. Lo preocupante es que hasta 2006 no se había registrado ningún municipio con ajusticiamientos del crimen organizado. Para 2007 35 alcaldías ya reportaban por lo menos una ejecución. En 2010 son ya 75 los municipios en los que ha habido ejecutados, que representan el 60 por ciento del territorio mexiquense (Reforma, 27/02/2011).
Sin embargo, esta reducción en homicidios debe matizarse. No ha sido suficiente para evitar el incremento de los feminicidios. Incluso, organizaciones de derechos humanos han pedido que se declare una alerta de género en el estado. Entre 2005 y agosto de 2010 se han registrado 922 homicidios de mujeres. Lo preocupante para las organizaciones es que 526 están impunes, según cifras del Observatorio Nacional de Feminicidios.
Sin combate integral
Eduardo Guerrero, especialista en seguridad y miembro de Lantia Consultores, explica que la presencia de ejecuciones en la entidad responde a la dinámica de dispersión de actividades que han tenido los grupos del crimen organizado no sólo en el Estado de México, sino en todo el país, por lo que no puede hacerse responsable sólo al gobierno estatal del incremento de la violencia. Sin embargo, el doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago asegura que al gobierno estatal le ha faltado una estrategia integral de combate a los delitos del fuero común, pues sólo se logró reducir el número de homicidios; los demás delitos en general se dispararon, algunos de manera descomunal.
"La gestión de Peña Nieto en materia de seguridad no es ni de las peores ni de las mejores. Eso sí, no se frenaron las tendencias en el crecimiento de delitos que su gobierno debe combatir. El repunte del secuestro es el más importante, y debe haber un repunte parecido en extorsión, pero el estado no ha reportado datos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, no podemos saber", señala.
El gobierno mexiquense es una de las cuatro entidades que no ha reportado a la Federación la incidencia de extorsión desde 1997. Los otros tres son Campeche, Colima y Puebla. Para Guerrero, deben darse a conocer a la brevedad estos datos, pues el incremento del secuestro y la actividad de cuatro cárteles criminales en la entidad permite prever que seguramente la extorsión ha crecido casi exponencialmente.
Hoy se sabe por reportes periodísticos que la extorsión es un delito expandido en gran parte del estado. Entre los últimos hechos se ha reportado la existencia de extorsión a locatarios de por lo menos cuatro mercados públicos de Neza, por grupos delincuenciales que dicen ser de La Familia.
"El Estado de México es una de las entidades que más recursos en seguridad pública ha ejercido, pero pareciera que no se están ejerciendo correctamente. La entidad es de las que más policías tiene por cada mil habitantes, más de cuatro, pero parece que ni el número de elementos ni la tecnología está funcionando", explica.
De acuerdo con los presupuestos de egresos de la entidad, entre 2006 y 2011 se han destinado 42 mil 849.8 millones de pesos a la seguridad pública. Entre 2005 y 2011, el gasto anual destinado a este rubro casi se triplicó, al pasar de 4 mil 604 millones a 11 mil 272.1 millones.
El Estado de México es la entidad más beneficiada en la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública federal en 2011, al recibir 568.1 millones de pesos.
El gobierno de Peña Nieto también presenta retrasos en materia de capacitación policial. La entidad es una de las que más rezagada se encuentra en este rubro a nivel nacional. Hasta diciembre de 2010 sólo el 3.04 por ciento de los 36 mil 675 policías había sido sometido a exámenes de confianza y sólo el 8 por ciento había sido capacitado.
Jésica Zermeño
Eduardo Guerrero Gutiérrez
Cargo actual: Socio consultor de Lantia Consultores S. C.
Estudios: doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago.
Cargos anteriores: director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del IFE, director general de Estudios y Relaciones Internacionales del IFAI, director general de Organización Social de Sedesol y asesor de la Secretaría General del Cisen.
Política social: insuficiente
CHIMALHUACÁN.- Evelia Hidalgo vende ropa usada sábados y domingos en la colonia San Isidro Tlaixco de este municipio. Tiende su puesto con pantalones, blusas y zapatos usados en una banqueta, en el punto más alto de la calle Barranca, en las faldas del cerro Chimalhuache. Al lugar se llega tras subir una calle pavimentada de un kilómetro de longitud.
Evelia vive abajo, en el pueblo, en la colonia Talabarteros. Dice que a su casa de dos cuartos de lámina no le falta nada, pues tiene luz, agua entubada y drenaje. El problema es el hambre. Semana tras semana, ella, su esposo Guadalupe y sus tres hijos llenan su estómago con tortillas, frijoles y salsa sin jitomate. Cuando mejor les va, comen patas y retazo de pollo.
Hace un año su esposo dejó de vender pollos rostizados tras una operación de columna que lo dejó en silla de ruedas. Hoy se mantienen con la venta de ropa, que le regalan todos los que saben de su necesidad, y la venta de cartón, vidrio y latas que recoge en cualquier lugar.
"Si me va bien, gano aquí unos 100 pesos por día, y entre semana con lo que vendo de desecho completo", asegura.
Evelia y su familia son cinco de los 186 mil mexiquenses que entraron a las filas de la pobreza alimentaria entre 2005 y 2008, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); es decir, se unieron al grupo de aquellos a los que ya no les alcanza para comer bien. La mayoría de sus vecinos también son pobres. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, el 95 por ciento de los 525 mil habitantes de este municipio mexiquense vive en muy alta y alta marginación.
A pesar de estar al frente de la segunda economía más grande del país, sólo después del Distrito Federal, la administración de Enrique Peña Nieto no ha podido revertir el crecimiento de la pobreza. En el último informe del Coneval, el Estado de México es la entidad con mayor número de personas en pobreza multidimensional en el país, con 6.41 millones, el 43.7 por ciento de la población total del estado. Le sigue Veracruz, con 3.68 millones.
El mismo informe indica que la entidad es el lugar en el que residen más personas con carencias de acceso a la alimentación, 3.13 millones.
Para Álvaro Arreola, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en el Estado de México, si bien el incremento de la pobreza no ha sido dramático, la situación de vulnerabilidad que se vive en territorio mexiquense no concuerda con su participación en la economía y la industria nacional, lo que es grave.
"La desigualdad social no se ha atenuado en los últimos 25 años. El Estado de México es el ejemplo mayúsculo y bárbaro de esto. Yo no vi en este sexenio un programa social fuerte que se encaminara directamente al combate radical de la pobreza en la entidad. A pesar de la participación inmensa en el Producto Interno Bruto del Estado de México en este país, tiene niveles de pobreza como si no tuviera industria, como si nunca entrara inversión. No corresponde ni su crecimiento económico ni su desarrollo industrial con la magnífica desigualdad y pobreza que tiene", expresa el académico.
Según cifras del INEGI, el Estado de México aporta 9.7 por ciento del PIB nacional, sólo por debajo del Distrito Federal.
Poca salud y educación
En su Quinto Informe de Gobierno, el gobernador Peña Nieto presume el fortalecimiento en la infraestructura de salud con la construcción de "cuatro nuevos hospitales de alta tecnología, 35 hospitales equipados y modernizados, 15 nuevos hospitales municipales" y más de 600 centros de primer nivel de atención en la entidad.
Sin embargo, el crecimiento de la infraestructura en salud todavía no se nota en las cifras, pues el estado se ha mantenido como líder en carencias de salud, con 6.6 millones de habitantes sin acceso a servicios médicos.
En materia educativa, el gobierno asegura que se han incorporado 265 mil niños y jóvenes al sistema educativo estatal y se han construido 6 mil 800 espacios educativos, que lo mismo pueden ser un salón o una escuela completa. En cuanto a educación media, se han incorporado 86 mil estudiantes al sistema en esta administración. Estos nuevos espacios tampoco impactan todavía en las cifras de rezago educativo: la entidad continúa siendo la número uno, con 2.7 millones que no están en el nivel educativo que les correspondería de acuerdo con su edad.
De los 608 compromisos de campaña que Peña Nieto firmó ante notario público durante su campaña a la gubernatura, 183 corresponden a construcción y remodelación de hospitales y escuelas.
Arreola, maestro en sociología por la UNAM, califica estos compromisos como insuficientes para paliar las carencias educativas y de salud de la entidad, pues sólo contemplan la construcción, remodelación y/o equipamiento de instalaciones, pero no fue implementado ningún cambio de fondo en las políticas educativas y de sanidad estatales.
"Las cifras son engañosas, falta ver si la nueva infraestructura por sí sola hace cambios. No lo veo. En el caso de las escuelas es un salón, una televisión, una laptop. En salud, igual. Esa forma de hacer gobierno (firmar compromisos) es crear una nueva forma de legitimación frente a la sociedad, es un mecanismo novedoso electoralmente hablando, populista, que les garantiza un buen manejo de medios. Un gobernante no necesita estampar su firma para que la gente crea en él, porque la sociedad ya votó por él. Yo no veo cambios de fondo en las políticas", sentencia el especialista.
Jésica Zermeño
Álvaro Arreola Ayala
Cargo actual: investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Estudios: maestro en sociología por la UNAM.
Cargos anteriores: ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, presidente de la Comisión de Vigilancia del IEEM.
Economía: obras, deuda y desempleo
No hay gobierno estatal que haya incrementado su presupuesto más que el mexiquense en los últimos seis años. Desde 2005, los ingresos totales del Estado de México crecieron 90 por ciento, al pasar de 77 mil 908 millones de pesos a 148 mil 343 millones en 2011. El 70 por ciento de esos recursos fue otorgado por la Federación.
Fausto Hernández Trillo, director de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica, señala que, con esos recursos cuantiosos, la apuesta gubernamental de Enrique Peña Nieto ha sido claramente la construcción de obras que se ven -lo que se refleja en sus 608 compromisos de gobierno-, así como la difusión en los medios de comunicación de estas obras. Una estrategia que le ayuda a consolidarse como candidato a la Presidencia de la República.
"Ha apostado a la infraestructura. La apuesta por carreteras y por la construcción de infraestructura en general le ha salido bien y le ayuda en imagen, porque son muy vistosas, como sus compromisos de gobierno. Todavía es muy temprano para que podamos hacer una evaluación seria, con datos. Habría que ver si el material que se ha utilizado en las obras es de calidad, si es buen cemento y no chapopote. Cualquier gobierno con la cantidad de recursos que tiene actualmente el Estado de México podría haber hecho esa apuesta", asegura.
Según datos de los presupuestos de egresos de la entidad, entre 2006 y 2011 casi se ha triplicado el monto destinado por el gobierno del Estado de México a inversión pública (el gasto destinado a mantener, ampliar y/o construir obras), al pasar de 4 mil 409.8 millones de pesos a 11 mil 847.8 millones. En el Quinto Informe de Gobierno se establece que el plan de desarrollo de infraestructura estatal contempla la construcción de nueve autopistas con una inversión de 39 mil millones de pesos, "de los cuales
"La pregunta que tenemos que hacernos es si reforzar la infraestructura contribuyó a disminuir los rezagos en la entidad. La activa promoción no permite ver eso ahora. Con todo el dinero que tuvieron disponible, ¿no pudieron hacer mucho más?", se pregunta Hernández Trillo, doctor en economía por la Universidad de Ohio.
Entre los proyectos que el gobierno mexiquense destaca como logros se encuentran el Viaducto Elevado Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense, la autopista Naucalpan-Ecatepec y el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, en la ciudad de Toluca.
También destaca la entrada en operación de la primera ruta del Mexibús, entre Ecatepec y Tecámac.
Otro rubro que ha crecido de manera notable durante la administración del Peña Nieto es el de comunicación y difusión.
Entre 2006 y 2010, el gobierno mexiquense gastó 811.8 millones de pesos. Si se agrega el presupuesto asignado a Comunicación Pública para 2011, el gobierno encabezado por Peña Nieto habrá utilizado 990.6 millones de pesos en mensajes, spots y difusión en general en medios de comunicación.
Tan sólo en este año, el Ejecutivo estatal destinará 178.8 millones de pesos a la difusión de sus campañas mediáticas. Esta cifra es superior al gasto etiquetado para todo el ramo electoral en la entidad (102.5 millones), todos los programas de derechos humanos (106.0 millones) y el presupuesto del DIF (122.5 millones). También es superior al gasto otorgado a personas con discapacidad (152.4 millones) y es casi el mismo monto que el destinado a los programas de cultura física y deporte (173.6 millones). El presupuesto para el desarrollo forestal en la entidad es casi la mitad que el gasto en comunicación (96.1 millones).
Hernández Trillo asegura que el crecimiento del presupuesto del Estado de México no podía haber sido posible sin el apoyo total de la bancada tricolor en San Lázaro (conformada al arranque de la LXI Legislatura por 43 legisladores, Enfoque, 12/07/2009).
La bonanza de recursos permitió que el político mexiquense anunciara la derogación de la tenencia en la entidad para 2012, lo que representa la pérdida de aproximadamente 3 mil millones de pesos de ingresos.
Deuda y desempleo
La gran entrada de recursos no se reflejó en una reducción similar de la deuda pública estatal. Según datos de la Secretaría de Finanzas mexiquense y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el endeudamiento pasó de 29 mil 886.1 millones de pesos en
Si se toma en cuenta también la deuda de los municipios, los pasivos de la entidad se incrementaron en cinco años 17 por ciento, hasta llegar a 37 mil 356.2 millones de pesos. Con este cálculo es el segundo estado con más débito, sólo detrás del Distrito Federal.
"El trabajo del gobierno estatal es venderse como buen lugar para invertir y generar empleos. Para cualquier otro estado un 17 por ciento de deuda sería un problema, para el Estado de México no", afirma Hernández Trillo.
El crecimiento en el presupuesto tampoco se ha reflejado en la generación de empleos. De acuerdo con cifras del INEGI, en octubre de 2005 -un mes después de la toma de posesión de Peña Nieto como gobernador- la entidad reportaba una tasa de desocupación de 4.6 por ciento de la población económicamente activa. En enero de 2011 la tasa era de 6.23 por ciento.
El PIB per cápita en la entidad tampoco ha mejorado. En 2008 era de 71 mil pesos, 35.7 por ciento menor que el promedio nacional.
El empleo en la informalidad también va en ascenso. De acuerdo con cifras del INEGI, hasta el tercer trimestre del 2010 había 444 mil 61 mexiquenses trabajando en la informalidad, 22 por ciento más que un año antes. ·
Jésica Zermeño
Fausto Hernández Trillo
Cargo actual: director de la división de economía del CIDE.
Estudios: doctor en economía por la Universidad de Ohio.
Cargos anteriores: director general adjunto de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, asesor de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP y de la Secofi y especialista en investigación de la Bolsa Mexicana de Valores.
Modelo Peña Nieto, en cifras
Los principales indicadores en materia de seguridad, desarrollo social y economía indican la persistencia, e incluso el agravamiento, de los problemas del Estado de México.
Seguridad
Se ha registrado un incremento en la incidencia de casi todos los delitos. Especialmente el robo a negocios, el robo de vehículos y el secuestro.
Gran total de delitos
| 05 | 234,274 |
| 06 | 237,761 |
| 07 | 246,808 |
| 08 | 255,865 |
| 09 | 269,927 |
| 10 | 267,783 |
| Incremento 2005-2010 | 14.3% |
ROBOS
| | Con violencia | Sin violencia |
| 05 | 49,601 | 26,310 |
| 06 | 48,875 | 28,194 |
| 07 | 44,772 | 45,654 |
| 08 | 49,155 | 51,633 |
| 09 | 58,002 | 53,383 |
| 10 | 62,337 | 52,914 |
| | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |
| | Con violencia | Sin violencia | Con violencia | Sin violencia | Con violencia | Sin violencia | Con violencia | Sin violencia | Con violencia | Sin violencia | Con violencia | Sin violencia |
| A casa habitación | 2,188 | 7,378 | 2,077 | 7,931 | 2,517 | 6,914 | 2,962 | 8,853 | 2,910 | 8,378 | 2,557 | 8,491 |
| A negocio | 296 | 820 | 332 | 1,100 | 466 | 851 | 405 | 826 | 907 | 1,022 | 6,570 | 6,136 |
| De vehículos | 11,804 | 17,642 | 10,349 | 18,728 | 11,018 | 19,112 | 12,576 | 20,678 | 16,492 | 23,155 | 21,117 | 26,067 |
| Instituciones bancarias | 55 | 0 | 35 | 0 | 113 | 32 | 50 | 39 | 108 | 139 | 66 | 159 |
| Otros | 35,258 | 470 | 36,082 | 435 | 30,658 | 18,745 | 33,162 | 21,237 | 37,585 | 20,689 | 32,027 | 12,061 |
AGRESIONES
| | Lesiones | Homicidios |
| 05 | 50,650 | 5,115 |
| 06 | 53,156 | 5,884 |
| 07 | 58,489 | 2,514 |
| 08 | 53,432 | 2,118 |
| 09 | 50,201 | 2,842 |
| 10 | 46,782 | 2,361 |
| | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |
| | Lesiones | Homicidios | Lesiones | Homicidios | Lesiones | Homicidios | Lesiones | Homicidios | Lesiones | Homicidios | Lesiones | Homicidios |
| Dolos@s | 39,443 | 2,313 | 39,539 | 2,766 | 42,596 | 1,127 | 40,055 | 1,261 | 39,130 | 1,345 | 37,232 | 1,153 |
| Culpos@s | 11,207 | 2,802 | 13,617 | 3,118 | 15,893 | 1,387 | 13,377 | 857 | 11,071 | 1,497 | 9,550 | 1,208 |
OTROS
| Delito | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Incremento |
| Secuestro | 46 | 42 | 52 | 136 | 127 | 172 | 273.91% |
| Secuestrados asesinados | 21 | 14 | 7 | 15 | 10 | 25 | 19.05% |
| Violación | 2,414 | 2,838 | 2,859 | 2,954 | 2,990 | 3,001 | 24.32% |
Fuentes: SNSP, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLICÍA*
| Rubro | Avance (%) | Ranking |
| Certificación de confianza de los cuerpos policiacos | 3.2 | 23 |
| Personal policial capacitado | 8.0 | 11 |
| Ejercicio de recursos del Fondo Nacional de Aportaciones para la Seguridad Pública | 67.5 |
|
*Datos al 31 de diciembre de 2010. Fuente: SNSP.
Pobreza y marginación
Siendo el estado más poblado del país, la pobreza se mantiene como uno de los principales problemas del Estado de México.
TIPO DE POBREZA
| | 2005 | 2008 |
| Población con pobreza de patrimonio | 6,986,775 (49.9%) | 7,117,187 (50.83%) |
| Población con pobreza de capacidades | 3,133,143 (22.4) | 3,388,057 (23.1) |
| Población con pobreza alimentaria | 1,999,076 (14.3) | 2,185,733 (14.9) |
CARENCIAS
| | Estado de México | Nacional |
| Población de 15 años o más analfabeta | 5.3 | 8.4% |
| Población de 15 y más con educación básica incompleta | 38.7 | 46% |
| Población sin acceso a servicios de salud | 52.7% | 49.8 |
| Viviendas con piso de tierra | 5.2 | 9.9% |
| Viviendas sin excusado o sanitario | 10.8% | 9.9 |
| Viviendas sin drenaje | 6.6 | 11.7% |
Fuente: Coneval.
Economía
La administración Peña Nieto ha contado con cuantiosos recursos provenientes, principalmente, de aportaciones federales. Ha aumentado la inversión en obra pública, pero el desempleo se ha incrementado y la deuda pública apenas si se ha reducido.
INGRESOS (millones de pesos)
Ingresos totales
| 05 | 77,908.4 |
| 06 | 90,308.9 |
| 07 | 97,517.6 |
| 08 | 123,443.7 |
| 09 | 126,216.1 |
| 10* | 134,029.4 |
| 11* | $148,343 |
| Incremento 2005-2011 | 90.41% |
| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10* | 11* |
| Recursos provenientes de la Federación. | 84.29% | 82.27 | 80.63 | 79.57 | 82.45 | 69.68 | 70.87 |
| Recaudación tributaria del ingreso total. | 3.35% | 3.45 | 5.09 | 4.33 | 4.39 | 4.06 | 4.14 |
COMPETITIVIDAD (millones de pesos)
Inversión extranjera directa
| 05 | 10,089.8 |
| 06 | 16,247.9 |
| 07 | 8,878.6 |
| 08 | $18,743.1 |
| 09 | 18,493.6 |
| 10* | 11,102.4 |
| Incremento 2005-2010 | 10.04% |
| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10* |
| Lugar en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO. | 30 | 29 | 26 | 29 | ND | 28 |
| Porcentaje de la IED del total nacional. | 3.4% | 6.5 | 2.4 | 5.9 | 10 | 5.2 |
EGRESOS (millones de pesos)
| | Egresos totales | Gasto social e inversión pública |
| 05 | 87,295.5 | 8,270.5 |
| 06 | 102,630.1 | 10,779.6 |
| 07 | 108,949.9 | 15,194.6 |
| 08 | 138,491.8 | $27,777.1 |
| 09 | 124,027.7 | 21,529.3 |
| 10* | 134,029.4 | 21,235.4 |
| 11* | $148,343 | 25,376.7 |
| Incremento 2005-2011 | 69.93% | 206.84% |
| | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10* | 11* |
| Porcentaje que representa la inversión pública de los egresos totales. | 9.47% | 10.50 | 13.95 | 20.06 | 17.36 | 15.84 | 17.11 |
| Gasto en comunicación pública (millones de pesos). | ND | $204.5 | 115.2 | 151.11 | 168.7 | 172.3 | 178.8 |
DEUDA PÚBLICA (millones de pesos)
| | 05 | 07 | 10* | Incremento 2005-2010 | Decremento 2005-2010 |
| Estatal y municipal | 31,790.4 | 32,316.3 | $37,356.2 | 17.51% | |
| Estatal | $29,886.1 | 29,107.9 | 27,263.1 | | 8.78% |
EMPLEO (porcentaje)
Tasa de desocupación trimestral
| III 05 | 5% |
| III 06 | 5.2 |
| I 07 | 5.9 |
| I 08 | 5.69 |
| III 09 | 7.57 |
| III 10 | 7.07 |
*Cálculo realizado con monto ingresos y egresos autorizados, no ejercidos.
Fuentes: Gobierno del Estado de México, SHCP, SE, IMCO.
'Estamos haciendo bien las cosas'
Entrevista ¿Cómo gobierna Peña Nieto?. Raúl Murrieta: Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Enfoque solicitó al gobierno del Estado de México que uno de sus funcionarios defendiera el modelo de gobierno de Enrique Peña. El secretario de Finanzas fue el designado para esa labor
Jésica Zermeño
(6 marzo 2011).- El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, Raúl Murrieta Cummings, justifica la apuesta de Enrique Peña Nieto por la infraestructura. El funcionario niega que el interés del gobernador sea hacer obras de relumbrón que le hagan más fácil la llegada a la Presidencia de la República en el 2012.
"La infraestructura es lo único que te va a dar competitividad a largo plazo. La inversión en infraestructura tiene dos momentos muy importantes; primero tienes el beneficio del empleo mientras estás llevando a cabo la obra pública, pero una vez que eso termina lo que generas es desarrollo a largo plazo.
"La infraestructura, como cualquier decisión acertada, puede tener impacto en lo que suceda más adelante, pero es un tema de incentivos. Ahorita estamos haciendo infraestructura porque es lo que requieren los mexiquenses. A una persona que es beneficiaria del suburbano lo que menos le inquieta en este momento es a quién le va a dar su voto más adelante. Lo que le interesa es la hora y media de traslado que ya se ahorra. Quien va a un nuevo hospital lo que quiere es que el hospital funcione... Los que no votan pero generan un beneficio bien importante son las empresas. La parte de la infraestructura a nivel macro tiene un impacto en competitividad enorme", asegura.
Murrieta, quien se convirtió en titular de las finanzas estatales el 1o. de abril de 2009, en reemplazo de Luis Videgaray -hoy diputado federal y uno de los mencionados como posible relevo de Peña Nieto en la gubernatura-, presume que la entidad ha logrado captar ya 5 mil 400 millones de dólares en inversión privada gracias a las nuevas obras en infraestructura.
Maestro en administración por el ITAM, el secretario asegura que el incremento de recursos que ha recibido la entidad -que ha permitido que el gobierno mexiquense invierta alrededor de 120 mil millones de pesos en infraestructura- no es resultado sólo del cabildeo político, sino de una profesionalización en la gestión de recursos.
Apenas iniciado su gobierno, Peña Nieto ordenó la creación de un staff especializado en documentar y justificar la pertinencia de los proyectos estatales ante la Cámara de Diputados para conseguir recursos. El staff está conformado por una decena de funcionarios especializados en evaluaciones de costo e impacto que, a juicio de Murrieta, ha defendido bien los proyectos del gobernador, por eso los ingresos han crecido.
Otro de los logros que Murrieta resalta es que el desarrollo económico de la entidad no se ha apalancado con deuda adquirida por el gobierno estatal, pues ésta se ha reducido 8.78 por ciento, al pasar de 29 mil 886.1 millones de pesos a 27 mil 263.1 millones, entre 2005 y 2010. Este cálculo no toma en cuenta la deuda contraída por los municipios.
El funcionario, ex directivo de Avantel y Lifetel y ex colaborador de Editorial Televisa y su portal esmas.com, también defiende el gasto que el gobernador Peña Nieto ha realizado en materia de comunicación política y difusión pública. Asegura que para el gobierno mexiquense comunicar las obras construidas o los avances en los programas de gobierno es una buena manera de rendir cuentas, pues deja en el ciudadano la tranquilidad de saber en qué se están gastando los recursos.
Considera que el desembolso en comunicación per cápita es una cantidad minúscula en comparación con el gasto en comunicación que realiza el gobierno federal.
"Una comunicación social eficiente, en los parámetros que la ley te permite y con el presupuesto que autorizan los diputados, es un gasto que termina trayendo beneficios económicos muy importantes para el estado. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú tienes una comunicación social proactiva logras subir la recaudación, porque los ciudadanos descubren y saben qué está haciendo su gobierno con el recurso. Seguramente tienes algún beneficio al comunicar eso en la parte de impacto político, pero un beneficio importantísimo tiene que ver con la rendición de cuentas.
"La comunicación social es algo que se requiere para que los mexiquenses que no pueden venir a Toluca, que no están aquí todos los días viendo nuestra actuación, conozcan qué está haciendo su gobierno", señala.
Murrieta no quiso hacer comentarios sobre la difusión que Peña Nieto ha hecho de su imagen en eventos de televisoras que se han transmitido en cadena nacional.
Seguridad: un reto
El encargado de la distribución de los recursos en el Estado de México ve en la seguridad pública uno de los principales retos del gobierno estatal.
El estado, dice, ha realizado dos acciones concretas que tienen como fin combatir de manera frontal la inseguridad: la creación de la Agencia de Seguridad Estatal en febrero de 2006, que responde más al modelo de mando único que se busca desde la Federación, y que coordina las funciones de seguridad pública y tránsito, prevención y readaptación, protección civil y pirotecnia.
Y la especialización en la persecución de delitos como el secuestro dentro de la Procuraduría de Justicia estatal.
"El haber creado la Agencia de Seguridad Estatal fue mucho más eficiente. Porque antes lo que se tenía era a nivel de dirección general, perdida en una burocracia mayor. Se le ha dado autonomía técnica, autonomía operativa y eso ha permitido que la ASE se vaya consolidando", explica.
Sin embargo, el funcionario reconoce que el único delito que ha podido abatirse de manera notable es el homicidio, que se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años.
Al cuestionarlo sobre el incremento del secuestro y el robo a negocios, Murrieta reconoce que la labor del gobierno estatal ha sido insuficiente.
"Se está tomando muy en serio el tema de los secuestros. En la medida en que son reportados son atendidos. La determinación del gobernador es atender todo el tema delincuencial en sus deferentes variantes, y tener mucho cuidado de no perdernos en la parte estadística de esto", responde.
También recalca que la administración de Peña Nieto dejará operando una subprocuraduría especializa en feminicidios que, según él, se dedicará a investigar las 24 horas para que este delito no crezca y no quede en la impunidad.
Murrieta justificó que el Estado de México se encuentre entre las entidades con menos avance en certificación de confianza de sus policías por la falta de polígrafos y certificadores.
"En los números relativos vamos a tardarnos en salir del fondo de la tabla, porque el número de policías que tenemos que meter al Centro Estatal de Control de Confianza es monumental, y no estamos escatimando ningún peso de recurso. El problema que hemos tenido es la falta de personal calificado para hacer ese trabajo a nivel nacional. Si pudiéramos certificar más rápido, lo haríamos", explica.
Pobreza 'estable'
En lo que se refiere al desarrollo social, el secretario de Finanzas señala que la administración mexiquense se ha enfocado en que los 12 programas sociales estatales que atienden a distintos grupos de la población en vulnerabilidad mejoren y amplíen su cobertura. Y eso, a su juicio, se ha logrado con creces: de 35 mil beneficiarios al inicio de la gubernatura de Peña Nieto hoy cuentan ya con un millón 800 mil.
Además, los 608 Compromisos de Gobierno firmados por Peña Nieto ante un notario -estrategia que a su parecer no tiene precedentes en la política mexicana- han ido cumpliéndose paulatinamente. Hoy se registra un avance del 89 por ciento en su cumplimiento, 541 compromisos ya están entregados.
Entre los principales logros en este rubro, Murrieta menciona la creación de 149 unidades médicas de diferentes tamaños, la construcción de 25 planteles de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la construcción de 42 centros de la Red de Innovación y Aprendizaje, que llevan el acceso a internet a comunidades apartadas de la entidad. Se espera que al concluirse la administración haya otros 20 centros más.
Asimismo, el funcionario señala que se han construido alrededor de 2 mil kilómetros de vialidades en territorio mexiquense, la distancia que hay entre la Ciudad de México y Dallas, Texas.
Sin embargo, el titular de finanzas reconoce que la pobreza en la entidad no ha disminuido, y que este punto sigue siendo uno de los principales retos del gobierno estatal.
"Nos gustaría ver una mejora más rápida y más puntual de ese indicador, y no es todavía lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el combate a la pobreza no es algo que se resuelva por decreto. Pero yo creo que cuando viene creciendo la población, el que tú mantengas tu indicador estable significa que estás haciendo bien las cosas", concluye.
'Te lo firmo y te lo cumplo'
Enrique Peña se comprometió a cumplir 608 compromisos. Hasta el momento ha cumplido 541, según información de su gobierno. Enfoque clasificó los compromisos en 11 rubros.
541
Compromisos cumplidos
67
Compromisos aún no cumplidos
| | Compromisos cumplidos | Compromisos aún no cumplidos |
| Construcción de infraestructura social (230). | 214 | 16 |
| Construcción o rehabilitación de tramos carreteros, calles, caminos y puentes vehiculares (138). | 113 | 25 |
| Construcción de infraestructura hidráulica (133). | 110 | 23 |
| Otros (39). | 37 | 2 |
| Rehabilitación de lugares turísticos o parques (20). | 20 | |
| Introducción y ampliación de la red de energía eléctrica (14). | 14 | |
| Dotación de maquinaria pesada a agricultores y ganaderos (10). | 10 | |
| Regularización de la tenencia de la tierra (8). | 8 | |
| Sistemas de transporte (7). | 6 | 1 |
| Construcción de infraestructura y proyectos agrícolas (6). | 6 | |
| Implementación de programas de seguridad pública para abatir la delincuencia (3). | 3 | |
'¡Queremos seguir vivas!'
Opinión Día de la mujer. Un Estado que le falla a sus mujeres, que le falla sus defensoras, le falla a la sociedad
María Guadalupe Ramos
(6 marzo 2011).- Éste es el llamado que hacemos las mujeres, especialmente los grupos organizados de feministas y organizaciones sociales, que desde hace varios años hemos luchado por la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Los derechos humanos de las mujeres son parte indiscutible de los derechos humanos universales. Su plena participación, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica, social y cultural deben ser objetivos prioritarios de un Estado de derecho.
Los conceptos de derechos humanos, mujer y violencia se encuentran estrechamente vinculados. Sin embargo, no ha sido fácil lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres ni mucho menos de la violencia contra éstas como una forma de violación a sus derechos humanos.
Recuperando la memoria histórica, recordamos que en los años ochenta luchamos por el reconocimiento de las agencias especializadas sobre violencia sexual, en los años noventa sumamos la voz en un colectivo amplio de mujeres y hombres para que se lograra el reconocimiento de la violencia intrafamiliar en la legislación, en 2007 logramos incidir para que se promulgara una ley que permitiera a las mujeres tener acceso a una vida libre de violencias.
A cuatro años de vigencia de esta ley, constatamos que la justicia para las mujeres en México se encuentra lejana y que los casos de feminicidio y violencia contra éstas van en aumento.
Ante esta impunidad, injusticia y parálisis gubernamental, el instrumento que tenemos como sociedad civil organizada y participativa nos convoca a levantar la voz y promover la conciencia social y gubernamental sobre estos alarmantes casos y hechos.
A esta violencia contra las mujeres se suma la violencia contra las activistas defensoras de los derechos de las mujeres.
Lamento profundamente el asesinato de Susana Chávez ocurrido en Ciudad Juárez el 6 de enero, quien era poeta y defensora de derechos humanos en la lucha por detener los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
La autora de la frase "Ni una muerta más" ha sido víctima de la violencia de género frente a la que había luchado.
Este asesinato de una activista de derechos humanos ocurre a 21 días del feminicidio de Estado del que fue objeto la también activista Marisela Escobedo Ortiz, una madre que venía luchando incansablemente porque se hiciera justicia para su hija Rubí, asesinada en Ciudad Juárez en 2008. Marisela fue abatida de un tiro en la cabeza a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
En fechas recientes, aparecieron los cuerpos de tres miembros más de la familia Reyes, familiares de la activista Josefina Reyes, quienes se han caracterizado en Ciudad Juárez por su lucha interminable para denunciar los abusos del Ejército mexicano en esa localidad fronteriza.
La normalización y naturalización de la violencia en general, y contra las mujeres en particular, es inadmisible.
El estado creciente de violencia contra las mujeres, del feminicidio en el país y de los feminicidios de Estado cometidos en contra de defensoras de los derechos humanos, sitúa al país en un Estado fallido. Un Estado que le falla a la sociedad, que les falla a sus mujeres, que les falla a sus defensoras.
En el último aliento, sólo nos queda convocar al grito de "¡Queremos seguir vivas!".
La autora es Coordinadora en México de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Feminicidios
Estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2010.
890 feminicidios en 11 estados (enero de
58% de los feminicidios implicó alto grado de violencia.
· 4.49% de casos ha recibido sentencia (absolutoria o condenatoria).
· 40% de las víctimas tenía entre 10 y 30 años.
· 20.2% de las víctimas tenía una relación confirmada con el victimario.
Violencia de género
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2007.
67% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia de algún tipo.
92% de las mujeres ha sufrido intimidación en espacios comunitarios por su género.
· 30% de las mayores de 15 años ha sufrido violencia laboral.
· 43.2% sufrió algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja.
· 16% de las mujeres son maltratadas por un familiar, además del cónyuge.
Los placeres y los días / ¿La ruptura del secreto?
Andrés de Luna
(6 marzo 2011).- El secreto en ocasiones tiene la vocación del himen. Resguarda de forma virginal un asunto que evita mancillarse, aunque también es cierto que otros misterios están guardados por su carácter venial, que se emparenta con el ano. La política navega en las reservas de algo que debe esconderse a la mayoría, ésa es su fuerza y ése es su espíritu maligno: se negocia en la oscuridad, a la vera de lo clandestino, de lo que se quiere secreto. Ahora, gracias a la tecnología, se pueden deshacer esos entramados, al menos en algunos casos, sobre todo para exhibir al enemigo. Hacerlo papilla implica colocarlo en el banquillo de los acusados.
Unos partidos espían a los otros y lo que aparece en escena es un estercolero inacabable. El artista contemporáneo Wim Delvoye realizó en 2000 una máquina que producía excremento, a la que llamó "Cloaca". Al aparatejo se le alimentaba para que diera el resultado en especie. Fuera de contexto podría pensarse en un exceso de ocio, pero el belga Delvoye refirió que quería "escuchar la verdad de la mierda". ¿Será una variedad de ese mismo calibre la multitud de grabaciones que llenan los espacios de los medios de comunicación y que exhiben sin más a sus protagonistas? Estas voces recuperadas gracias a mecanismos tecnológicos son parte de la historia universal de la infamia. Al calor de la privacidad, el político se regodea en su poder, se pavonea en su sensibilidad atrabiliaria y se retuerce en ella. El Góber Precioso se desbarrancaba ante sus miserias verbales y las del siniestro Rey de la mezclilla. ¿Qué decir de Emilio Gamboa y su lenguaje patibulario? ¿Quién hubiera supuesto un descalabro de Luis Téllez por su incapacidad para cortar una llamada telefónica con su novia en turno? ¿Quién podría ignorar las etiquetas malsanas de Fidel Herrera ante sus correligionarios de partido? ¿Qué podría suponerse de los diálogos poco platónicos entre Julio Godoy Toscano y La Tuta? ¿Qué pensar de las tretas políticas de Ángel Aguirre y Claudia Corichi ante la elección en Guerrero? Todos pasan por el rasero de lo excremencial, de lo que apesta. Claro está que a nadie sorprende lo que se avizora en esas charlas. Lo que se pensaba de todos ellos queda confirmado. La conciencia en estos días es el espionaje, una suerte de papel higiénico que pone en claro la inmundicia de muchos políticos. El secreto en éstos tiene la vocación del recto.
La cultura política
(6 marzo 2011).- Téngalo presente
Museo de la mujer. Inauguración de este espacio que busca difundir el papel de la mujer en el desarrollo de México, y contribuir a generar una cultura de equidad. Organiza la Federación Mexicana de Universitarias (Femu) y la UNAM. Martes 8, 12:00 horas. Bolívar 17. Centro Histórico. Informes: 5622 2637.
Conferencias
Políticas sociales y economía social en América Latina. José Luis Coraggio. Lunes 7, 11:00 horas. Salón 1 de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9407.
Favelas, seguridad y ciudadanía. Mario Grynszpan. Jueves 10, 12:30 horas. Salón 2247 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Ernesto Guevara, ¿héroe revolucionario o apologeta del totalitarismo? Gilles Bataillon. Jueves 10, 13:00 horas. Sala de Juntas de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2119.
Esquemas de temporalidad en el programa Oportunidades. Raymundo Campos y Carlos Chiapa. Jueves 10, 16:30 horas. Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Democracia, identidad y ciudadanía. Roger Bartra. Jueves 10, 18:00 horas. Casa de la Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5554 8513.
Mujeres diversas. Amaranta Gómez Regalado. Viernes 11, 11:00 horas. Sala Isabel y Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.
Foros
Derechos de las mujeres. Patricia Piñones, Eugenia López Uribe y Alejandra Sánchez. Jueves 10, 18:00 horas. Cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Informes: 5622 9470.
Libros
Fortalecer a los reguladores. Cambiando las reglas del juego en México de Alejandro Faya Rodríguez. El autor explica la necesidad de fortalecer los órganos reguladores para mejorar las condiciones de competencia.
Historias de muerte y corrupción. Calderón, Mouriño, Zambada, El Chapo, La Reina del Pacífico de Julio Scherer García. Grijalbo. El periodista relata cómo el crimen organizado ha permeado todos los órdenes de la vida nacional.
País de muertos. Crónicas contra la impunidad de varios autores. Debate. Compilación periodística que denuncia las muertes impunes sucedidas en México. El incendio de la Guardería ABC, la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, los jóvenes muertos en el News Divine, la masacre de indígenas en Acteal, entre otras historias.
Mesas redondas
Regulación penal sobre recursos de procedencia ilícita. Jesús Zamora, Angélica Ortiz y Edmundo Velázquez. Miércoles 9, 17:00 horas. Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. CU. Inf: 5622 7474 ext. 1735.
Presentaciones
La democratización frustrada coordinado por Alberto J. Olvera. CIESAS/Universidad Veracruzana. Manuel Canto Chac y David Recondo. Domingo 6, 11:00 horas, Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. En la Feria Internacional del Libro.
¿Qué tan público es el espacio público en México? coordinado por Mauricio Merino. FCE. Jorge Javier Romero, Enrique Florescano y el autor. Domingo 6, 13:00 horas, Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
De la caverna al mercado. Una vuelta al mundo de las negociaciones petroleras de Miriam Grunstein. CIDAC. Fluvio Ruiz, José Antonio Caballero, Adrián Lajous, Jeremy Martin. Martes 8, 19:00 horas. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5985 1010 ext. 100.
El comercio exterior de México. Marco jurídico, estructura y política de Elvia Arcelia Quintana Adriano. Margarita Beatriz Luna, Ruperto Patiño y Juan Saldaña Pérez. Jueves 10, 18:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5622 1968.
Directorio de expertos en materia migratoria en México de Cecilia Imaz Bayona, Patricia Salcido y María Elena Galeana. FCPyS/ INM. Ernesto Rodríguez y autoras. Viernes 11, 17:30 horas. Salón Principal de la Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24, Roma. Informes: 5207 9390.
Revistas
Nexos. No 397. Edición dedicada al análisis de la procuración de justicia en México a partir del filme Presunto Culpable. Agustín Carstens advierte que muchas de las políticas instrumentadas durante la crisis de 2008 pueden propiciar una crisis devastadora.
Última Instancia. No. 0. Hugo Concha Cantú analiza las omisiones de la reforma electoral de 2007. Manuel González Oropeza describe los retos y perspectivas de la participación de las mujeres indígenas en los procesos electorales.
Voz y voto. No. 217. Los coordinadores de los tres mayores grupos parlamentarios del Senado exponen sus prioridades, coincidencias y discrepancias en la agenda legislativa. René Zenteno, Alberto Alonso y Coria, Francisco Guerrero y Rodrigo Morales analizan la cédula de identidad y sus implicaciones inmediatas y a mediano plazo.
Zócalo. No. 133. Eduardo Huchim identifica fragilidad en los argumentos del "amparo de intelectuales" contra la reforma electoral. Raúl Trejo Delarbre analiza la insuficiencia de la reforma al reglamento de Cofepris. Jaime Hernández examina la disputa de Telmex vs. Televisa.
Seminarios
Ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública y su aplicación regional en México. Issa Luna Pla, John Wilson, María Marván Laborde, Oscar Guerra Ford, Pedro Salazar Ugarte, Sergio López Ayllón. Jueves 10 y viernes 11. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474, ext. 1735.
Instituciones informales y el Estado de derecho. Hans-Joachim Lauth, Julio Ríos, Wolfgang Muno, Marcelo Bergman, Peter Thiery, Rodolfo Sarsfield, Petra Rakusanova, Lenka Bustikova y Andreas Schedler. Viernes 11, 10:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2137. Programa: http://bit.ly/hOe6gG.
México: democracia y sociedad. Más allá de la reforma electoral 2007-2008. Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Raúl Trejo, Raúl Benítez Manaut, Gustavo Emmerich, entre otros. Lunes 14 y martes 15, 10:00 horas. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5722 4000 ext. 4150 y www.te.gob.mx.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No 1792
Comprando armas en la frontera...
J. Jesús Esquivel
“Si cumples los requisitos y traes el dinero, te vendo ahora mismo 10 AK-
TUCSON, ARIZONA.- El corredor que va de Phoenix a Tucson y de ahí a Nogales y Douglas, en Arizona, es uno de los más grandes mercados de armas para los cárteles mexicanos de las drogas. Ahí las leyes y la narcoviolencia no les interesan a los dueños de las armerías, quienes siguen llenándose los bolsillos.
“No tenemos la culpa de que las armas que vendemos terminen en México; yo cumplo con las leyes federales (de Estados Unidos) y las de Arizona. Si lo que vendo cruza la línea fronteriza, no es mi culpa, es de las autoridades mexicanas, que no saben cuidar sus fronteras”, comenta Joe, armero de Tucson, a este semanario.
El establecimiento de Joe –quien se negó a dar su apellido– está junto a una guardería y a menos de
Como Joe, la mayoría de los dueños de las armerías en este corredor de Arizona no tienen empacho en ofrecer arsenales a quien cumpla los requisitos para comprarlos.
Proceso recorrió 36 armerías en Tucson, Nogales y Douglas, Arizona. Los vendedores repiten de memoria los requisitos para adquirir cualquier arma, desde pistolas hasta fusiles de asalto: comprobante de residencia en el estado (licencia de manejar o identificación emitida por la policía), copia de la tarjeta verde (si no es ciudadano de Estados Unidos) y someterse a la revisión de antecedentes penales, que demora unos 15 minutos.
“Si cumples los requisitos y traes el dinero, te vendo ahora mismo diez AK-
Arizona –sobre todo Tucson y Phoenix– es el lugar preferido por los compradores de armas que trabajan para los cárteles de México. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) considera que los narcotraficantes mexicanos adquieren más de 60% de sus arsenales en esas dos ciudades.
“A quienes compran armas para los cárteles mexicanos les dicen hormigas”, explica a Proceso un agente de la ATF adscrito a Tucson, quien pidió el anonimato. Agrega: “En su mayoría son ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos que por ley tienen derecho a comprar las armas que quieran si dicen que son para su uso personal”.
El jueves 3, Barack Obama le aseguró a Felipe Calderón que su gobierno revisa todo lo que cruza la frontera sur de su país para contener el flujo ilegal de armas y dinero. El mismo día Proceso cuestiona al agente de la ATF sobre lo que dijo el presidente de Estados Unidos. “La frontera con México es muy grande y mientras no tengamos más personal, es muy difícil contener el tráfico de armas y dinero”, confiesa.
La afirmación de Obama parece una ironía ante la realidad de la frontera. En Arizona, según Joe, se venden de
El negocio de las balas
Vender armas en Tucson es un negocio rentable. Exactamente frente al negocio de Joe está su competencia: Tucson Guns and Western Artifacts. A menos de
En la sociedad estadunidense la cultura de las armas es un derecho constitucional y un modo de vida. Dos kilómetros al oeste de estas tres armerías está la hamburguesería Monkey Burgers, que tiene un letrero junto al menú: “Se le regalará la bebida a la persona que enseñe su arma colocada dentro de su funda”.
En Arizona y Texas –por mencionar sólo dos estados que colindan con México– se permite la portación de armas dentro de sus fundas. Es parte de los derechos de protección personal establecidos en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El agente de la ATF en Tucson explica que los casos recientes de arrestos de personas que trafican armas a México demuestran la facilidad con que los cárteles pueden comprar cientos de armas por medio de una sola hormiga. Uriel Patiño, residente legal de origen mexicano arrestado en noviembre de 2009 en Phoenix, en menos de un mes compró en la misma armería 190 fusiles semiautomáticos (en su mayoría AK-47) y 42 pistolas.
Proceso pudo revisar los documentos de la investigación del caso Patiño, donde se sostiene que el hombre afirmó que los fusiles y las pistolas eran para su uso personal, pese a lo cual se le acusó de tráfico de armas, delito por el que podría pasar 30 años en la cárcel. Los dueños de la armería no fueron acusados porque actuaron conforme a la ley.
En California, Arizona, Nuevo México y Texas –estados colindantes con México– las leyes federales obligan a las armerías a reportar a la ATF si una persona compra más de dos pistolas en menos de cinco días. Pero si adquiere sólo dos y espera más de cinco días para volver a comprar, lo puede hacer indefinidamente dentro de la legalidad.
Pero esas mismas leyes en los estados colindantes con México no obligan a reportar las compras múltiples de armas largas.
En estos casos las armerías sólo tienen que llenar una forma –que ni siquiera deben entregar a la ATF– en la que anotan el nombre del comprador, quien declara y firma que quiere las armas para uso personal. Después de 20 años el documento con el nombre del comprador se destruye.
El agente de la ATF asegura que se han encontrado registros de compras de más de 500 armas hechas por una misma persona en menos de un año.
Cabildeo en contra
La ATF calcula que a lo largo de la frontera con México hay unas 8 mil 600 armerías establecidas. Para vigilar que cumplan la ley, la ATF sólo tiene 220 agentes y 165 inspectores. En los últimos 10 años sólo dos expendios de armas han perdido sus licencias por violar las reglamentaciones.
Ante la imposibilidad de controlar las miles de armerías en la frontera, el pasado 17 de diciembre la ATF envió a la Casa Blanca una “norma de emergencia” exigiéndole a Obama que por “decreto ejecutivo” ordenara a las tiendas de armas de los estados fronterizos reportar las ventas múltiples a una sola persona.
La ATF argumenta que en lo que va del sexenio de Calderón, en México la narcoviolencia ha dejado más de 34 mil asesinatos y que en el mismo periodo se han confiscado más de 65 mil armas adquiridas por los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
Antes del encuentro de Calderón con Obama el jueves 3 en Washington, funcionarios del gobierno estadunidense esparcieron entre los medios el rumor de que Obama anunciaría ese mismo día que aceptaba el pedido de la ATF.
Pero a menos de 24 horas de la reunión presidencial, un funcionario de la Casa Blanca dio una teleconferencia de prensa y dijo que la respuesta definitiva a la solicitud de la ATF no se anunciaría durante la visita de Calderón.
El 18 de febrero, la Cámara de Representantes del Congreso federal aprobó, por 277 votos contra 149, un exhorto a Obama para que rechace el pedido de la ATF.
La Casa Blanca tiene hasta el próximo lunes 28 para dar una respuesta definitiva. Según los analistas, Obama, quien piensa en la reelección, no se atreverá a ir contra las leyes vigentes en los estados fronterizos por temor a perder el voto de quienes defienden el derecho a comprar y portar armas.
La facilidad con la que se venden armas en Arizona y Texas no es vista por los estadunidenses como un problema de inseguridad y violencia en México. Si los narcotraficantes mexicanos se aprovechan de ello, como lo percibe Joe, nada tiene que ver con lo que dicta la Segunda Enmienda.
No sólo las armerías venden armas. En Arizona también las tiendas de empeño las ofrecen a quienes cumplan los requisitos. Los precios dependen de la marca y el año en que fueron fabricadas.
El corresponsal de Proceso visitó 36 armerías en Arizona y siete en El Paso, Texas, y constató que el precio de un fusil AK-47 oscila entre 499 y 650 dólares. Una pistola puede costar entre 250 y mil 300 dólares.
En El Paso las reglas para la venta de armas son parecidas a las de Arizona: no se pide constancia de residencia en el estado, sólo la copia de la tarjeta verde para quienes no son ciudadanos de Estados Unidos.
Entre las siete armerías que Proceso visitó en El Paso, una está a tres kilómetros de los puentes que comunican con Ciudad Juárez, Chihuahua; las otras seis están a menos de dos kilómetros.
La oficina de la ATF en El Paso rechazó el pedido de entrevista que hizo este semanario, aunque un agente federal asignado a esta región –quien pidió el anonimato– reveló que cada mes aquí se venden por lo menos 850 armas. “Pero nadie tiene cifras exactas”, acota.
No obstante los cálculos que se hacen sobre la cantidad de armas que se venden en puntos como El Paso, las cifras oficiales sobre la confiscación de armamento del lado estadunidense hacen dudar de la eficacia de la cooperación que ofrece Obama a Calderón.
Según documentos oficiales –copia de los cuales obtuvo Proceso– que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entregó al gobierno de México, en el año fiscal 2010 sólo fueron confiscadas 19 armas de fuego.
El documento de la CBP añade que en lo que va del año fiscal 2011 (que empezó el 1 de octubre de 2010) en el cruce fronterizo El Paso-Ciudad Juárez sólo se han confiscado cuatro armas largas del lado estadunidense.
Armas para todos
El pasado 27 de febrero Joe Muench, columnista de El Paso Times, escribió que la solución al problema de la inseguridad en México es permitir que los mexicanos compren y porten armas de todo tipo para su defensa personal, como en Estados Unidos.
“¿Por qué México no se defiende de los cárteles de las drogas, los extorsionadores, secuestradores? ¿Cómo la gente buena permite que los delincuentes se apoderen de su país virtualmente en cada faceta de la vida cotidiana?
“Es porque no poseen armas para defenderse”, sostiene Muench en su columna. Y para sustentar su tesis describe dos escenarios:
“Primer acto: tres autos tipo Van se ubican sobre una calle, dos cierran el flujo del tráfico y el tercero se para frente a la puerta de una casa. Salen hombres de la camioneta y disparan contra todas las personas que están en la casa. Luego salen huyendo. Llega la policía y encuentra muertos a todos los habitantes de la casa. No se hace ni un arresto.
“Segundo acto: tres autos tipo Van se ubican sobre una calle, dos cierran el flujo del tráfico y el tercero se para frente a la puerta de una casa. Salen hombres de la camioneta y en cuanto patean la puerta de la casa son recibidos con disparos de rifles y escopetas. Resultado, la familia que vive en la casa no está muerta.”
Berrinches en Washington
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON.- Por encima de los apapachos, buenos deseos y expresiones de admiración que se prodigaron los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón, los legisladores republicanos consideran que la relación con México en este momento no está en buen nivel.
“La relación con el gobierno mexicano está en un punto muy bajo, según el Congreso, tanto por lo que está pasando en la lucha contra el narcotráfico como por lo que se avizora para las elecciones presidenciales de
En un balance del encuentro que Obama y Calderón sostuvieron en la Casa Blanca el jueves 3, el asesor destacó que, para empeorar la relación bilateral, el presidente de México generó “más desconfianza” en Washington con los comentarios que hizo al diario The Washington Post descalificando el trabajo del embajador estadunidense Carlos Pascual.
“Creo que no debió haber hablado así sobre un tema que generalmente no se ventila en los periódicos”, recuerda el asesor.
En una entrevista con editores y reporteros de The Washington Post, celebrada unas horas antes de su reunión con Obama, Calderón señaló que los cables diplomáticos que Pascual ha enviado desde México al Departamento de Estado sobre la situación de la lucha militarizada del gobierno mexicano contra el narcotráfico, y que difundió el sitio de WikiLeaks, han tenido efectos negativos en la relación bilateral.
“Causó serios daños, esa es la verdad”, declaró Calderón al diario, y cuando los periodistas le preguntaron si continuaría trabajando con Pascual, respondió: “Eso es algo que tal vez hablaré con el presidente Obama”. Y a la pregunta de si ya le había perdido la confianza al diplomático estadunidense, Calderón manifestó que la confianza es algo “difícil de construir y fácil de perder”.
Asimismo, el viernes 4 The New York Times publicó un artículo en el cual refiere que un funcionario del Departamento de Estado no sólo les confirmó que el caso del embajador Pascual fue abordado por Calderón y Obama en la reunión de la Casa Blanca, sino que Obama sostuvo su respaldo al diplomático.
“Y no le dejó espacio para que México presionara pidiendo la remoción de Pascual”, reveló el funcionario al rotativo.
En el Congreso estadunidense, según el asesor de los republicanos del Senado, los comentarios de Calderón sobre el embajador Pascual fueron catalogados como “un berrinche” de un gobierno extranjero.
“Sería ridículo que echaran a Pascual por las molestias de Calderón, y si ocurriera, el presidente Obama tendría que pagar las consecuencias políticas por actuar a pedido de un gobierno extranjero”, añadió.
El mismo viernes 4, P. J. Crowley, el portavoz del Departamento de Estado, ratificó el respaldo del gobierno de Obama al embajador Pascual y a todo el equipo que labora con él en la Ciudad de México.
“El embajador Pascual, desde nuestro punto de vista, está haciendo un trabajo enorme por la relación bilateral Estados Unidos-México, y sé que no hay planes para ajustar su estatus”, machacó Crowley.
En la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense, los legisladores republicanos consideran que la relación con México está tocando fondo, por la falta de una estrategia más efectiva de Calderón para contener la cifra de muertos que semana a semana arroja la lucha militarizada que lanzó desde 2006 contra el crimen organizado.
En el Capitolio sostienen que la falta de rendición de cuentas del gobierno de Calderón sobre los abusos contra los derechos humanos que cometen los militares, y las justificaciones que da sobre las cifras tan alarmantes de muertos, no sólo se traducen en deterioro de la relación, sino que también repercuten en el tema de la confianza, como la que él le ha perdido al embajador Pascual.
“La situación del número de muertos por la narcoviolencia en México es muy preocupante. Aquí en el Senado hay muchos legisladores, y también en la Cámara de Representantes, que ya están comparando lo que ocurre en México con lo que pasa en Afganistán, y esto es muy grave”, añade el asesor legislativo.
Otro aspecto que preocupa a los congresistas republicanos en Washington es, de acuerdo con nuestro entrevistado, la recurrente publicación de artículos en la prensa mexicana según los cuales el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es por el momento el mejor posicionado para ganar los comicios presidenciales de 2012.
“Lo que preocupa de esto no es que gane el PRI; lo que inquieta es lo que se dice: que una presidencia priista estaría dispuesta a ser más tolerante con los narcotraficantes”, puntualiza.
Lo que es invariable en el Capitolio es el respaldo de Estados Unidos a México en la lucha contra el narcotráfico. El asesor legislativo sostiene que tanto demócratas como republicanos van a seguir aprobando fondos de la llamada Iniciativa Mérida, aunque aclara que habrá más condicionamientos debido a las denuncias de violación de derechos humanos que en nombre del combate a los narcos siguen cometiendo los militares mexicanos.
No obstante que en su visita a Washington Calderón sostuvo un encuentro con John Boehner, el legislador republicano por el estado de Ohio y presidente de la Cámara de Representantes, el asesor legislativo consultado por Proceso asegura que “esta reunión entre el presidente de México y el de Estados Unidos fue la que menos atención ha tenido por parte del Congreso federal”.
La razón de este desdén por la visita de Calderón es, según el entrevistado, muy simple: Hay temas domésticos más importantes en estos momentos, como evitar la parálisis del gobierno federal por la falta de acuerdo legislativo para aprobar el presupuesto. l
Chávez no pudo
Ricardo Ravelo
A pesar del incuestionable pero a estas alturas ya excesivo apoyo que le dieron el presidente Calderón y el PAN, el procurador general Arturo Chávez se tambalea. Fiero litigante contra los intereses del Estado dentro del círculo de abogados de Diego Fernández y Antonio Lozano, se muestra débil e ineficaz contra la infiltración de los cárteles en la PGR, incurre en confrontaciones políticas y se mueve siempre al filo de la sospecha al designar a los mandos de la dependencia.
Cuestionado por sus desatinos como procurador de Justicia de Chihuahua y vapuleado por sus nexos con los influyentes despachos de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia –famosos por litigar asuntos contra los intereses del Estado–, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, parece tener los días contados al frente de esa dependencia.
El fracaso mostrado durante un año y siete meses que lleva en el cargo, el desorden interno en la PGR y en sus delegaciones; la imparable corrupción y los fracasos judiciales en casos relevantes como el asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, así como la Operación Limpieza, entre otros, provocaron que en Los Pinos y en la cúpula panista se esté discutiendo ya el relevo de Chávez Chávez.
Desde el pasado 24 de febrero arreciaron las versiones sobre la salida del actual titular de la PGR, las cuales se robustecieron con reuniones urgentes en el Gabinete de Seguridad, donde se comenzaron a barajar nombres de posibles relevos.
Una versión que circuló tanto en la PGR como en el Poder Judicial desde el jueves de la semana pasada fue que ya se contaba con una terna integrada por Marisela Morales Ibáñez, actual titular de la SIEDO, Miguel Ángel Yunes Linares y el abogado postulante Julio Esponda, quien al igual que Chávez Chávez está ligado a los intereses de los políticos panistas Diego Fernández de Cevallos y José Antonio Lozano Gracia, el grupo que mantiene el control de la PGR desde 1994.
Morales Ibáñez encabezaría la terna, pues se apoya en altos mandos del Ejército Mexicano y en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ella se incorporó a la PGR en el sexenio de Ernesto Zedillo, de la mano del entonces zar antidrogas Mariano Herrán Salvatti, quien ahora está preso por peculado, enriquecimiento inexplicable y presuntos nexos con el narco
Yunes Linares, por su parte, fracasó como candidato del PAN al gobierno de Veracruz, donde resultó fuertemente cuestionado por el presunto desvío de dinero del ISSSTE para su promoción política, según se denuncia en el libro La campaña del dinero sucio (Grijalbo, 2010), de Ramón Méndez López.
Chávez Chávez ha sido duramente cuestionado por su actuación en la PGR porque las pocas consignaciones realizadas no le favorecen y tampoco efectuó el saneamiento que se comprometió a realizar en la institución, por lo que varias de sus delegaciones en el país siguen sumidas en el desorden, con deficiencias en sus investigaciones, fracasos ante los tribunales y la creciente corrupción.
En esas representaciones de la PGR en los estados muchos policías y agentes del Ministerio Público han reprobado los exámenes de control de confianza, lo que ha puesto en evidencia su alto grado de infiltración por el crimen organizado.
Las bajas que se han presentado en la estructura de la PGR por esa razón han ocasionado problemas como la ineficacia en la atención de casos relevantes, la nula reacción de la PGR ante el crimen organizado –desatado en todo el país– y temor en los funcionarios de las delegaciones, pues cada vez menos están dispuestos a desplazarse a las “plazas calientes”, como Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa e incluso a Ciudad Juárez, la zona fronteriza más violenta del mundo.
Inestabilidad
La crisis en el entorno de Chávez Chávez comenzó pocos días después de que tomó posesión como procurador general de la República, en septiembre de 2009. Dos meses después de haber sido ratificado por el Senado de la República –los legisladores pasaron por alto sus negros antecedentes como procurador de Chihuahua y en las investigaciones relacionadas como los feminicidios–, el funcionario se confrontó con uno de sus colaboradores cercanos: Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador de Guanajuato y subprocurador de asuntos jurídicos e internacionales de la PGR.
Tan pronto como se acomodó en su cargo, Chávez Chávez se peleó con Alcántara Soria –quien había sido uno de los candidatos de peso para sustituir a Eduardo Medina Mora en la PGR– y le pidió su renuncia, a lo que Alcántara respondió que no se la entregaría porque él había sido designado en el cargo por el presidente Felipe Calderón.
En la PGR se conoció que el subprocurador Alcántara defendió su posición y que Chávez Chávez se vio forzado a retener el nombramiento del excoordinador de asesores de Medina Mora y exvisitador general de la PGR, Alejandro Gómez Sánchez, como su relevo.
Ante la imposibilidad de imponer a su amigo en la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Chávez nombró a Gómez Sánchez director general de esa oficina. Pese a ello, la tensión persistió en el equipo cercano del procurador.
Esta confrontación ocurrió a pesar de que Alcántara Soria forma parte del equipo que impulsó a Chávez Chávez: fue abogado con Diego Fernández de Cevallos, a quien se ha identificado como defensor de integrantes del cártel de Juárez (Proceso 1116).
En junio de 2010, Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, fue ejecutado presuntamente por sicarios del narcotráfico. El caso fue atraído por la PGR, ya que había indicios de que en ese crimen participaron organizaciones del tráfico de drogas que operan en esa entidad.
Cuatro meses después del crimen, un grupo de diputados federales, la mayoría tamaulipecos, visitaron al procurador en sus oficinas para pedirle información sobre el avance de las investigaciones. Los legisladores se llevaron una sorpresa cuando Chávez Chávez les dijo que el móvil del crimen era el robo y que las indagaciones se habían complicado debido a que en el país había territorios a los que no podía entrar sin el apoyo del Ejército.
Era evidente que la investigación estaba estancada y que la PGR no tenía capacidad ni personal calificado para investigar el caso.
Meses después, Chávez Chávez cayó en el terreno de las confrontaciones políticas, pues el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo acusó de enderezar acusaciones presuntamente sin fundamento jurídico, que sí político, contra Greg Sánchez, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, a quien la dependencia acusó de tener nexos con el crimen organizado.
Ante el escándalo que provocó la detención de Greg Sánchez –quien sigue preso aunque se afirma que su expediente acusatorio es endeble–, el presidente Felipe Calderón expresó que lamentaba la tensión política generada por el caso.
El 28 de mayo de 2010, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, dijo en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de Xicoténcatl junto con el entonces líder del Senado, Carlos Navarrete, que el presidente Calderón “no solamente debiera lamentarlo, debiera corregirlo, porque me parece que la acción concertada del secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) con el procurador (Chávez) está tocada por la debilidad jurídica y por la provocación política”.
Otros fracasos se sumaron al haber de Chávez Chávez, como la liberación de la mayoría de los presidentes municipales de Michoacán acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada, caso que saltó a la fama espectacularmente como el michoacanazo y con el cual Felipe Calderón quiso mostrar que estaba atacando a la narcopolítica.
Desorden y corrupción
El desorden y la corrupción han privado durante la gestión de Chávez Chávez, segundo procurador del sexenio calderonista. En los primeros días de agosto de 2010, por ejemplo, después del operativo desplegado por el Ejército en un fraccionamiento de Zapopan, Jalisco, que terminó con la vida del capo Ignacio Coronel, la delegación de la PGR en Jalisco fue prácticamente desmantelada sin explicación.
La celeridad con la que policías y agentes del Ministerio Público abandonaron la delegación coincidió con las presiones y cuestionamientos que pusieron en evidencia a los funcionarios federales al conocerse que Nacho Coronel no sólo podía vivir impune en Guadalajara y traficar con cuantiosos cargamentos de drogas, sino que se daba el lujo de pasearse y asistir a restaurantes sin ser detenido ni molestado.
La falta de personal en la PGR derivó en una crisis mayor. La PGR decidió que agentes del Ministerio Público adscritos en otras entidades se desplazaran a Jalisco para cubrir las plazas vacías. Esto causó confrontaciones e inconformidad, pues muchos funcionarios se negaron a mudarse al estado y los que fueron removidos por pérdida de confianza se ampararon para mantener su trabajo.
El caos fue aún mayor en las delegaciones estatales, sobre todo las que estaban infiltradas por el narco, como Tijuana, Sinaloa, Tamaulipas Zacatecas, entre otras. Ahí decenas de agentes del Ministerio Público federal y policías recurrieron no sólo a los amparos para evitar su traslado a lugares conflictivos con el riesgo de perder la vida, sino que presentaron renuncias y gestionaron jubilaciones.
En agosto de 2010, el procurador Arturo Chávez, el subprocurador Francisco Molina Ruiz y el coordinador de delegaciones Bernardo Espino giraron instrucciones a los delegados para que los agentes federales acataran las órdenes de cambio de adscripción.
Las delegaciones más afectadas con la rotación del personal hacia entidades en conflicto fueron las de Michoacán, Querétaro, Baja California y Guanajuato, ya que los requerimientos de personal se hicieron, entre otras razones, por la excesiva carga de trabajo. En estos estados serían colocados algunos funcionarios de la delegación de la PGR en Jalisco, bajo sospecha de estar al servicio de los guardias del capo Ignacio Coronel.
Transcurrían los primeros días de enero pasado cuando, a través de una videoconferencia transmitida a todos los delegados, el procurador Arturo Chávez anunció los cambios de los titulares de ocho delegaciones a partir del 31 de enero. La razón oficial: una rotación ordinaria de funcionarios.
Entre otros funcionarios removidos están Verónica Batres Jiménez, delegada en Jalisco, a donde llegó en marzo de 2010. También fue cambiado Cuauhtémoc Villarreal Martínez, delegado en Nuevo León –entidad donde con frecuencia hay muertos y balaceras por los choques entre Los Zetas y el cártel del Golfo–, quien despachaba en ese cargo desde agosto de 2007.
También Jorge Rodríguez Velásquez, delegado en Sonora, fue removido pero se sabe que continúa en la PGR y que se prevé su traslado a la delegación de Jalisco, donde ahora operan tres organizaciones del narcotráfico: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Resistencia y La Familia Michoacana, todos conectados con autoridades estatales y policiacas.
Chávez Chávez trató de superar la crisis de la PGR haciendo cambios y tapando huecos, pero no pudo evitar la descomposición en la Visitaduría de la dependencia, la cual tuvo que ser reestructurada completamente porque se hallaron evidencias de infiltraciones del narcotráfico.
Otro foco rojo se encendió en Ciudad Juárez, territorio ampliamente conocido por Chávez Chávez, quien tuvo que enviar a su amigo César Augusto Pinechi Espejel como delegado, con la encomienda de sanear la delegación, penetrada por el narco al igual que otras áreas de la institución.
A juzgar por sus antecedentes, Pinechi Espejel es experto en lavado dinero y fue jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. También fue fiscal anticorrupción, responsable de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR. En otro momento se desempeñó como director general de Visitaduría.
Al llegar a Chihuahua, Peniche Espejel encontró una delegación desierta. Sin agentes del Ministerio Público ni policías, lo mandaron a combatir el crimen organizado a la tierra que es considerada cuna del cártel de Juárez.
Él tomó el teléfono y le pidió al procurador Chávez Chávez que, de manera urgente, enviara policías y agentes ministeriales a la plaza. Como pudo, el procurador envió a un agente de cada delegación estatal para cubrir los huecos en Ciudad Juárez.
La rotación de delegados no se explica como medida para evitar la corrupción porque, según fuentes de la PGR, el procurador Chávez sostiene a delegados sobre los que pesan sospechas no sólo de corrupción, sino de servir a los intereses del narco, presuntamente “por órdenes de arriba”.
Es el caso de Luis Antonio Ibáñez Cornejo, que en agosto de 2010 fue designado delegado de la PGR en Veracruz, feudo del cártel del Golfo, y quien arrastra sospechas desde que fue delegado en Sinaloa, Chiapas e Hidalgo.
Ibáñez Cornejo es compadre del exprocurador Antonio Lozano Gracia. También se sabe que es protegido de Bernardo Espino, actual coordinador de delegaciones de la PGR.
En 2003, en su columna Conversaciones privadas, el periodista Jesús Blancornelas manifestó su sorpresa al enterarse de la designación de Ibáñez Cornejo como delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el norte del país, con oficinas en Matamoros.
Blancornelas narró entonces una historia ocurrida en 1995, cuando un aeroplano que aterrizó en Tlapa de Allende, Jalisco, y fue detectado por el Ejército. En su interior se encontraron 800 kilos de cocaína.
Al lugar arribaron, además de Ibáñez Cornejo, Armando Subirats, respectivamente coordinador y director de Intercepciones del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), ya desaparecido. De inmediato, cuenta Blancornelas, ordenaron el traslado de los fardos de cocaína, los cuales nunca fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal. De esa droga, escribió el fundador del semanario Zeta, “no hay registros en la PGR pero sí en los archivos militares”.
Con tan mala fama, en 2009 Ibáñez Cornejo no pudo convertirse, como quería, en secretario de Seguridad Pública de Fernando Larrazábal, entonces alcalde electo de Monterrey. Pesaron las dudas sobre él debido a su historial.
Sin embargo, los antecedentes de Ibáñez Cornejo no fueron impedimento para que el procurador lo sostenga como delegado de la PGR en Veracruz.
Así, Arturo Chávez Chávez, quien fue propuesto por el presidente Felipe Calderón como titular de la PGR con las mejores credenciales, parece tener los días contados en el puesto y cargar pesados señalamientos como protector de asaltabancos (Proceso 1717), pero eso sí, con fama de hábil abogado, experto en litigar contra los intereses del Estado.
La claudicación
Luis Lozano y Patricia Dávila
Los duranguenses están disgustados con su gobernador, Jorge Herrera Caldera. El mes pasado admitió en entrevista con Proceso que los narcos se disputan la hegemonía en varios municipios, pero no en la ciudad de Durango, que está bajo control del cártel de Sinaloa. Después, las balaceras, levantones y ejecuciones en la capital del estado lo paralizaron y el miércoles 2 sólo atinó a pedir a la población que no saliera de sus casas. Empresarios y partidos políticos consideran que el llamado de Herrera Caldera no sólo es desatinado, sino que evidencia su claudicación ante el crimen.
La mañana del miércoles 2, el gobernador del Durango, Jorge Herrera Caldera, convocó a la ciudadanía a quedarse en su casa. Ese día parte de la capital permaneció en virtual toque de queda.
Representantes de partidos políticos y de sectores productivos locales consultados por ese semanario señalan que, además de desafortunado, el mensaje desnudó la incapacidad del mandatario para enfrentar y contener la violencia provocada por el crimen organizado. Según ellos, Herrera Caldera se mostró débil y derrotado, lo que provocó miedo entre los duranguenses.
Pese a ello, aseguran que no se rendirán ante la delincuencia, aun cuando la última semana el sonido de las balas silenció las calles de la entidad. Dicen que, desde el 24 de febrero, las poblaciones cercanas a la capital han perdido la calma a causa de los levantones, ejecuciones y desaparición de varios agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Hoy, sus habitantes se quejan porque se perdió la tranquilidad debido a los enfrentamientos entre grupos antagónicos que pugnan por el control de la plaza. Dicen que el jueves 3 se vivió el día más crítico en Durango. Las balaceras comenzaron a las seis de la mañana y se multiplicaron durante todo el día en diferentes partes de la capital del estado.
Los padres de familia que habían llevado a sus hijos a la escuela temprano corrieron aterrados a sacarlos de las aulas. El viernes 4, optaron por no llevarlos. La Universidad Juárez del Estado de Durango canceló sus actividades. Y mientras la Iglesia católica convocó a orar por la paz dos veces al día, los ciudadanos se esfuerzan por aparentar indiferencia, pero en realidad esconden el miedo que los envuelve.
La violencia agudiza cada día en Durango. Apenas el 18 de febrero, Herrera Caldera comentó a este semanario que la lucha entre los grupos del crimen organizado recrudeció el clima de inseguridad; incluso admitió que tanto la capital del estado como algunos municipios se mantenían en calma debido al cerco tendido por el cártel de Sinaloa para impedir el avance de Los Zetas (Proceso 1791).
Los duranguenses comentan que desde que la gente del Chapo Guzmán tomó el mando de la capital los enfrentamientos casi cesaron. Durante semanas, la capital se blindó. Día y noche se veían convoyes de vehículos patrullados por hombres vestidos de afis por el centro de la ciudad y la periferia. Su objetivo, dicen, era evitar la penetración de Los Zetas y sus aliados. La gente los identifica como chapos.
Pero la paz duró poco. La mañana del 24 de febrero, seis días después de la entrevista de Herrera Caldera con Proceso, la población de Benito Juárez, perteneciente al municipio de Nuevo Ideal, fue atacada; era el preludio de la violencia.
Un grupo de sicarios incendió tres vehículos, ametralló por lo menos una docena de casas y dejó una estela de animales muertos. Los agresores estuvieron en el poblado durante media hora. Elementos de las corporaciones estatales y del Ejército llegaron a las ocho de la mañana, cuando ya no había nadie.
Al día siguiente, el Colegio Médico de Durango inició un paro de labores de ocho horas para exigir el esclarecimiento del asesinato del doctor Javier Roqueta y para protestar por el clima de inseguridad que afecta al gremio.
El día 28, un enfrentamiento paralizó la zona sur de la capital del estado. El duelo inició en la zona sur-poniente, sobre bulevar Durango, cuando agentes de la Dirección de Investigación del Delito, adscrita a la FGE, intentaron detener una pick up.
La persecución culminó en bulevar Instituto Politécnico Nacional, medio kilómetro más adelante, cuando el conductor y sus acompañantes tuvieron que bajar del vehículo debido a un embotellamiento. Comenzaron a disparar contra los agentes. En medio del fuego quedaron dos taxis cuyos conductores –Pedro Cejas Rodarte, de 37 años, y Bonifacio Ortiz Girón, de 65– resultaron heridos por las balas.
Varios edificios y al menos 10 vehículos sufrieron daños durante la refriega. La ciudad quedó inmersa en un caos vial. No hubo detenidos.
Tiros, secuestros, cadáveres…
Al día siguiente, martes 1 de marzo, las autoridades localizaron los cuerpos de los agentes de la Dirección de Investigación del Delito de la FGE Sergio Montes Olivas y Jesús Alberto García Calderón, de 37 años de edad. Los dos tenían tres años en la corporación. Estaban en el área de taquilla de la Plaza de Toros Alejandra. De acuerdo con los peritos, murieron asfixiados; mostraban huellas de tortura y estaban desfigurados.
Por la noche, cerca de las 20 horas, hubo otro enfrentamiento en el norte de la ciudad que se extendió a varias colonias. El saldo fue de dos sicarios muertos y uno lesionado. Horas antes, en las cercanías de la presa Garabitos, a unos
La violencia siguió el miércoles 2. Durante la madrugada fue encontrado el cadáver de Esteban Soto Sifuentes, de 37 años, en su domicilio del fraccionamiento Hacienda las Flores, al oriente de la ciudad. Su muerte se debió a traumatismo craneoencefálico, provocado por diversos golpes.
En un camino vecinal del municipio de Vicente Guerrero, en la zona limítrofe de Durango y Zacatecas, fue localizado el cadáver de Rocío Segura Velasco, de 54 años en el interior de un Ford Grand Marquis. Tenía un disparo en la espalda alta, a la altura del corazón.
Además, bandas rivales protagonizaron una balacera en las inmediaciones del poblado Las Bayas, en los límites de este municipio y el de Pueblo Nuevo. El fiscal Ramiro Ortiz Aguirre informó sobre ese encuentro y reportó ocho muertos y varios heridos.
El jueves 3, los duranguenses tuvieron una jornada tensa. A las 7:30 horas, un grupo de agentes inició la búsqueda de un comando que plagió a un vecino del fraccionamiento Jardines de Durango; a las ocho de la mañana, cerca de la escuela primaria Elena Aguilar, en el primer cuadro de la ciudad, unos sujetos dispararon contra dos viviendas desde un vehículo en marcha.
El incidente se dio en el momento en que los padres llevaban a sus hijos a clases. La mayoría corrió hacia la institución. Minutos después, la dirección del plantel suspendió las clases. Dos calles más adelante, los presuntos sicarios dejaron abandonados sobre el pavimento chalecos antibalas y varias armas.
En la colonia IV Centenario, los delincuentes abandonaron una camioneta tipo Honda CVR. Los policías reportaron que tenía varios impactos de bala y armas. Algunos testigos aseguran que poco antes unos sujetos despojaron a una mujer de su vehículo.
Ese mismo día, el fiscal Ortiz Aguirre confirmó la desaparición de seis agentes de la Dirección de Investigación del Delito (DID); no dio más datos. Algunos miembros de la corporación aseguran que la última vez que vieron a sus compañeros fue el 28 de febrero.
El jueves 3, por la tarde, un grupo armado de presuntos afis ingresó al Hospital General y se llevó a Alfredo Estrada Solares, herido el día anterior durante el enfrentamiento por el rumbo del Instituto Durango.
Para contrarrestar la violencia, el gobernador Jorge Herrera Caldera anunció la implementación de retenes policiacos y militares en diferentes puntos de la ciudad; también adelantó que los agentes revisarían los vehículos “sospechosos”, así como los que no portaran placas de circulación.
Pero lo que incomodó a los duranguenses fueron las “recomendaciones” de Herrera Caldera, quien les dijo que evitaran salir de sus casas, sobre todo por la noche; y la del fiscal Ortiz Aguirre, quien de plano les dijo que era preferible no salir.
Militantes del PAN, Convergencia y el PT, así como representantes locales de la Cámara Nacional de Comercio y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consultados por Proceso, consideran el llamado del gobernador como un signo de debilidad. La mayoría de ellos comentan que nunca se les consultó sobre la medida. El secretario de Gobierno, Héctor Vela, dice que sí se les comunicó la medida.
–¿A qué atribuye el crecimiento de la violencia en los últimos días? –se le pregunta a Alfredo Andrade Gallegos, presidente de la Coparmex.
–La verdad es que estamos realmente preocupados. Las declaraciones que hizo el gobernador son desafortunadas, creo que eso no nos ayuda en nada. Sin embargo, siento que el gobierno sabe algo… ha generado un clima de inseguridad. Hoy, los agremiados, los amigos, la familia vivimos un clima de intranquilidad. Nos resistimos a dejar en manos de la delincuencia organizada las calles de nuestra ciudad; nos resistimos a dejar en sus manos la tranquilidad de nuestros hijos.
–¿A qué atribuyen el incremento de la violencia?
–A la falta de coordinación entre los cuerpos policiacos; eso lo sabe incluso la delincuencia organizada.
Ante la incertidumbre ciudadana, dice Andrade Gallegos, su confederación está tomando diversas precauciones para evitar los secuestros. Explica: “Cada día seguimos rutas diferentes para ir a nuestros negocios e intentamos proteger más a nuestras familias. Además, hemos incrementado un sistema de seguridad y la vigilancia en algunos negocios. El propósito es conservar un bajo perfil, así como evitar conducir vehículos de lujo”.
Por lo que respecta a los patrullajes del Ejército por las calles de la ciudad, dice que aun cuando no es lo ideal, sí es necesario para frenar el clima de inseguridad; por lo menos ayuda a inhibir la delincuencia.
Reynaldo Dozal, representante de los mil 523 comerciantes afiliados a la Canaco local, escribe el estado anímico de la población: “Por un lado están los grupos delictivos; por el otro, la presencia de los policías intimida a la población. El patrullaje continuo, las ambulancias de la Cruz Roja, los conductores acelerados, son lo que propicia la psicosis”.
Dozal considera que Herrera Caldera y sus colaboradores no midieron las consecuencias que traería el “toque de queda” al que convocaron: “Muchas familias viven de la actividad económica nocturna: restaurantes, gasolineras, supermercados. Es impropio paralizar las actividades. Debemos tener en cuenta que muchas veces esas familias no tienen otra alternativa”.
Las críticas
El dirigente del Partido del Trabajo en el estado, Gustavo Pedro Cortez, comenta que el llamado del gobernador es preocupante.
–¿Es una muestra de que los cárteles rebasaron a la autoridad? –se le pregunta.
–Lo único que puedo decirle es una muestra de lo que puede pasar.
–La Secretaría de Gobernación señala en un documento que la capital duranguense está en poder del cártel de Sinaloa. Si esa organización se debilita y Los Zetas toman la plaza, ¿qué significaría para el estado?
–¡Dios quiera que no! Porque hay una preocupación social real. Los efectos colaterales que ocasiona la presencia de los grupos de la delincuencia organizada son muchos. Ojalá que la violencia sea controlada. Se ve difícil, pero no debemos perder la esperanza.
–¿La entrada de Los Zetas implicaría una violencia mayor?
–Sí. Ojalá eso no suceda.
Carlos Medina Alemán, secretario general de Convergencia, considera que, con su llamado, el gobernador Herrera Caldera sólo muestra su sometimiento ante los cárteles: “Es una derrota. Las suyas son medidas paternalistas. Cualquier padre de familia puede decir a sus hijos que no salgan a la calle porque es peligrosa; pero él, como autoridad, no tiene por qué hacer ese tipo de llamado.
Lo que sí debe hacer es admitir que tenemos un problema de inseguridad fuerte que no podemos resolver; debe reconocer la gravedad de la situación, comenta Medina Alemán.
Juan Carlos Gutiérrez, dirigente estatal del PAN, coincide con su par petista. Dice que no recuerda que anteriormente la capital del estado haya vivido una situación parecida.
“La gente no puede hacer su vida normal, ir al cine, salir con los amigos, ir a la escuela… Vemos que las declaraciones son desafortunadas porque no tranquilizan a la población.
“Hay psicosis, incertidumbre, miedo… ¿Cómo se manifiesta? En varias escuelas los papás sacan de las aulas a sus hijos ante el temor de un ataque del crimen organizado. Los niños no saben qué pasa.
–¿Qué significa el llamado del gobernador”, ¿acaso que su gobierno está débil?
–Pues sí. Muestra una postura de debilidad de parte suya. Lo más preocupante es que no se resuelve ningún caso. Vivimos en una situación de gran impunidad; los delincuentes operan con la lógica de que nunca los van a agarrar, que el gobierno es incapaz de aprenderlos. Por ello hacen de las suyas: levantan gente, secuestran, andan armados por las calles.
En los periódicos locales, el secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, se ufana del Programa de Acción Inmediata de Seguridad Pública, basado en cinco acciones. La cuarta establece que se reformará la Ley General de Seguridad Pública y Tránsito para los municipios. El propósito, dice, es llevar un registro estatal de control vehicular.
En este punto, el panista Juan Carlos Gutiérrez señala que un simple “decreto no soluciona el problema de los vehículos chuecos; lo que debe hacerse es retirar de la circulación todas las unidades en situación irregular: Hoy están en circulación vehículos sin placas, o con placas de Estados Unidos; otros traen los números sobrepuestos de Onapafa (Organización Nacional para el cuidado del Patrimonio de las Familias) o de la Confederación Nacional Campesina, ese es el problema. El exsecretario de gobierno, Hugo Rosales, aún circula en vehículos sin placas, dignos de un narco…”.
Lo grave, concluye el panista: “¿Cómo combatir la delincuencia organizada cuando sólo hay 300 policías estatales; cuando en su casa el gobernador tiene concentradas 16 unidades con 64 elementos; cuando en municipios como Tamazula y San Bernardo no hay un solo uniformado”. l
Municipio chico, muerte grande
Marcela Turati
Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana o Acapulco suelen acaparar los titulares por el elevado número de ejecuciones del narco que ahí tienen lugar, pero proporcionalmente no son las localidades más afectadas por la violencia criminal. Algunos municipios pequeños, como el de Guadalupe en Chihuahua, tienen tasas alarmantemente altas de asesinatos... a tal grado que ya se están despoblando y convirtiendo en pueblos fantasma.
Habitantes de algunos municipios pequeños de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León han estado más expuestos a la muerte por asesinato que los pobladores de Ciudad Juárez, pero su sufrimiento no aparece en las estadísticas oficiales ni reciben asistencia del gobierno.
La tasa más alta de asesinatos en México está en el municipio de Guadalupe, Chihuahua, que aunque sólo tiene 6 mil 458 habitantes registró 139 asesinatos en cuatro años; esto equivale a 2 mil 152 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el análisis de los demógrafos estadunidenses Richard Rhoda y Tony Burton, autores del libro Geo-México y creadores del sitio en internet del mismo nombre.
El promedio nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 31.
Algunas de las víctimas más conocidas del municipio de Guadalupe son la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar y su hijo, tres de sus hermanos y una cuñada, asesinados entre enero de 2010 y febrero de 2011, así como Érika Gándara, la única policía municipal (después de que todos los hombres desertaron), quien fue desaparecida en diciembre pasado.
En la clasificación de los 20 municipios con las tasas más altas de asesinatos relacionados con la narcoviolencia entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2010, elaborada por Rhoda y Burton, Ciudad Juárez –con 485 homicidios por cada 100 mil habitantes– queda en el décimo lugar y es la única localidad de gran tamaño en esa lista. Aunque por el número de homicidios, Juárez es considerada la ciudad más peligrosa del planeta y recibe recursos del plan de reconstrucción Todos Somos Juárez, varios municipios la pasan igual o peor.
Por su baja población, esos municipios pocas veces son mencionados en los medios o en los reportes oficiales, aunque la violencia que sufren es “brutal” y tendrá repercusiones individuales y sociales que perdurarán décadas, según el español Carlos Beristáin, médico, doctor en psicología y especialista en impactos por violaciones graves a los derechos humanos.
Después de Guadalupe, en la lista de Geo-México aparecen Mier, Tamaulipas (2 mil 13 asesinatos por cada 100 mil habitantes); General Treviño, Nuevo León (con mil 958); Práxedis G. Guerrero, Chihuahua (con mil 479) y Sáric, Sonora (con mil 221).
Les siguen los municipios tamaulipecos Guerrero y Miguel Alemán; los chihuahuenses Matamoros, Ciudad Juárez, Ascención, Gran Morelos, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Ahumada y Satevó; los sonorenses Arizpe, Tubutama y Yécora, y los nuevoleoneses Doctor Coss y General Bravo.
“La mayoría de los municipios de esta lista tienen poca población; 15 de ellos tenían menos de 6 mil 500 habitantes en 2010. Aunque Ciudad Juárez tiene, por mucho, la tasa más alta de asesinatos de la guerra contra el narco (…) aparece en el décimo lugar al lado de los municipios pequeños incluidos en el análisis.”
Para sacar las tasas, Rhoda y Burton contrastaron los archivos de asesinatos relacionados con el narcotráfico proporcionados por el gobierno federal con el censo de 2010. Para su medición no se basaron en la cifra más alta, sino en la proporción según el número de habitantes.
“Los 20 municipios enlistados están en uno de cuatro estados: Chihuahua, Sonora, Nuevo León o Tamaulipas. De hecho, la mitad está en Chihuahua. Cinco forman un racimo alrededor de Ciudad Juárez, sobre la frontera, y cuatro están al sur de la ciudad de Chihuahua. Los tres de Tamaulipas y los tres de Nuevo León están entre Nuevo Laredo y Reynosa en un radio de
Tierra arrasada
En la lista de Rhoda y Burton de los 20 municipios con más muertos por violencia aparecen muchos que no se mencionan en la prensa. Algunos son eminentemente indígenas; otros están aislados, como Cusihuiriachi, en la Sierra Tarahumara, o Yécora, al otro lado de las barrancas de esa serranía, en el lado sonorense.
La situación de terror que han vivido los habitantes de Mier, Guerrero y Miguel Alemán salió del anonimato en noviembre pasado, cuando los habitantes de los dos primeros municipios fueron a refugiarse al tercero, donde se abrió temporalmente el primer campamento para refugiados por la narcoviolencia.
Según testimonios que este semanario recabó en entrevistas con los refugiados (Proceso 1776), por las constantes balaceras dormían de día y pasaban la noche tumbados en el piso, apretujados dentro de un baño, detrás del refrigerador o encerrados en el clóset. Se trasladaban a gatas dentro de sus casas. Se imponían toque de queda desde las cinco de la tarde y nadie tenía permitido acercarse a las ventanas.
Una mujer entrevistada en el campamento explicó: “Antes las balaceras ocurrían nada más cada tercer o cuarto día, pero a últimas fechas eran insoportables. Había demasiada balacera, demasiado bombardeo, andaban adentro del solar, barrían todas las casas, ya no sólo algunas, y durante todo el día”.
–¿Qué ocurre en poblaciones lastimadas por tanta violencia? ¿Qué efectos hay en la población? –se le pregunta al doctor Beristáin, quien ha trabajado con poblaciones sobrevivientes a la violencia exponencial (asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos y masacres) en Colombia, El Salvador y Guatemala.
–En esos lugares donde la violencia se ha concentrado habrá impactos brutales. Tendremos muchos niños que han sido testigos o perdido familiares y tendrán impactos psicológicos que impactarán su vida para siempre. En esos lugares donde la impunidad es la regla, la gente se va a tomar más la justicia por mano propia y eso es un factor de perpetuación del conflicto, porque no existe justicia que llegue a restablecer ciertas relaciones de convivencia y tendremos una escalada de violencia.
“El impacto del terror durará mucho tiempo y les va a lastrar su desarrollo humano y social. Habrá grandes colectivos de personas marginadas, en la cuneta del país y de la historia, cuyas necesidades no van a ser tenidas en cuenta y habrá focos de profundo malestar.
“Vamos a tener consecuencias a medio y largo plazos, esto no se va a terminar con el sexenio”, afirma el experto, quien estuvo en México preparando a organizaciones defensoras de los derechos humanos para atender a las víctimas de las desapariciones forzadas.
El experto que trabaja para la Corte Penal Internacional en países africanos donde hubo violaciones masivas a los derechos humanos, señala que la violencia que se vive en los pueblos y las ciudades mexicanas provocará enfermedades y parálisis en la vida de muchas personas.
“Con esos 35 mil muertos, la violencia se convierte en un problema de salud pública, significa años de vida perdidos e impactos económicos y sociales de una buena parte de la población.
“En los municipios donde se concentra la violencia, los impactos de desestructuración van a ser brutales, vamos a ver conflictividad social, formas de respuesta como el surgimiento de ‘las maras’ o del ‘sálvese quien pueda’, de la violencia que genera la exclusión, la marginación y el impacto que genera la violencia a su vez. Vamos a tener un impacto crónico en la sociedad que durará años”, diagnostica el experto.
Los pueblos fantasma
De entre los 20 municipios con mayor tasa de asesinatos, cinco redujeron su población: Guadalupe pasó de 9 mil
Llama la atención que aunque los funcionarios municipales, los académicos y los empresarios de Ciudad Juárez han señalado que al menos 100 mil personas huyeron de esta urbe por la violencia y el desempleo (algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez indican que son 250 mil), los datos del Inegi apuntan a que se mantuvo estática la población.
Para Beristáin el desplazamiento de la población plantea varios problemas similares a los vividos por las comunidades guatemaltecas en las que se aplicó la estrategia de “tierra arrasada”: ¿a dónde van los desplazados, cuál es el impacto de los sobrevivientes, dónde viven, quién se queda con sus tierras, qué significa para un pueblo que la mitad de su gente se ha ido y que hayan matado a muchos hombres, qué nuevas formas de relación social surgirán?
“El impacto es tan masivo en términos de números de víctimas y de otros impactos colectivos (la pérdida de espacios comunes, la desestructuración de la vida cotidiana, la pérdida de confianza en las autoridades, la pérdida de formas productivas) que se deben buscar procesos colectivos de reparación para estas víctimas”, dice.
La última semana del mes pasado el Congreso de Chihuahua lanzó un exhorto para que el programa Todos Somos Juárez se extienda a los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, por considerar que esa zona “se ha convertido en el lugar donde más personas mueren violentamente en el mundo, debido a que los cárteles de Juárez y Sinaloa se enfrentan por el control de la franja fronteriza”.
En su diagnóstico, los legisladores mencionaron que de Guadalupe ha huido la tercera parte de la población y que 70% de los negocios, empresas y maquiladoras que daban trabajo en la zona, se han ido. A su vez, en Práxedis G. Guerrero cerraron dos de las tres maquiladoras.
Ese municipio saltó a la fama el año pasado cuando fue designada jefa de la policía la veinteañera Marisol Valles, la única que aceptó hacerse cargo de la seguridad pública del lugar. Actualmente, tras recibir amenazas de muerte, Valles está escondida en algún lugar de Texas.
Sobre este tema el obispo de Saltillo, Raúl Vera, reconocido por su solidaridad con las víctimas de la violencia, señaló que es preocupante la invisibilización que se hace de la violencia en los municipios rurales.
“Juárez ha tenido una visibilidad desde un principio, es fronteriza, es una ciudad muy visitada. Pero desgraciadamente los municipios pequeños están mucho más desprotegidos, están más expuestos, no tienen una estructura policiaca fuerte, tienen más riesgo de que la violencia se desate, y en esas zonas desprotegidas la violencia es terrible y eso desencadena más venganzas”, dice en entrevista con Proceso.
El prelado, quien ha ayudado a fundar redes de solidaridad y búsqueda entre familiares de personas desaparecidas, señaló que el Estado mexicano tiene que responder por todos sus ciudadanos, “no importa qué tan pequeño sea el municipio, debe tener el mismo cuidado que con los pobladores de los municipios grandes. Para los grandes empresarios se dirige todo el cuidado, y al pueblo, ¿quién lo cuida?”
Muerte en la ciudad
En cuanto a la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes en los municipios urbanos cuya población en 2010 excedía los 700 mil habitantes, otro análisis arrojado por Geo-México muestra que las ciudades más violentas están en las zonas norteñas u occidentales.
“No causa sorpresa que la tasa de Ciudad Juárez sea la más alta, hasta 16 veces más que el porcentaje nacional, que es de 31. La ciudad registra cerca de 30% de los asesinatos relacionados con el narcotráfico ocurridos en el país en los primeros cuatro años del sexenio”, indican los especialistas en su página en internet.
Sólo seis de los 22 municipios con más de 700 mil habitantes tienen tasas de asesinato mayores al promedio nacional: Ciudad Juárez, Chihuahua (con 484.71 homicidios por cada 100 mil habitantes); Culiacán, Sinaloa (220.12); Chihuahua, Chihuahua (172.56); Tijuana, Baja California (106.88); Acapulco, Guerrero (86.67) y Morelia, Michoacán (35.63).
Monterrey está justo abajo del promedio nacional (con 26.26); Guadalajara tiene menos de un tercio del promedio y la Ciudad de México, menos de la cuarta parte.
“Dos suburbios del Valle de México, Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, presentan tasas que casi duplican a las de la capital, pero aun así registran menos de la mitad de la media nacional. Zapopan, un suburbio de Guadalajara, tiene una tasa 36% superior a la de Guadalajara”, indican los analistas en su reporte.
Las ciudades con menores asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas son Mérida (con 2.66), Querétaro (1.50) y Puebla (0.84).
Cuestionada sobre la atención a las víctimas, la psicóloga mexicana experta en violencia Luciana Ramos señala que hay distintos impactos y niveles de trauma entre la gente que experimenta situaciones tan extremas y señaló que “para atender a las personas afectadas hay que crear dispositivos de intervención diferenciados, porque cada región es distinta: Es diferente la atención a los migrantes que a la gente de Juárez o Culiacán o en el campo”. l
Sucesión en familia
Jenaro Villamil
Los priistas mexiquenses han empezado a gravitar en torno a la palabra “unidad”; la necesitan para decidir quién será su candidato al gobierno del estado. Entre los principales contendientes están Ernesto Nemer y Alfredo del Mazo Maza quienes, además, pertenecen a una familia que ha dirigido los destinos del Estado de México varias décadas. El PRI está decidido a no perder la entidad, incluso a costa de las aspiraciones presidenciales de Peña Nieto, y mientras tanto se prepara para lo que considera el peor escenario: una coalición PAN-PRD con el apoyo de Calderón, Ebrard y hasta de López Obrador.
“Aquí no queremos Malovas ni Aguirres”, advirtió Ricardo Aguilar, dirigente del PRI mexiquense, a los diputados locales, federales, alcaldes y líderes regionales reunidos el 20 de febrero en la sede partidista en Toluca, en vísperas de la definición del “candidato de unidad” para la gubernatura, que deberá ocurrir a más tardar en la primera semana de abril próximo, según confirmó el gobernador Enrique Peña Nieto.
Aguilar hablaba de evitar la deserción de alguno de los aspirantes a la candidatura priista al gobierno del Estado de México, como ocurrió en Sinaloa con Mario López Valdés (Malova) o en Guerrero con Ángel Aguirre Rivero, lo que propició el triunfo de las alianzas PAN-PRD en esas entidades.
Durante esa misma reunión el exprocurador mexiquense y actual diputado federal Alfonso Navarrete Prida advirtió que entre los asistentes podían encontrarse “varios traidores”.
El tema de la unidad y la operación para evitar la salida de alguna figura priista que se perfile como candidato de una posible coalición entre PAN y PRD ha obsesionado a la clase política mexiquense, sobre todo a la dinastía proveniente del Grupo Atlacomulco. Lo mismo les ocurre a los grupos del Valle de Toluca, conocidos como Los Tolucos, adversarios históricos de los políticos del Valle de México, la zona conurbada con la capital del país.
El exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González, patriarca de la dinastía que ha gobernado la entidad y tío de Peña Nieto, advirtió el 15 de febrero último, en Ecatepec, que “el PRI no alquila sus siglas para vencer: no estamos en renta ni somos franquicia”.
El martes 1, Peña Nieto advirtió que “si los partidos opositores están esperando construir un proyecto a partir de llevarse a algunos de los nuestros… aquí se toparán con pared”. En entrevista con Televisa, el jueves 3, reiteró que su gobierno no tiene “temor” a la alianza opositora y mencionó a los cinco precandidatos a sucederlo: Alfredo del Mazo Maza, su primo y alcalde de Huixquilucan; Eruviel Ávila, alcalde de Ecatepec y el único de los políticos del Valle de México en la recta final; Ernesto Nemer, su primo político y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso; el diputado federal y exsecretario de Finanzas, Luis Videgaray, y Ricardo Aguilar, dirigente del PRI estatal, formado en la escuela del Grupo Atlacomulco.
Hasta ahora, algunos de los políticos que están impulsando una defección de grupos priistas a favor de la alianza opositora son Héctor Luna de la Vega, exsecretario de Finanzas de Arturo Montiel; Mauricio Valdés, quien creció al amparo de Carlos Hank González y que ahora dirige el Parlamento Ciudadano que impulsa “candidatos ciudadanos”, e Isidro Pastor, exdirigente estatal del PRI que contendió contra Peña Nieto en 2005.
El dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez, promotor de la alianza con el PAN, advierte que no están “aferrados en busca de un expriista”. Y añade: “Hemos conversado con algunos y comparten nuestra visión de que el Grupo Atlacomulco es el que siempre impone candidato”.
–¿A qué le atribuye que Peña Nieto haya dicho que si buscan a un expriista se “toparán con pared”? –se le pregunta a Sánchez.
–Él supone que tiene un control férreo. Es el asomo de una actitud autoritaria. Peña Nieto es muy autoritario y piensa que domina hasta el pensamiento de los priistas.
–¿Han hablado ustedes con el actual alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila? –se le cuestiona.
–No quiero dar nombres. Ninguno ha autorizado a que manejemos su nombre, pero sí hemos hablado con varios.
Los priistas se fijaron una meta: ganar con un mínimo de 3 millones 400 mil sufragios, casi 1 millón y medio más que su votación más alta en el Estado de México, en 1993, cuando Emilio Chuayffet ganó la gubernatura.
Para lograrlo, el mandatario Enrique Peña Nieto y los principales grupos priistas de la entidad están prometiendo recursos, continuidad en los contratos de obra pública y posiciones clave en el futuro gobierno mexiquense.
Según una fuente priista que estuvo en la reunión del 20 de febrero, la principal consigna es retener a como dé lugar el gobierno priista en el Estado de México, aun a costa de la aspiración de Peña Nieto: la candidatura presidencial.
Nemer o Del Mazo
La sucesión de Peña Nieto se podría resolver “en una reunión familiar”, advierte Ricardo Moreno, excoordinador de la bancada del PRD en el Congreso y conocedor de los entretelones de la clase política mexiquense.
Dice que Nemer, Del Mazo y Peña Nieto están emparentados y forman parte de la misma dinastía que ha gobernado la entidad las últimas décadas.
La esposa de Nemer, Carolina Monroy del Mazo, es prima de Del Mazo Maza y de Peña Nieto. Además ha construido una sólida amistad con Angélica Rivero, esposa del mandatario mexiquense.
La actriz de Televisa ha acompañado en los últimos actos a Nemer. El 30 de enero, el coordinador de los 40 diputados locales priistas inició una serie de actos con el pretexto de su informe como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Contó con la asistencia de la “primera pareja del estado” y de los exgobernadores Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet Chemor y César Camacho Quiroz.
Nemer, considerado discípulo de Chuayffet, ha trabajado con los últimos exmandatarios mexiquenses, incluyendo a Arturo Montiel; es el “más institucional” de los aspirantes a suceder a Peña Nieto y en los últimos meses cumplió con las dos tareas más delicadas que le encomendó el gobernador: llevar adelante la Ley Peña, que prohíbe las alianzas de partidos, y garantizar la unidad de los exgobernadores.
El “destape” mediático más importante de Nemer ocurrió el pasado 22 de febrero: en entrevista con Carlos Puig en Milenio TV reveló que sí quiere ser el abanderado priista y que tiene posibilidades de lograrlo.
Desde el día 23 la oficina de Nemer envía comunicados de prensa del precandidato advirtiendo que “de los cinco aspirantes a ocupar la candidatura del PRI, es el único que tiene el perfil con experiencia en el tema (desarrollo social), toda vez que fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto”.
También Alfredo del Mazo Maza, el más cercano en el afecto de Peña Nieto, mostró su interés en la candidatura durante una entrevista realizada por Carlos Loret de Mola en el programa Primero Noticias, del martes 1.
Ese mismo día, la encuesta publicada por El Universal colocó a Del Mazo Maza como el más conocido (61% de los mil encuestados), y como el mejor posicionado: 31% de las preferencias entre priistas y 26% de la población en general. En segundo sitio se ubicó Eruviel Ávila, y en tercera posición Ernesto Nemer.
El clan Del Mazo
Del Mazo Maza es el presidente municipal que más aparece en la propaganda televisiva y radial. Es hijo del exgobernador Alfredo del Mazo González, quien aspiró a la candidatura presidencial en 1988, y nieto del también exgobernador Alfredo del Mazo Vélez.
Del Mazo Maza tiene dos poderosos soportes, además de los internos del PRI: es ahijado de Elba Esther Gordillo, quien controla el Partido Nueva Alianza (Panal) y tiene el apoyo del Partido Verde, que es controlado directamente por Peña Nieto, tanto a nivel estatal como nacional.
En el gobierno de Peña Nieto los principales apoyos para Del Mazo son el jefe de Comunicación Social, David López, y el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, viejo colaborador de la familia Del Mazo.
Al ser cuestionado por la prensa sobre el apoyo a su hijo, Del Mazo González atajó: “No puedo opinar sobre eso. Como exgobernador debo ser muy cuidadoso. Apenas estamos entrando en efervescencia, en actividad política. Creo que hay un ambiente de gran sobriedad, en términos de cordialidad, que debemos tratar de preservar”.
En el Foro Regional para la Elaboración de la Plataforma Electoral del PRI en 2011, Del Mazo González señaló que la prioridad es retener el gobierno estatal y no condicionarlo a la posible candidatura de Peña Nieto a la Presidencia en 2012.
“Es necesario construir una política de estado a largo plazo que genere esperanza, confianza y fortaleza”, afirmó Del Mazo, tío de Peña Nieto. Subrayó que los mexiquenses deben construir “una alianza con propósitos comunes para la grandeza de la patria chica”.
Otras versiones internas del PRI mexiquense advierten que desde finales de enero hay un pacto entre el dirigente estatal, Ricardo Aguilar –quien también aspiró a la candidatura– y Nemer.
Se presume que gracias a ese pacto Aguilar garantizará un proceso interno de selección sin complicaciones para el actual coordinador de los diputados locales del tricolor.
Sin embargo, al propio Aguilar, quien cumple las órdenes de Peña Nieto, el jefe real del partido, se le ha mencionado como el auténtico “tapado” del gobernador.
La alianza y la inseguridad pública
Los grupos priistas mexiquenses aún tienen dos problemas reales: la posibilidad de que PRD y PAN vayan en coalición con un solo candidato y el crecimiento de los crímenes del narcotráfico en los últimos días en la entidad.
Para frenar la coalición opositora, en Toluca se analizó la posibilidad de que Peña Nieto pidiera licencia para hacer campaña al lado del candidato priista. El interino hubiera sido Luis Enrique Miranda Nava, actual secretario de Gobierno.
Esa posibilidad se canceló a partir de la operación para evitar la posibilidad de una defección de alguno de los seis precandidatos. La palabra “unidad” y la expresión “cerrar filas” son comunes entre Nemer, Del Mazo, Ávila, Ricardo Aguilar, Luis Videgaray y hasta la alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera, cuyo nombre apareció en algunas listas de precandidatos.
También se operó un pacto de no agresión entre los exgobernadores, principalmente Del Mazo, Chuayffet –actual coordinador de la bancada mexiquense en la Cámara de Diputados federal–, Camacho Quiroz y Montiel.
Con excepción del último, “para evitar escándalos”, los otros tres asistieron al informe de labores de Nemer, así como algunos diputados federales que han trabajado en los gobiernos estatales recientes: Humberto Benítez Treviño, exprocurador y exsecretario de Gobierno; Alfonso Navarrete Prida, exprocurador; Luis Videgaray, exsecretario de Finanzas, y Manuel Cadena Morales, exsecretario de Gobierno.
La pasarela política en torno de Nemer en Metepec congregó también al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Baruch Delgado Carbajal; al delegado del CEN del PRI en el Estado de México y exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez Martínez, y al presidente de la Fundación Colosio, Heberto Barrera Velázquez.
Pero las muestras de unidad priista no han frenado la ola de inseguridad que amenaza con afectar la contienda estatal, considerada la antesala de las elecciones presidenciales de 2012.
En lo que va del año ya son más de 80 los ejecutados por las mafias en territorio mexiquense. Los municipios con más altos índices de violencia y presencia del crimen organizado coinciden con los más poblados y que son clave para ganar la elección en julio de 2011: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.
En la semana que concluye sólo en Naucalpan y Cuautitlán el crimen organizado mató a 13 personas, incluyendo a tres policías ministeriales de Guerrero encontrados en el fraccionamiento Villa Alpina, de Naucalpan. En Cuautitlán, cuatro hombres fueron ejecutados en sus domicilios en Arcos del Alba.
En Nezahualcóyotl, municipio presuntamente controlado por La Familia Michoacana desde 2007, sólo en lo que va de este año ha habido 21 ejecuciones, incluyendo dos multihomicidios atribuidos a disputas entre bandas de narcomenudistas, según la procuraduría estatal.
Y en Valle de Chalco los crímenes contra mujeres y usuarios del transporte público se han incrementado. El jueves 17 de febrero, un tiroteo entre asaltantes y pasajeros provocó cinco muertos.
En el mismo municipio se denunciaron cuatro feminicidios en febrero. La diputada local Mónica Fragoso afirmó que este año se han registrado 42 homicidios dolosos contra mujeres en el estado. Y apenas el 14 de febrero Peña Nieto anunció la creación de una fiscalía especial para atender esos delitos, después de haber negado que en la entidad los crímenes contra mujeres merecieran una comisión especial investigadora.
Moreira y Peña Nieto
Jesús Cantú
Las encuestas de preferencia electoral muestran tal ventaja del todavía gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en la carrera por la Presidencia de la República que tuvo plena libertad para designar a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, como sucesor de Beatriz Paredes en la dirigencia del PRI.
Bastó que el gobernador mexiquense se pronunciara a favor de Moreira, a finales de noviembre del año pasado, en la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores en Xalapa, Veracruz, para que todos se sumaran
a dicho apoyo y el coahuilense arribara a la dirigencia priista mediante la llamada “candidatura de unidad”. Es público que ambos (Peña Nieto y Moreira) mantienen cercanía con la dirigente del magisterio, Elba Esther Gordillo, quien es otro de los apoyos políticos del ahora dirigente nacional del tricolor.
La llegada de Moreira a la dirigencia de ese partido no representará cambios bruscos en los posicionamientos y directrices del PRI, pero sí en lo que se refiere a los estilos personales, pues mientras Beatriz Paredes se caracteriza por su asertividad, Moreira se distingue por su estridencia. Esto fue manifiesto el mismo día en que lo declararon presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI (8 de enero), cuando de inmediato arremetió contra el actual gobierno, lo que provocó reacciones de cuatro secretarios de Estado. Posteriormente, no se sabe si motu proprio o por recomendación de su propulsor, cambió el tono de sus declaraciones y ahora incluso propone sentar a todas las fuerzas políticas, incluido el presidente de la República, en una mesa de diálogo para “construir los grandes acuerdos para México”.
Pero lo cierto es que Moreira llega a la dirigencia nacional para pavimentar el camino de Peña Nieto a la Presidencia de la República. De acuerdo con el último levantamiento del tracking poll mensual que realiza Consulta Mitofsky, el gobernador cuenta con el respaldo de 83.8% de los priistas contra el escaso 5.4% que recibe Manlio Fabio Beltrones; y en el plano de la competencia con los candidatos de otros partidos, Peña Nieto aparece en el segundo lugar, con 91% de los entrevistados que lo conocen (rebasado únicamente por Andrés Manuel López Obrador, con el 94%). Sin embargo, por lo que se refiere a las opiniones positivas y negativas que se tiene de ambos, Peña Nieto obtuvo un saldo positivo de 42.4 puntos porcentuales, mientras López Obrador terminó con un saldo negativo de 18.2 puntos porcentuales. Y esto se traduce en preferencias electorales.
Asimismo, cuando se preguntó a los encuestados por quién votarían, incluyendo los nombres de los tres candidatos que van a la cabeza en sus respectivos partidos (Peña Nieto, AMLO y Santiago Creel), el resultado fue que el PRI, con Peña Nieto, alcanza 51.4% de las menciones (11 puntos más de los que obtiene el tricolor sin candidatos), muy por encima de las preferencias declaradas por el PRD, con AMLO (16%), y el PAN, con Creel (13%).
Aunque todavía faltan muchos meses y acontecimientos para llegar a los comicios del 1 de julio de 2012, lo cierto es que la ventaja que muestra Peña Nieto le permite imponer sus decisiones en el PRI, tal como hizo hace seis años López Obrador en el PRD. En aquel momento, en la sucesión interna perredista, López Obrador designó como dirigente a Leonel Cota; hoy, Peña Nieto hace lo propio con Moreira. Sin embargo, hay diferencias importantes: entonces en el PRD no asomaba ningún serio contendiente ante López Obrador, pues Cuauhtémoc Cárdenas ya llevaba cinco años sin reflectores públicos; y ahora, en el PRI, no deja de latir el corazón de Manlio Fabio Beltrones, quien para exhibirse cuenta con el escaparate del Senado, y ya lo está haciendo.
De acuerdo con la misma encuesta, en lo relativo al conocimiento que se tiene de los personajes, Beltrones aparece en el cuarto lugar, casi justo a la mitad de Peña Nieto, con únicamente 44.1% de los entrevistados, y con un saldo favorable de opinión positiva menos la negativa de 6.5 puntos. No obstante, tiene todo lo que resta del año para acrecentar ambos índices y/o disminuir el saldo favorable de su principal opositor interno.
Desde el inicio de su periodo en el Senado, Beltrones busca posicionarse como un legislador conciliador, propositivo, capaz de tejer acuerdos e impulsar iniciativas legislativas. Hay que recordar que él fue quien presentó la iniciativa para sacar adelante la llamada reforma del Estado, que finalmente concluyó casi exclusivamente con la reforma electoral a finales de 2007.
Y no es casualidad que al inicio de este año Beltrones haya lanzado su iniciativa de reforma fiscal, que ya metió en un brete al mismo Peña Nieto, quien tuvo que mover a otro de sus personeros, Francisco Rojas, líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados, para pronunciarse en contra y tratar de cancelar así cualquier posibilidad de éxito a dicha iniciativa. Sin embargo, Beltrones no desistió y, de acuerdo con filtraciones y declaraciones de actores secundarios, Peña Nieto no dejaría vía libre a la reforma, sino hasta el periodo de sesiones que empieza en septiembre, para que su aprobación no le represente ningún costo para los comicios que, en julio próximo, elegirán a su sucesor en el Edomex.
Una de las principales labores de Beatriz Paredes fue precisamente evitar que se generaran choques entre los distintos grupos tricolores. Donde no pudo hacerlo, como en Sinaloa y Guerrero, el PRI perdió las elecciones. Y esa no parece ser una de las intenciones principales de Moreira, quien llega a la dirigencia nacional para servir a Peña Nieto, por una parte, como escudo que saca el pecho frente a los misiles o aparece en los temas que resulten incómodos o inconvenientes para el todavía gobernador, y por la otra, como distractor, que tenderá cortinas de humo, fundamentalmente como provocador, cuando lo considere pertinente, para despejarle el camino a Peña Nieto, quien seguirá con su presencia mediática intensiva, pero exhibiéndose en acciones positivas u opinando sobre temas no controvertidos.
Esto puede resultar muy positivo para Peña Nieto frente a los ataques del exterior, pero no le permitirá sortear el llamado “fuego amigo”, que a pesar del pragmatismo y la disciplina tricolores estará presente en los próximos meses.
De las primeras acciones de Moreira se desprende que ellos consideran que su principal contendiente en julio de 2012 será el candidato blanquiazul, y por lo mismo empiezan a perfilar una campaña en la que básicamente se discuta sobre la capacidad o incapacidad para gobernar. Es decir, los tricolores tratarán de mostrar que los gobiernos panistas son incapaces y propondrán su experiencia y capacidad probadas. En este contexto, Beltrones quiere mostrar que él también sabe cómo hacerlo.
Hasta estos momentos Peña Nieto impone su ley, y una muestra de ello es la designación de Moreira en la dirigencia del tricolor; pero el camino que falta por recorrer todavía es muy largo y los mejores obuses de sus contendientes internos y externos todavía están por venir. l
La guerra que pudo evitarse
Purificación Carpinteyro
En diciembre de 2008, la entonces subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, le entregó al presidente Felipe Calderón un documento explicando las tensiones existentes entre los gigantes de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones (especialmente Televisa y Telmex), al tiempo que le sugería ocho medidas que el gobierno federal debía adoptar para ser un auténtico árbitro en el sector. De no cumplirse esas sugerencias, la funcionaria preveía lo que ahora está sucediendo: una guerra abierta entre los actores más importantes, con unas autoridades que observan como convidados de piedra esta lucha abierta por intereses multimillonarios, sin que la población salga beneficiada. A continuación, Proceso reproduce íntegro el documento que Carpinteyro dirigió al presidente, de cuyo contenido Calderón hizo caso omiso.
A su entrada en 2006, el nuevo gobierno enfrentó una situación de indefinición, con su capacidad de actuación limitada por las cuestiones sujetas a decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que sólo llegó 20 meses después. Pero durante el periodo de indefinición los jugadores del sector privado se conformaron en dos bloques de influencia totalmente antagónicos encabezados uno por Televisa y otro por Telmex.
El bloque encabezado por Televisa, que tiene en común el objetivo de impedir la entrada de Telmex al mercado del triple play, inició una guerra de guerrillas en diferentes frentes que les generó buenos resultados con Cofetel, Cofeco, SCT, tribunales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidencia y medios. Sus integrantes consiguieron convencer a la SCT de presentar a Telmex una lista de condiciones que de antemano sabían que sería inaceptable; y aunque la secretaría intentó por más de un año entablar negociaciones con Carso, ambas partes estaban conscientes de que esas negociaciones no llegarían a nada, aunque optaron por no romper lanzas para evitar una guerra frontal. Este impase permitió a Telmex adoptar una estrategia de repliegue, que incluyó una disminución significativa de sus inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, el recorte de gastos para reducir costos y despidos importantes en su plantilla laboral –es decir, durante este periodo Telmex se preparó para implementar una estrategia de salida (inclusive considerando la idea de la posible venta de Telmex).
Entre tanto, Televisa obtuvo de la SCT las aprobaciones para prestar servicios de telefonía e internet a través del cable y de la Cofeco aprobación para la compra del control de Cablevisión de Monterrey y Cablemás, que junto con Cablevisión cubren casi 60% del mercado. Un año después iniciaron su oferta empaquetada de TV por cable, internet y telefonía, aunque con precios poco accesibles para la gran mayoría de la población. Intentaron negociar una alianza estratégica con Telefónica que no llegó a buen término dada la reticencia de Telefónica de ceder el control a Televisa, pero mantuvieron una alianza de ataque a Carso.
La certidumbre de que será imposible llegar a un acuerdo razonable con el gobierno para obtener la modificación de su título de concesión y la decisión de los operadores de cable de salir con la oferta empaquetada de TV, telefonía e internet propician a que Telmex firme una supuesta “alianza comercial” con MVS para ofrecer paquetes de TV satelital, telefonía e internet, con el fin de contrarrestar la potencial pérdida de clientes residenciales de alta renta.
La operación en el mercado de esta alianza tendrá el efecto de anular la supuesta “única carta de negociación” que tiene el gobierno para establecer las bases para la sana competencia en el sector de telecomunicaciones, pero a la vez lo confrontará con la disyuntiva de actuar en contra de la alianza para evitar la pérdida de poder de negociación o dejarla pasar sin cuestionarla, en cuyo caso su posición negociadora quedará debilitada, no ganará la simpatía ni obtendrá ningún compromiso de Carso, y se verá forzado a confrontarse con el bloque que liderea Televisa –quienes están demandando la pronta actuación del gobierno federal en contra de la alianza.
Para frenar la guerra…
El sector se encuentra en guerra. Existen más de 45 demandas, amparos, recursos administrativos y hasta denuncias penales en contra de funcionarios públicos y particulares por operadores de ambos bloques de influencia. De continuar con el rumbo marcado, los pleitos que deberán ser dirimidos en tribunales no tendrán solución sino hasta dentro de tres o cuatro años; y mientras tanto, la incertidumbre jurídica de las reglas aplicables hará que el sector continúe paralizado y con bajas inversiones, y la guerra se volverá mucho más agresiva inclusive contra el gobierno, que sufrirá las embestidas de unos y otros por su acción o inacción. En el mejor de los casos, si el gobierno no cambia de estrategia, los próximos cuatro años serán como los dos primeros.
Pero esta guerra puede ser auspiciosa y sentar las bases para cambiar el desenlace de esta historia que estás escribiendo, presidente. Como personaje de esta narración me atrevo a alertarte que no es necesario que la conclusión de este capítulo sea una mera continuidad de los fracasos de los gobiernos anteriores. La coyuntura tecnológica abre la posibilidad de escribir un final insospechado con éxitos que revolucionarían al sector.
No estamos destinados a quedar en las manos de los poderosos jugadores que hoy manipulan las fuerzas políticas para defender exclusivamente sus intereses. Tenemos suficientes armas a nuestra disposición para imponer condiciones de negociación que tengan como resultado una verdadera revolución pacífica de las telecomunicaciones en México sin que sea necesario un enfrentamiento que vaya en detrimento de las necesidades políticas del país (por el contrario, pudiera coadyuvar a mejorar la posición actual de tendencias durante 2009).
Esta estrategia, que consiste de cuatro acciones (presentación anexa), es conocida por el secretario (de Comunicaciones y Transportes) y está de acuerdo. No obstante, requiere de la coordinación con varias dependencias a los más altos niveles y de la evaluación de las posibles consecuencias políticas durante su proceso. En tanto esa coordinación no suceda, resulta difícil creer hasta para los mismos jugadores, que el gobierno está firme en su posición. La estrategia no garantiza el éxito, pero es la única alternativa a la guerra desatada y la desinversión. Pero si en este camino conseguimos el objetivo ¿cómo se leería este capítulo de la historia? El final de este capítulo relataría algo así como:
Boletín de prensa. Presidencia de la República.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2008.
El gobierno federal anuncia el fin de la guerra de las telecomunicaciones. Los principales competidores en ese mercado convergente se comprometen a realizar inversiones sustantivas durante 2009, que garanticen el acceso a comunicaciones a todos los habitantes antes de 2012.
El gobierno federal informa que alcanzó un acuerdo con los operadores de telecomunicaciones cuyos principales aspectos serán ejecutados en el transcurso del próximo año, y son:
1. Acuerdo con Telmex /Telcel para garantizar condiciones de competencia en el sector, especialmente en lo que se refiere a interconexión de redes y compartición de infraestructura, en términos aceptados por el resto de los participantes en el mercado.
2. Liberación de restricciones a todos los operadores tanto de telecomunicaciones como de televisión por cable, para que ofrezcan al mercado servicios convergentes de telefonía, internet y televisión restringida, entre otros, garantizando que a través de la sana competencia se abaraten precios y se ofrezca mayor calidad en los servicios, haciéndolos accesibles a un mayor número de mexicanos.
3. Licitación de frecuencias que garanticen que los actuales operadores y nuevos entrantes tengan incentivos para invertir en nuevas tecnologías y mayor cobertura. La publicación de las bases apareció hoy en el Diario Oficial de la Federación.
4. Eliminación de las restricciones a la inversión extranjera en telecomunicaciones conforme a las modificaciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión.
5. Venta de fibra obscura de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a los operadores de telecomunicaciones.
7. Antes del segundo trimestre de 2009, otorgamiento de los permisos para canales de televisión abierta (analógicos o digitales dependiendo de la disponibilidad de espectro en cada localidad) a todas las instituciones educativas y culturales solicitados hasta ahora.
8. Lanzamiento de un sistema satelital para garantizar las comunicaciones de las Fuerzas Armadas utilizando tecnología de vanguardia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Estas medidas serán implementadas en el transcurso de 2009 y revolucionarán al sector de las telecomunicaciones, creando un círculo virtuoso de inversión en infraestructura como resultado de una mayor demanda y oferta de servicios. Las inversiones y la infraestructura contribuirán a generar fuentes de empleo en todo el país y coadyuvarán con el crecimiento económico homogéneo al establecer una plataforma de infraestructura esencial a la competitividad de México en el concierto de las naciones.
Aspectos críticos para alcanzar la meta
Por el tiempo que has dedicado para entender la problemática del sector, estoy consciente de que reconoces la importancia del mismo para el desarrollo económico y la competitividad del país y de su impacto político y mediático. Por esta razón, y porque este es un momento crítico de definiciones del que no sé si te han alertado, me atrevo a elevar a tu consideración ciertos aspectos que deberán ser decididos en las próximas semanas, y de cuya resolución dependerá el futuro del sector estos próximos cuatro años de tu administración.
Una de las cartas de negociación más valiosas con las que cuenta el gobierno federal es el otorgamiento, renovación y revocación de concesiones. Una de las concesiones cuya renovación está pendiente es la de Iusacell en la banda de 800 MHz (celular). Azteca tiene la intención de vender Iusacell cuyo valor depende en gran medida del valor que tiene el espectro radioeléctrico y de su escasez en el mercado. Azteca se ha aproximado a Telefónica y a Nextel con este propósito. Para evitar la pérdida de valor de la empresa, Iusacell buscará por todos los medios evitar que se lleven a cabo las licitaciones de frecuencias que serán anunciadas este diciembre para ejecutarse el primer trimestre de 2009. Cabe aclarar que en licitaciones anteriores, Iusacell ha sido exitosa en frenar los procesos de licitación de espectro a fin de mejorar su posición negociadora y promover sus intereses.
No es necesario abundar en la razón por la que estimo que el gobierno federal debería utilizar como ficha de negociación la prórroga que se encuentra pendiente y con ella conseguir, entre otros objetivos, que la empresa no entorpezca las licitaciones de espectro tan críticas para el desarrollo del sector. No obstante, el secretario (el titular de la SCT) considera indispensable otorgarles la prórroga de la concesión antes de que las licitaciones se lleven a cabo, y me ha instruido formalizar este compromiso mediante oficio. De ser este el caso, estaríamos desaprovechando esta carta de negociación sin que, hasta donde tengo conocimiento, el gobierno esté recibiendo nada a cambio.
Por otro lado, la renovación de la concesión de MVS de 190 MHz en la banda de 2.5 GHz, nos da la oportunidad de negociar las condiciones para su prórroga y con ello pactar reglas de convivencia con el gobierno. Debo mencionar que MVS presentó extemporáneamente las solicitudes de prórroga para las concesiones de Guadalajara y Monterrey, por lo que el derecho a su renovación es cuestionable –por lo menos en esas dos ciudades–. Sin embargo, MVS no tiene miramientos en impugnar las decisiones del gobierno –como es el caso del acuerdo para el cambio de estaciones AM por FM, o inclusive poner en jaque a las instituciones mediante una supuesta “alianza comercial” con Telmex para la comercialización de los servicios de televisión por satélite–.
En cuanto a Televisa, aunque la Comisión Federal de Competencia aprobó la compra del control de las empresas Cablemás y Cablevisión de Monterrey estableciendo la obligación de ofrecer las señales de su Canal 2 (+1 y +2 horas) a todos los operadores de televisión restringida mediante el cobro de un precio por la retransmisión de la señal, el gobierno federal vía Cofetel y SCT tiene la autoridad de establecer gratuidad (Must Offer), como sucede en casi todo el mundo. Este es uno de los puntos más críticos para Televisa y podría servir de herramienta de negociación, además del pago retroactivo de derechos de 10% de ingresos no pagados por Cablevisión por años o, en su caso, la creación de la tercera cadena nacional.
La definición de la estrategia a seguir en estas cuestiones es crítica, ya que en las próximas semanas se iniciará una batalla campal entre Televisa y Telmex, derivada de la ya anunciada alianza estratégica con MVS para la comercialización de señales de video por satélite, e indudablemente el gobierno se verá involucrado. Al respecto, debe mencionarse que MVS entregó a la secretaría una nota descriptiva de la citada alianza en la que describe el contenido del acuerdo con cláusulas claramente violatorias de la prohibición de la condición 1-9 del título de concesión de Telmex. En este sentido, la Cofetel como agencia encargada de vigilar el cumplimiento de las concesiones podría impedir el inicio de operaciones hasta en tanto no se determine si es una alianza legítima o es cuestionable.
Frenar la alianza de Telmex con MVS aportaría al gobierno más elementos de negociación para alcanzar un acuerdo que establezca reglas para la sana competencia en el sector, pero que de una vez por todas libere de restricciones a Telmex para ofrecer el triple play, con lo que se generarán incentivos para invertir en la modernización de su red y en la oferta de servicios en mejores condiciones de calidad y precio.
El gobierno federal cuenta con herramientas para generar un círculo virtuoso de inversión en infraestructura, competencia, oferta de servicios de telecomunicaciones de vanguardia, ampliación de la demanda a través de mejores precios e incremento en la penetración de los servicios en estratos de la población que hoy no pueden darse el lujo de contratarlos. La tarea no es fácil y la mejor forma de escribir este capítulo como un éxito, es a través de una postura de liderazgo firme pero flexible con la intención de alcanzar acuerdos sectoriales que destraben los múltiples juicios, demandas y recursos interpuestos por las diversas partes, que de otra manera lo único que conseguirán es mantener el statu quo del sector por el resto del sexenio.
Este liderazgo, aunado a la realización de las acciones que le competen a la secretaría, como es la licitación de espectro y facilidades para que la banda ancha no sea un recurso escaso sino que esté plenamente disponible a todos los operadores, pueden conseguir una verdadera revolución de las telecomunicaciones del país.
Todos contra el gigante
Jenaro Villamil
En menos de una semana Televisa y TV Azteca pasaron de la guerra de tarifas publicitarias con Grupo Carso, a la guerra de tarifas por interconexión con Telcel y Telmex. Para la contienda, el duopolio agrupó a empresas de telecomunicaciones afines a sus intereses ante la indolencia de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Cofetel y del Congreso.
El martes 1, el presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, hizo público un documento en el que sugirió que disminuyan las tarifas de interconexión en telefonía, que las autoridades autoricen el cambio de título de concesión de Telmex para dar servicios de televisión restringida y que se licite otra cadena de televisión abierta.
La respuesta fue inmediata. Ese mismo día distintos operadores de telecomunicaciones se agruparon para difundir un desplegado en el que exigen al gobierno federal que aplique una regulación procompetencia en materia de interconexión.
El grupo encabezado por las filiales de Televisa (Sky, Cablevisión, Televisión Internacional, Bestel, Cablemás) y por las de TV Azteca (Iusacell-Unefon, Total Play) más otros grupos como Axtel-Avantel, Megacable y Nextel, advierte que sus integrantes están dispuestos a no cobrar la interconexión a los usuarios, a cambio de un trato recíproco por parte de Telcel.
Además, exigen que se bajen los “altos costos de las telecomunicaciones”, y a cambio prometen “obtener un mínimo de 73 mil 500 millones de pesos” para beneficio de los consumidores; “mejores servicios y calidad en las redes de telecomunicaciones”, y “pago justo por los consumos en servicios de telecomunicaciones”.
En su desplegado las televisoras incluyeron a compañías –como Cosmored, que aparece en el grupo conocido como Tucotel (Todos Unidos contra Telcel)– que no fueron consultadas, según confirmaron a Proceso fuentes del sector.
Asimismo, aparecen como firmantes empresas pequeñas como Cablevisión de Apatzingán, Telecable El Grullo y Televisión de Teocaltiche que sólo operan regionalmente y no ofrecen servicios de telefonía. Otras más se sumaron a la ofensiva del duopolio por las presiones de Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), organismo dominado por las cableras asociadas a Televisa.
Paradójicamente, uno de los adversarios históricos de Telmex-Telcel, Telefónica-Movistar, dirigida por Francisco Gil Díaz, no firmó el desplegado. En diciembre de 2010, estas empresas dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para fijar una tarifa de interconexión de 95 centavos, que bajará gradualmente hasta 69 centavos en 2014.
El documento original de la Cofeco, enviado al Congreso el 28 de febrero último, advierte que la disputa por las tarifas de interconexión se ha convertido en “barrera artificial a la entrada y la insuficiente competencia en televisión”. El acuerdo en interconexión constituye una de las condiciones para que la SCT le autorice a Telmex el cambio de su título de concesión a fin de ofrecer servicios de televisión restringida.
Sin embargo, el informe de la Cofeco advierte en dos de sus puntos medulares varios problemas que generaron el disgusto de Telmex-Telcel:
“Las condiciones de interconexión son una causa central del rezago del mercado de las telecomunicaciones en México en términos de precios y disponibilidad de servicios para la población…
“La tarifa aplicada en México es 43.5% superior al promedio de las que aplican los países de la OCDE que se rigen por el esquema ‘el que llama paga’”.
El organismo destaca que si la tarifa de interconexión de los teléfonos móviles en México disminuye al promedio de los países de la OCDE, los precios de telefonía móvil y fija “se reducirían 18.3% y 9.4%, respectivamente. Esto representaría beneficios para los consumidores mexicanos equivalentes a 6 mil millones de dólares anualmente”.
Veto a la competencia
Para las televisoras y sus filiales o aliadas en telefonía la crítica a las altas tarifas de interconexión es lo más valioso del documento de Cofeco. No obstante, hicieron mutis frente a la otra parte sugerida por Pérez Motta: la necesidad de abrir la competencia en materia de televisión abierta y que Telmex ingrese a la competencia de televisión restringida, en beneficio de 3.8 millones de hogares.
El organismo regulador de la competencia precisó que desde noviembre de 2006 manifestó que en materia de contenidos audiovisuales había “una alta concentración en el mercado de la televisión abierta: Televisa y TV Azteca acaparaban 96.8% de la audiencia de televisión abierta, así como prácticamente la totalidad de los ingresos publicitarios en este medio… A pesar de que han pasado más de cuatro años, no ha habido cambios estructurales que reduzcan significativamente la concentración en los mercados de televisión abierta comercial”.
La comisión “ha determinado que Televisa tiene poder sustancial en el mercado de televisión abierta y que la televisión abierta es un insumo esencial para ofrecer el servicio de televisión restringida”, se indica en el documento enviado a los legisladores.
El informe también expone que las autoridades de telecomunicaciones han señalado que hay espectro disponible para por lo menos una cadena nacional adicional. Por ello, “este espectro debe licitarse a la brevedad, para ampliar las opciones e intensificar la competencia en televisión abierta, en beneficio de los consumidores y de los usuarios de servicios públicos”.
“Sólo eso nos faltaba, que exista ahora un nuevo Berlusconi en México”, se quejó un alto funcionario de Televisa, al conocerse esta parte de la opinión de Cofeco, según comentaron distintas fuentes a este semanario.
Consultado vía telefónica, Pérez Motta advierte que “formalmente no ha habido ninguna reacción ni respuesta” al documento difundido el martes 1 y consideró como “normal” que su posición hubiera generado descontento entre los principales actores.
–¿Esta pugna se debe a la ausencia de un árbitro regulador? –se le pregunta.
–El conflicto representa una oportunidad para resolver el problema, en beneficio de la sociedad.
El reportero le pregunta qué ha pasado con el recurso de inconformidad que interpuso Televisa ante la Cofeco, a principios de este año, en contra de la sociedad establecida por Telmex-MVS y EchoStar en la empresa Grupo Dish y que se convirtió en uno de los detonantes del conflicto reciente (Proceso 1789).
Este recurso, responde el comisionado, aún se encuentra en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva de la Cofeco y que aún no ha pasado al pleno. Puede ser desechado por “notoriamente improcedente” o darle trámite para que lo analicen los integrantes del pleno de Cofeco, precisa.
La disputa Bestel-Telmex
Otro flanco en esta guerra de los gigantes de las telecomunicaciones se abrió a partir de que el diario Reforma publicó que Bestel, filial telefónica de Televisa, ha incumplido con los plazos para desplegar la red de telefonía interna en el ISSSTE. Es decir, no respetó los términos de la licitación que ganó por 2 mil 80 millones de pesos, misma que fue impugnada por Axtel y Telmex.
En respuesta a la información difundida por Reforma, Miguel Ángel Compeán Palacios, director general corporativo de Comunicación de Televisa, firmó una inserción pagada en varios medios impresos en la que responsabiliza a Telmex de ser el causante del retraso de Bestel, y acusa al periódico de ser parcial en su información.
El miércoles 2, Telmex emitió un inusual comunicado revelando que el ISSSTE “adjudicó una red 25% más cara que la ofrecida por Telmex. Telmex presentó una oferta por mil 661 millones de pesos, mientras que la de Televisa fue de 2 mil 80 millones de pesos. Esto implica una afectación por 419 millones de pesos a los intereses del ISSSTE. ¿Son éstos los altos costos de Telmex a los que se refiere Televisa en su comunicado?”
Telmex detalló que le ha entregado a Bestel 253 enlaces, de un total de 585 contratados por Televisa, y confirmó que reportó ante la Secretaría de la Función Pública, el 25 de febrero de 2011, las presuntas irregularidades de la licitación “avaladas por el testigo social nombrado por el gobierno, Alejandro Frank Díaz”.
Compeán Palacios volvió a defender la posición de Bestel. En otro comunicado del viernes 4 afirmó que “la realidad es que Telmex no aprobó las pruebas técnicas de la mencionada licitación del ISSSTE, por lo que fue descalificado. Desde esa fecha ha incumplido con las obligaciones en su título de concesión para otorgar a otras redes ‘acceso de última milla’ a las oficinas y hospitales del ISSSTE”.
Otro de los conflictos que enfrenta Telmex se originó por la licitación de una red de voz y datos en el IMSS por 2 mil 150 millones de pesos y para los próximos 47 meses. El pasado 9 de noviembre, Bestel impugnó las bases de licitación argumentando que estaban configuradas para beneficiar a la empresa de Slim, que tiene el contrato desde hace cuatro años.
El juez Francisco Javier Rebolledo le otorgó la suspensión provisional a Bestel, pero en diciembre último un tribunal colegiado de circuito revocó la suspensión otorgada a favor de la filial de Televisa.
La impugnación coincidió con la campaña de Televisa en contra de una presunta “red de corrupción” en el Seguro Social, a partir de unas grabaciones telefónicas. Y también con el inicio de su guerra abierta contra Telmex. l
Telecomunicaciones, batalla campal
Alma Rosa Alva de la Selva
Las últimas dos semanas han sido el espacio en el cual la confrontación entre Televisa, TV Azteca versus Telmex abrió otro capítulo, éste más encarnizado, de la pugna que vienen sosteniendo esos consorcios por el control del ambicionado mercado de la convergencia y su constelación de nuevos servicios.
Si bien esa lucha no es reciente, el episodio que se escribe en estos momentos no tiene precedente, tanto por la magnitud de las medidas (algunas de ellas plenamente beligerantes) que han aplicado los “pesos pesados” de las telecomunicaciones, como por sus repercusiones posibles para el sector, y por supuesto (aunque esto poco parece importar a las empresas) para los usuarios.
Como se recordará, la chispa que ahora encendió la mecha –en el marco del ascenso del sistema de TV restringida Dish y de la renovación pendiente de varias concesiones de MVS en la banda de los 2.5 gigahertz, como también de los desacuerdos sobre las tarifas de interconexión cobradas por Telmex– fue la exigencia de Televisa a la Comisión Federal de Competencia de investigar el tipo de participación de Telmex (impedido por su título de concesión para prestar servicios de TV) con Dish; de ésta la telefónica ha afirmado, avalada por la propia CFC, tener sólo un vínculo comercial.
Luego, Carlos Slim canceló la publicidad de Grupo Carso en los espacios del duopolio, cuya respuesta no se hizo esperar: Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, respaldado por la Canitec (Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, agrupación a la que pertenece también Televisa y varias empresas telefónicas) calificaron al ingeniero de “un peligro para la seguridad nacional, porque representa 6% del PIB y más de 50% del valor de la Bolsa”, y anunciaron que convocarían a un debate público para revisar el problema de la interconexión. El lunes pasado Iusacell, Unefon, Axtel y la propia Canitec hacían pública la integración de un frente común, presuntamente denominado Todas Unidas Contra Telcel (Tucotel) para conseguir que esa empresa y Telmex disminuyan las tarifas de interconexión.
Todo esto mientras las autoridades del sector (SCT, Cofetel y CFC) justificaban su inacción con el conocido argumento de que tales disputas constituyen situaciones “entre particulares”… Ello aunque el martes, ante la constatación de que el problema se les había ido de las manos, la CFC pretendió mediar en el conflicto haciendo “recomendaciones” al Ejecutivo (que durante el sexenio claramente ha favorecido a Televisa) para que ahora sí se modifique el título de concesión de Telmex y éste pueda ofrecer TV de paga “en el menor tiempo posible”, dar los pasos necesarios para introducir una cadena de TV abierta y resolver el asunto de las tarifas de interconexión.
En estos momentos el sector telecomunicaciones está convertido en un ring donde se libra una dura pelea, sin réferi ni reglas que no sean las de declarar ganador a quien aseste el golpe más fuerte. Ese es el resultado de la fallida política de la administración calderonista en ese ámbito, la cual en el discurso ha venido planteando la construcción de un escenario de competencia como una de sus mayores apuestas, pero que en el terreno de los hechos ha actuado con discrecionalidad y a favor del propio interés político del régimen. l
Colegiaturas deducibles: más desigualdad
Santiago Igartúa
Expertos en políticas educativas están indignados con el decreto del presidente Felipe Calderón por el cual las colegiaturas serán deducibles de impuestos. Además de claudicar en su misión de mejorar la educación pública, acusan, el gobierno federal transfiere recursos federales a negocios privados y no garantiza siquiera que éstos mejoren sus servicios. Pero el motivo sí está claro: las primeras devoluciones de impuestos por ese motivo se harán en vísperas de la elección presidencial de 2012.
El decreto presidencial que hace deducible de impuestos el pago de las colegiaturas de escuelas privadas es clasista, discriminatorio, electorero y contradice a la Constitución, opinan expertos en educación consultados por este semanario.
Como anunció ufano Felipe Calderón el pasado 14 de febrero, la medida le significará al Estado mexicano pérdidas por recaudación fiscal cercanas a 13 mil millones de pesos anuales, según cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El presidente admitió que ese déficit tendrá que “digerirse” con ahorro federal.
Sin embargo, varios especialistas señalan que el subsidio privilegia la educación privada sobre la pública y acaba por transferir recursos del Estado a los particulares.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, el priista José Trinidad Padilla López, explica que el decreto presidencial detiene el proceso de ampliación del sistema público y fomenta el crecimiento del sector privado.
“El problema es que si se empieza a alentar el sistema privado con recursos estatales, en detrimento del sistema público, estaríamos hablando de una distorsión de los principios que se establecen en la Constitución respecto de la obligación del Estado de garantizar educación gratuita de calidad, por lo menos hasta la educación media”, agrega.
De no haber medidas complementarias, anticipa el diputado Padilla López, esta medida puede alentar la industria educativa “subterránea”, de la que surgen las escuelas patito, las cuales ante la incapacidad del sistema público para absorber la demanda obtienen el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), aunque haya “muy poco control” sobre ellas.
Carlos Muñoz Izquierdo, investigador de la Universidad Iberoamericana, advierte que el subsidio a las colegiaturas mediante la deducción de impuestos puede servir como incentivo al sector privado, pero la deducibilidad por sí misma no aumentará la demanda educativa.
Dice que sería más conveniente invertir los recursos en mejorar la calidad de la educación pública. Con la medida anunciada por Calderón, en cambio, se da un beneficio fiscal a las escuelas privadas, que a fin de cuentas son un negocio:
“Vamos al revés. Se debería estar apoyando a la educación básica pública, respetando el derecho a la educación, en lugar de ofrecer una educación de calidad dudosa, que no tiene mayor impacto, mal administrada, que no cumple el objetivo de formar”. El decreto, dice, “no garantiza siquiera que las escuelas privadas mejoren su calidad educativa”.
Según Eduardo Andere, investigador del ITAM y analista de políticas educativas, en la medida que se apoye a las escuelas de paga por encima de las instituciones públicas, el sector privado tendrá aún más recursos para apoyar el aprendizaje de los niños y jóvenes que más posibilidades tienen. En consecuencia, afirma, los alumnos del sistema público, que son el 90% de la matrícula, contarán con menos recursos y se acentuará el rezago.
“Nunca había visto algo tan clasista”, dice Manuel Gil Antón, investigador del Centro de estudios Sociológicos de El Colegio de México: “El decreto del presidente conduce a pensar que está beneficiando con un subsidio fiscal a aquellos que en México tienen mayores recursos y, en un efecto contrario, se margina a los demás. Eso define al México de hoy”.
Desde el punto de vista político, observa, para Calderón “es mucho más sencillo hacerle más barato a la gente el servicio privado, en vez de enfrentar al SNTE y a la inmensa burocracia de la SEP”. Para Gil Antón la propia deformación de la medida es el mensaje: “El gobierno, que es el responsable de la educación pública, da facilidades para que (los ciudadanos) cambien a la privada, en vez de asumir sus obligaciones” y mejorar su trabajo.
Más desigualdad
De gira por Oaxaca, 24 horas después de anunciar su decreto, Felipe Calderón le hizo propaganda: “Porque estamos convencidos de que la educación es la llave del futuro de México, tomamos una decisión que beneficia a las familias que realizan un enorme esfuerzo económico para buscar las mejores condiciones educativas para sus hijos”. Al respecto comenta Gil Antón:
“En su justificación de la medida, el presidente dice que se tomó con el afán de apoyar a las familias que hacen un ‘enorme esfuerzo’ por ayudar a sus hijos. Mi primera pregunta fue: ¿qué, las familias que mandan a sus hijos a la escuela pública no hacen también un enorme esfuerzo para sacar a los suyos? ¿Para él no existen, no tienen rostro?
“Me pareció verdaderamente preocupante la omisión del presidente del esfuerzo que hacen los padres de familia de los niños que van a la escuela pública. En muchísimos casos la proporción del ingreso que destinan las familias más pobres para la educación pública, por sus costos, es mucho mayor en proporción que la de los padres de clases media y alta.”
Aclara que en los hechos la educación pública no es gratuita: “La escuela pública cuesta. No tiene colegiaturas formales pero sí colaboraciones continuas, aun cuando la gratuidad debe ser absoluta”.
En esto coincide, en entrevista por separado, el diputado José Trinidad Padilla, quien fue rector de la Universidad de Guadalajara. Indica que el gobierno federal “no ha podido” combatir la “perniciosa” práctica del cobro de aportaciones “voluntarias”. “Cientos de miles” de padres de familia de bajos recursos tienen que pagar esas cuotas, con las que se remedian en parte las carencias de insumos, materiales e infraestructura que padecen las escuelas públicas. “Para todos esos mexicanos no hay una mano tendida, un subsidio real, la exención de nada”, reclama el legislador.
Por eso califica el decreto presidencial de “discriminatorio”, ya que “no es lo mismo ir a estudiar a una escuela que no tiene baños, que no tiene luz, que en una escuela que tienen biblioteca y hasta un gimnasio”.
El problema medular, dice Padilla López, es que el decreto de Calderón acentúa uno de los problemas por los cuales México se encuentra entre los tres países de América Latina con mayor desigualdad social. El acceso a los servicios educativos de calidad, enfatiza, “es uno de los componentes importantes del famoso índice de Gini, que mide el índice de desarrollo humano. Ahí estamos muy rezagados”.
Para Eduardo Andere, la crítica más “profunda” que puede hacérsele al decreto de deducción de las colegiaturas es que margina a un sector mayoritario “cuando la educación debe igualar a los diferentes estratos sociales en un país tan dividido por la desigualdad socioeconómica”.
De esa manera, la medida no se queda en un error de planeación: “Los subsidios discriminados, cuando van a un sector minoritario, tienen efectos perversos para el resto de la población: en un país pobre alcanzas a menos gente, no elevas la calidad educativa y segregas al pueblo”.
Más aún, el subsidio puede tener consecuencias contrarias a las esperadas: “Cuando las escuelas privadas se vean con mayor demanda, no habrá manera de impedirles elevar su precio. Al subir la colegiatura no sólo se elimina el beneficio (fiscal) que se está dando, ni siquiera hay certeza de que (los dueños de las escuelas) utilizarán esos recursos para mejorar los servicios porque es una ganancia. Es como si se hubieran sacado la lotería de la noche a la mañana. Les crearon la posibilidad de tener mayores ingresos sin que ellos hayan mejorado sus servicios”.
Absurdo fiscal
El decreto de Felipe Calderón establece que en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta se podrá deducir 30% de montos que van desde 12 mil 900 pesos por año para educación básica, a 24 mil 500 en bachillerato.
Estas cantidades corresponden a lo que la SEP ubica como gasto por estudiante en cada uno de los niveles de la educación pública. Las deducciones serán equivalentes al costo por alumno inscrito en las escuelas públicas y sólo tendrán acceso a ellas quienes hayan cubierto las cuotas con cheque o por transferencia electrónica.
“Es absurdo. El argumento es que los padres que llevan a sus hijos a la educación privada pagan educación pública con sus impuestos. Vamos a devolverles lo que no usan. Por eso la devolución es el costo promedio de la educación de cada nivel”, dice el investigador Muñoz Izquierdo.
Si el Ejecutivo utilizó un criterio de resarcimiento para hacer deducibles las colegiaturas, los contribuyentes que no usan el metro podrían solicitar la devolución de sus impuestos para utilizar ese monto en gasolina, explica.
Para el diputado Padilla López, el tema de fondo es que la deducción significa un gasto fiscal para el Estado que la SHCP calcula en aproximadamente 13 mil millones de pesos. “Si antes no había recursos suficientes” para fortalecer el sistema público de educación, este gasto fiscal reduce “todavía más” el monto que podría destinársele.
El presidente de la Comisión de Educación compara la medida con la propuesta de presupuesto que ha enviado el Ejecutivo en los dos últimos años: “Por lo menos los dos últimos periodos que yo he estado al frente de la comisión, llega con recortes al rubro educativo. Somos los diputados los que hemos podido subsanar ese recorte y poner un poco más, en una negociación muy complicada con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que es donde se toman las decisiones sobre los recursos para la educación, no en la Secretaría de Educación Pública”.
Además, dice el legislador, la gran incógnita es cómo pretende el gobierno federal “digerir” la merma de 13 mil millones de pesos en sus ingresos. “Una posibilidad es el excedente petrolero –ejemplifica–, la diferencia que hay entre lo que se presupuestó cuando el precio del barril era de 65 dólares y lo que se está recibiendo con el precio de 100 que hay ahora. El problema de los recursos que tienen ese origen es que son temporales y sólo se pueden usar en determinados rubros que no impliquen una permanencia de ese gasto”.
Asimismo “sabemos que hay una caja chica, que ya no es tan chica, de la cual el Ejecutivo puede disponer de varios miles de millones de pesos, pero no sabemos en qué los van a gastar”.
El diputado critica que, si el gobierno tiene tal capacidad de ahorro, no lo destine a la educación pública. “Para empezar debería cumplir con lo que la ley ya ordena, que es invertir al menos 1% del PIB en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Desde 2005 no hemos pasado del medio punto porcentual, y eso está tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología como en la Ley General de Educación”.
El analista Eduardo Andere dimensiona el absurdo: el dinero que se va a dejar de percibir alcanzaría para sostener a tres instituciones como la UNAM cada año.
Decreto electorero
Los impuestos deducidos por las colegiaturas privadas serán repuestos por vez primera a los contribuyentes entre marzo y abril de 2012, en vísperas de la elección presidencial.
El diputado José Trinidad Padilla reprocha que la medida fiscal se haya decidido de manera unilateral, sin discusión previa en el Congreso, a fin de “redituarle” votos al partido de Calderón. “Queda muy claro el trasfondo del asunto. Muy oportunos, los impuestos los van a ir regresando en tiempos electorales”, reitera.
Carlos Muñoz Izquierdo señala que el gobierno ofrece la exención del impuesto a cambio de ventajas políticas. Con la medida no ganan los estudiantes, no gana la educación ni gana el país, dice: “Ganará el presidente. Habrá que preguntarse por qué ahora”.
Eduardo Andere entiende que desde el punto de vista político Calderón pretenda mostrar “avances” en educación, aunque éstos no son reales. “Los sectores conservadores lo van a ver así: por fin un presidente que crea un estímulo fiscal a la educación privada, pero en realidad, cuando le rascas a los efectos técnicos que tiene, no es una medida de Estado de la que el país se beneficie”.
El mismo 14 de febrero, la hasta entonces presidenta del PRI, Beatriz Paredes, denunció que la medida le había sido “pirateada” a su partido por el PAN. “Eso nos deja ver que entre PRI y PAN hay una confluencia en su visión de país muy clara, que unifica el desprecio al sector mayoritario de mexicanos”, dice al respecto Gil Antón.
El investigador del Colmex propone: “El Ejecutivo es el responsable de la calidad de la educación pública. No solamente tendría que ponerse el presidente la camisola de soldado, sino también en la mano un gis y un borrador, y saberse en la educación pública, no en la privada”. l
Educación: más mentiras
axel didriksson
En las postrimerías de este sexenio, que será recordado como el de los muertos civiles y como el de un gobierno que mostró su incapacidad para mover el poder del Estado frente a la más vil de las delincuencias (nada que ver con el modelo colombiano, porque allá han operado grupos guerrilleros con un histórico arraigo social), la iniciativa que se ha presentado para incidir en el sector educativo, y que da cuenta del tipo de régimen que tenemos, es la de un estímulo fiscal por el pago de servicios educativos privados.
Con algunas excepciones, Calderón pudo unir, con esta propuesta fiscal, a casi todos… pero en su contra. Los pocos que han apoyado tan grandiosa iniciativa, fuera de su gabinete por supuesto, ha sido una asociación fantasma que busca representar a los padres de familia de orientación católica, que ha sostenido durante años las ideas más conservadoras y retardatarias sobre la educación en el país –de cuyo nombre no vale la pena ni acordarse–, y el rector de La Salle de Hidalgo, quien de plano se saltó la barda cuando, inspirado por la iniciativa calderonista, propuso que la educación pública debería de plano desaparecer a favor de la de “buena calidad”, es decir, en sus palabras, la privada (El independiente de Hidalgo, 27 de febrero de 2011). Hasta allí llega la inspiración panista.
Entre los “sesudos” que defienden la propuesta, varios argumentan que, además del ahorro de 11 mil a 13 mil millones para beneficio de 3.1 millones de alumnos –frente a cerca de 30 millones de estudiantes de preescolar a bachillerato en escuelas públicas–, se producirán beneficios progresivos en los ingresos de las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas. (Desde luego, sin considerar todo el embrollo burocrático y contable que enfrentarán para hacer efectiva la deducibilidad de sus impuestos.)
El problema es que, desde una perspectiva meramente económica, esta medida no tendrá ninguna consecuencia redistributiva sobre la actual desigualdad de los ingresos. Por el contrario, el mecanismo fiscal sólo fortalecerá a quienes ya han adquirido las posibilidades de distribuir sus rentas ante gastos educativos determinados. Chile, que es el ejemplo al que se recurre, constituye precisamente la mejor muestra de que este tipo de recursos fiscales no coadyuvan a la redefinición de la distribución de los ingresos entre la población.
A pesar de que se ha argumentado que con esta medida “mejorará” la educación nacional, debe señalarse con toda claridad y contundencia que eso no ocurrirá de ninguna manera, porque los mecanismos fiscales no inciden de manera directa en la calidad del aprendizaje ni mejoran el desempeño escolar de las instituciones. Son otros factores los que se relacionan con esto, como la organización del currículum, la formación y preparación de los maestros, la buena gestión escolar, la infraestructura adecuada, los espacios culturales, deportivos y recreativos, de los cuales se carece en el sector público del sistema educativo de forma generalizada, al igual que en la mayoría de las escuelas privadas.
Contra la idea gubernamental de que la deducibilidad de los impuestos se traducirá en el mejoramiento de la educación, la prueba PISA (OCDE, 2010) demostró que en México la relación de los ingresos familiares medios y altos del alumno no impactan en su mejor desempeño, lo cual se atribuye, entre otros aspectos, a la proliferación de escuelas patito y a la obsolescencia de los conocimientos que se reproducen en el conjunto del sistema educativo, tanto público como privado, al parejo.
No deben decirse, pues, tantas mentiras al mismo tiempo, porque muchas de ellas caen de inmediato por sí mismas o llega el momento en el que no concuerdan con la realidad y resultan hasta risibles. Pero dentro del sistema educativo del país se han proferido tantas mentiras y en etapas tan frecuentes que ya forman parte de un catálogo para su recuento. Quizás esta pueda ser la nueva tarea del actual secretario del ramo, quien en virtud de que no puede demostrar que es educador, aparece como historiador. O sea que a darle… l
Otro vuelo cancelado
Rosalía Vergara
Dolidos aún por el golpe de PC Capital, que se desistió de invertir en Mexicana de Aviación, pilotos y sobrecargos de la aerolínea tuvieron que reconsiderar la propuesta de TG Group para evitar la quiebra de la empresa. Hoy sólo piden a los empresarios de esa firma que presenten una oferta novedosa para echar a volar las naves. El tiempo se les acaba; necesitan con urgencia 220 millones de dólares para comenzar a operar y aún no saben dónde conseguirlos.
El concurso mercantil de Mexicana de Aviación debe resolverse a finales de marzo y aun cuando el plazo puede prorrogarse seis meses, la aerolínea apenas tiene fondos para sobrevivir. El intento por rescatarla a través de PC Capital, firma representada por Pablo Coballasi y Pablo José Cervantes Belausteguigoitia, fracasó el martes 1, al romperse las negociaciones entre las partes, iniciadas cuatro meses atrás.
Hoy, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, sostienen que la empresa necesita urgentemente una inyección de 220 millones de dólares para operar o se irá a la quiebra.
El dinero sería utilizado para echar a andar un “plan de negocios” elaborado por Arturo Barahona Oyervides, según el cual comenzarían a volar 30 aviones: 11 unidades airbus 320; nueve airbus 319 y 10 airbus 318 con un proveedor de aeronaves en ocho rutas nacionales, ocho en Estados Unidos y nueve en el resto del mundo.
De acuerdo con ese esquema, se usarían 25 estaciones en México, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Al principio se invertirían mil 600 millones de pesos; se recontrataría a mil 672 personas, entre pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra que laborarían con contratos colectivos reducidos a los niveles de Volaris o Interjet. El administrador sería el propio Barahona. Además, la empresa se compromete a revalidar a los clientes los boletos adquiridos antes del concurso mercantil.
Pese a que hace cuatro meses los gremios de pilotos y sobrecargos rechazaron la propuesta de TG Group por considerar que su propuesta de rescate de la aerolínea era inviable, hoy están reconsiderando la oferta de esta firma en la que laboran como ejecutivos Jorge Moya Huerta, exdirector de la aerolínea costarricense Transportes Aéreos del Continente Americano (TACA) y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara Nacional de Autotransportes.
El año pasado, antes de que se iniciaran las pláticas con PC Capital, Juan Carlos Torres, Ricardo Carricarte, Juan Pablo Vega, así como la Organización Ramírez, propietaria de la cadena Cinépolis, presidida por Enrique Ramírez Villalón, presentaron una propuesta a nombre de TG Group. La víspera, Grupo Ixe se había retirado de la negociación para invertir en Mexicana.
Los representantes de ASSA y ASPA intentan saber cuál es el interés real de TG Group para “darle viabilidad” a Mexicana, ante la versión de que en el fondo su propósito es transformarla en una compañía “alimentadora” de la aerolínea colombiana Avianca-TACA y use las rutas a Centroamérica, Estados Unidos y el interior del país, para beneficiar a empresarios centroamericanos.
La dirigente de las sobrecargos, Lizette Clavel, afirma que “por fortuna” la propuesta de TG Group no es la única. Dice que esa firma sólo tiene dos opciones en esta negociación: unirse al plan de negocios que tenía PC Capital o presentar uno que se ajuste a las condiciones financiera, operativa, tecnológica y jurídica de Mexicana.
Confía en que la aerolínea se reactive en breve, pues “ya está la mesa puesta”. Lo único que falta para echarla a volar es la inversión, comenta la representante de la ASSA.
Su colega Fernando Perfecto, dirigente de la ASPA, coincide en que este grupo de inversionistas debe presentar una propuesta novedosa; de lo contrario no tendrán éxito.
En entrevista con Proceso, Ricardo Carricarte, quien el año pasado fungió como representante de TG Group, junto con Juan Carlos Torres y Juan Pablo Vega, asegura que se trata de renegociar el número de aeronaves que volarán, lo que implica ajustar el número de trabajadores recontratados. Él considera que lo primordial es comenzar “con lo que haya” de activos en Mexicana de Aviación.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), que aglutina a empleados de tierra, sostiene que su futuro laboral no está en riesgo. Sus dirigentes comentan que firmaron un convenio con TG Group para garantizar las fuentes de trabajo de sus agremiados de Mexicana de Aviación, Click y Link.
Ese acuerdo, según el sindicato, es independiente de los de la ASSA y la ASPA, aunque admite que las condiciones laborales de sus agremiados están muy castigadas, como las del resto de las aerolíneas que tienen contratos de protección o patronales.
Trancazos a Mexicana
TG Group es una empresa mercantil constituida el 18 de octubre de 1999. Según la escritura pública 36702 del Registro Público del Estado de México, su domicilio fiscal está en el municipio de Naucalpan. Sus ejecutivos aseguran que cuentan con recursos propios y con crédito nacional e internacional para realizar sus actividades.
El convenio laboral firmado el 1 de noviembre de 2010 por Miguel Ángel Yúdico, secretario general del SNTTTASS, y el representante jurídico de TG Group, Juan Carlos Torres, establece que el propósito es “mantener como activo en funciones y fuente de trabajo abierta el conjunto de los que integran Nuevo Grupo Aeronáutico que sirven a la prestación de Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Click Mexicana y Mexicana Link)”.
En el documento, cuya copia tiene Proceso, ambas partes advierten que si se reabren esas empresas “mantendrán las condiciones laborales pactadas en los contratos colectivos de trabajo. La vigencia de éstos sería de cuatro años, por lo que vencerían el 1 de noviembre de 2014. También especifica que habrá “un incremento salarial anual equivalente al índice de precios al consumidor anualizado, más 2% de los salarios tabulados y a homologar la fecha de vigencia de los contratos mencionados para el día 2 de noviembre de cada año”.
El contrato menciona que TG Group reactivará Mexicana de Aviación, Link y Click bajo la condición de recibir sus activos y administrarlas y se compromete a gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “las facilidades necesarias para la puesta en operación (de las aerolíneas) en el menor tiempo posible”.
Además, promete coadyuvar con el conciliador del concurso mercantil “para lograr el convenio de reestructuración de los pasivos” de Mexicana de Aviación, Link y Click. El SNTTTAS, a su vez, se abocará a gestionar ante el gobierno “quitas o apoyos públicos” para obtener “recursos de crédito o inversión al objeto de este convenio”.
Entrevistados por Proceso, los dirigentes de ASSA, Lizette Clavel, y de ASPA, Fernando Perfecto, manifiestan su desconcierto por la suspensión de la negociación con PC Capital. Clavel asegura que le enseñaron los estados financieros para corroborar su viabilidad económica, mientras que Perfecto vio las “proyecciones” para la inversión.
El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, comenta por separado que fue “frustrante que después de tanto tiempo (cuatro meses) no se haya entregado el dinero (a la aerolínea)”.
El jueves 3 el funcionario panista señaló en conferencia de prensa que se analizará el plan de negocios de TG Group. Comentó que con menos de 220 millones de dólares es imposible operar la empresa; dijo estar consciente de que si no hay acuerdo, se tendrá que declarar en quiebra.
Cuestionada sobre si el “golpe” de PC Capital a la aerolínea es similar al propinado por Gastón Azcárraga a Mexicana, al transferir los activos de Compañía Mexicana de Aviación al Nuevo Grupo Aeronáutico para después declararla en quiebra, Clavel afirma que ese fue el primer “trancazo” a la aerolínea, pero ha tenido más embates, como la falta de compromiso para operarla por Tenedora K “o Grupo Advent” y de Grupo Ixe, que al principio se mostraron interesadas en invertir, pero luego se retiraron.
“Si a esto le sumamos que los trabajadores prácticamente no han tenido ingresos desde hace seis meses, así como las críticas y los intereses particulares y políticos vinculados al deseo de que Mexicana no retome el vuelo, me parece que estamos en el coctel perfecto para estallar este proyecto”, considera.
Su compañero Perfecto confía en echar a volar a Mexicana de Aviación, aunque reconoce que durante la negociación sobre las condiciones laborales con los tres grupos inversionistas mencionados cedieron en sus derechos; con PC Capital acordaron quedarse sólo con 2.7 de 5% de las acciones que tenían ya negociadas; pero este pacto se cayó cuando se anuncia “esta simulación” de financiamiento y se agravia al país, a la aviación, a los usuarios y a los trabajadores de Mexicana de Aviación y a sus familias, dice el dirigente de la ASPA.
La pifia de PC Capital
PC Capital Partners, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, es un grupo intermediario conformado por inversionistas mexicanos y españoles, según el Registro Público de la Propiedad –folio 387574– fechado el 12 de septiembre de 2008.
De acuerdo con ese documento, la empresa cuenta con un capital de 50 mil pesos para promover, construir, organizar, explotar, adquirir y tomar participación en el capital social o patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, nacionales y extranjeras.
Sin embargo, en ningún apartado se indica que PC Capital “es una firma de inversiones especializada en reestructuras financieras”, como resaltó Pablo Coballasi Durand, cuando era apoderado legal de ese grupo empresarial.
Según el folio, el accionista “B” es Pablo José Cervantes Belausteguigoitia, en tanto que Coballasi es el presidente de PC Capital.
Cervantes Belausteguigoitia, hijo del empresario Pablo Cervantes, es miembro del Consejo de Administración de Grupo Posadas, encabezado por el exdueño de Mexicana de Aviación Gastón Azcárraga Andrade, quien traspasó sus activos a NGA en un intento por quebrar la empresa.
Entre los socios de Grupo Posadas aparece Javier Molinar Horcasitas, hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes y actual secretario de elecciones del PAN, Juan Molinar Horcasitas.
Cervantes Belausteguigoitia fue director de Grupo Kuo, dirigido por Juan Marcos Gutiérrez Wanless desde 2007, y cuyo presidente del Consejo de Administración es Fernando Senderos Mestre, mientras que Alberto Bailleres González es el presidente ejecutivo. Bailleres y Azcárraga fueron consejeros independientes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Además, Azcárraga es miembro del Consejo de Administración del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), organismo al que Mexicana le adeuda 991 millones 967 mil pesos.
Durante la campaña presidencial de 2006, él y su familia fueron “simpatizantes en efectivo” de Felipe Calderón, pues donaron 1 millón de pesos. Los hermanos Carlos y Pablo Azcárraga actuaron de manera similar, al aportar cada uno su respectivo millón al candidato panista, mientras que Luis Emilio Azcárraga García sólo dio 50 mil pesos, de acuerdo con información del mismo PAN.
Otros socios de PC Capital son, de acuerdo con el administrador de Mexicana de Aviación, Javier Christlieb, Alejo Peralta Terán, Rubén Vila Garcíasordo y su hijo Ramón Vila.
Peralta Terán es nieto del fundador de Grupo IUSA y accionista de Aerolíneas Mesoamericanas (Alma), que el 7 de noviembre de 2008 anunció la suspensión de operaciones y la sometió a concurso mercantil.
Vila Garcíasordo fue representante en Europa de Avolar, la aerolínea ligada a los hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente panista Vicente Fox. El año pasado enfrentó la causa penal 360/2010 en el 40 Juzgado en España por presunto fraude genérico.
Viendo al futuro
El plan de negocios de PC Capital fue elaborado por Arturo Barahona Oyervides, quien dirigió Aeroméxico entre 1994 y 2004. El 20 de mayo de 2004 se incorporó al consejo de administración como asesor de la dirección general, antes de que Gastón Azcárraga, dueño de Grupo Posadas y de Mexicana de Aviación, vendiera los activos a Tenedora K, para evitar que se le fincaran responsabilidades por la quiebra inducida de la aerolínea.
Si Mexicana de Aviación vuelve a volar será con 39 pilotos, 80 sobrecargos y 846 técnicos de mantenimiento, de acuerdo con Lizette Clavel. Iniciará con seis aviones y en el futuro sumarán 40, que cubrirán itinerarios a Cancún, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Los Ángeles, Miami, San Antonio y La Habana. Según ese plan, el 24 y 25 de febrero pasado debió hacerse el proceso de liquidación y recontratación de personal.
Para su funcionamiento, la empresa contará con el apoyo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que administra 12 aeropuertos en la zona del Pacífico. Entre los socios de ese organismo destaca Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, el concesionario de varias minas mexicanas, así como Eduardo Gallástegui Armella. Él es miembro del Consejo de Administración de GAP, avalado por Grupo México, de acuerdo con un oficio fechado el 30 de julio de 2010 y firmado por Alberto de la Parra Zavala.
Gallástegui Armella es socio de Gerardo Lozano Alarcón, hermano del titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, en los Despachos Gallástegui-Lozano SC, fusionado con Holland & Knight, que le disputó a Intermix, una empresa establecida en Islas Caimán, el derecho de Pemex a comercializar la marca en Estados Unidos y ganó (Proceso 1740).
En el comité operativo de GAP figuran también Laura Diez Barroso Azcárraga, quien funge como presidenta del Consejo de Administración, y Eduardo Sánchez Navarro Redo. l
Especuladores impunes
Juan Carlos Cruz
Es verdad que hay una crisis mundial de producción de granos y es cierto también que la demanda de maíz ha aumentado, sobre todo desde que se le usa para elaborar combustibles, pero nada de eso tiene que elevar el precio de la tortilla, aseguran representantes de nixtamaleros y tortilleros de todo el país. Las alzas, dicen, las provocan especuladores que ocultan el producto en sus bodegas... y el gobierno parece incapaz de meterlos al orden.
En México son las grandes empresas comercializadoras las que dominan la cadena productiva del maíz y la tortilla, y el gobierno parece incapaz de controlarlas. El resultado es que esas compañías venden muy caro a los nixtamaleros y al final esto afecta a los consumidores.
El origen aparente del problema está en los fenómenos naturales: como hace dos años, hay otra crisis mundial de granos debido a la escasez provocada por las heladas en Sinaloa; las sequías en Brasil, Argentina y Rusia y las inundaciones en Australia.
En cuanto al maíz, su demanda global creció por el aprovechamiento del grano para la producción de etanol y por el aumento del consumo en India y China, países que tuvieron una notable expansión demográfica en los últimos años.
Según el Banco Mundial, el precio del maíz tuvo el índice más alto de los últimos cinco años. De junio a diciembre de 2010 subió 63.9%, cifra superior a la de la crisis de 2008, cuando el alza fue de 49.3% en el primer semestre.
La actual crisis dejó a México en una situación vulnerable para la cadena maíz-tortilla: sólo en un par de semanas las comercializadoras elevaron el precio de la tonelada de 3 mil
Alberto Jiménez Merino –exrector interino de la Universidad Autónoma de Chapingo, exconsultor de la FAO, diputado federal, coordinador del sector agrario e integrante de las comisiones de Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos– señala:
“La crisis ya está, es mundial y nosotros estamos inmersos. Mucho de lo que se está jugando ahora es especulación. Se puede estar guardando maíz para generar mayor presión y posteriormente liberarlo cuando el precio sea más alto.”
En entrevista con Proceso, Jiménez Merino advierte que las medidas aplicadas por el gobierno federal para contener la especulación “han sido insuficientes e injustas”, pues se busca castigar sólo al eslabón más vulnerable, los industriales de la masa y la tortilla, y no a las grandes comercializadoras”.
Explica que “el precio del maíz se fija en la Bolsa de Valores de Chicago, pero en tiempos de crisis en México lo aumentan más. Hasta donde se dejen los industriales y el gobierno federal no vigila con el pretexto de que se fija a nivel internacional”.
No obstante, organizaciones de industriales de la masa y la tortilla acusaron a intermediarias como Cargill, Archer Daniels Midland y Portimex de aprovechar la escasez del grano para incrementar en sólo dos semanas el precio de la tonelada 60%.
Pese a que el gobierno federal dijo que hay abasto suficiente –de las 500 mil hectáreas de maíz blanco perdidas se resembraron 300 mil–, pues se importaron 700 mil toneladas, ante el encarecimiento del grano esas organizaciones preguntan dónde está lo que se importó.
Greta Villaseñor, directora ejecutiva del Consejo Empresarial de la Industria del Maíz y sus Derivados, rechazó que la industria de la masa y la tortilla haya generado la especulación, ya que el grano que compran pasa antes por uno o más intermediarios.
Sostuvo que a pesar de las reuniones con el gobierno federal, no ha habido una baja en el precio del producto, lo que ha hecho que el kilo de tortilla llegue a 13 pesos o más.
Agrega: “Lo que hacen los bodegueros y comercializadores es incrementar los precios en forma exagerada para que nuestro sector tenga menos capacidad de compra: un molinero compraba 20 toneladas a la semana, ahora compra 10 o
Señala que mientras se desata la especulación existe la probabilidad de desabasto por los riesgos que implica la resiembra de 300 mil hectáreas en Sinaloa y explica que hay tres factores de riesgo.
Los dos primeros son la escasez de semilla y de agua: 95% de la producción de Sinaloa en el ciclo otoño-invierno se basa en el riego. El ciclo primavera-verano es de temporal y de éste se espera que aporte 180 mil toneladas. El tercer factor es el bajo rendimiento de las hectáreas resembradas: “Se espera que el rendimiento promedio sea de 7.5 toneladas por hectárea. Los más eficientes producen 15 toneladas por hectárea y el promedio es de
“Todos estos riesgos los conoce el mercado. El tema es que si me quedo sin maíz, una comercializadora dice: de dónde obtengo el producto que no hay. Hay un riesgo de desabasto.”
Sin embargo, Villaseñor asegura que los bodegueros y las comercializadoras aprovechan esa situación para subir el precio de la tonelada a su conveniencia y de manera injusta, pues tienen grano almacenado.
“¿Dónde está el maíz?”
La Secretaría de Agricultura indica que para este año se prevé una producción de maíz de unos 23.3 millones de toneladas, de los que 11.7 millones son suficientes para el consumo humano (7.3 millones de toneladas para la industria del nixtamal, harina y para Diconsa, y 4.4 millones para “otros usos”).
Los nixtamaleros están preocupados. Baltasar Bonilla Mercado, presidente de la Federación de Productores de Masa y Tortillas del Estado de Querétaro, asegura: “Vi lo que decía el secretario Francisco Mayorga la semana pasada, que sí tenemos abasto en México. Yo quisiera saber dónde está”. Y exige que el gobierno actúe para poner un tope al precio del maíz. “No importa cuál sea. Para tener claridad en el túnel”.
Agrega que el kilo de tortilla está entre 10 y 11 pesos en Querétaro, aunque con los aumentos en la tonelada de maíz se prevé subirlo a entre 12 y 13 pesos.
Aída Palafox Fuentes, representante de la Cámara Regional de la Industria de Productores de Tortillas en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, comenta que las comercializadoras han amenazado con subir la tonelada hasta 7 mil pesos y señaló que es muy difícil denunciar estos hechos a las autoridades, pues las almacenadoras no dan facturas de las compras.
En esas tres entidades, el kilo de tortilla cuesta entre 11 y 13 pesos, aunque aseguró que los precios no se pueden sostener ante los incrementos del costo de la tonelada.
Ramón Manuel Ramos, de la Unión de Molineros del Sureste, reconoció que la mayoría de las veces los acaparadores no compran con facturas. “Compran su cosecha y pueden decir que compraron a un precio y en realidad compraron a otro. Por eso dan el precio que quieren”.
En cuanto al precio de la tortilla en la península de Yucatán, explicó que va de
Morayma Preza Espinoza, presidenta de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco, reconoce que hay incertidumbre ante los aumentos en el precio del maíz.
Afirma que “así como dicen que no hay desabasto, ojalá se establezca un precio fijo; somos quienes menos queremos que el producto suba, nosotros estamos atrás del mostrador”.
Y advirtió que si los aumentos siguen la situación será insostenible para molineros y tortilleros, y eso provocaría un alza en el kilo de tortilla hasta 12 pesos.
Víctor Carrillo, director de la Federación de Productores de Masa y Tortilla del Estado de Guanajuato, coincide con otros industriales en que uno de los principales problemas es que los intermediarios no facturan y así no se pueden denunciar los abusos.
Dice: “Es un problema muy grave y el gobierno federal lo sabe. Con las puras declaraciones quiere evitar esta bronca... y la bronca ya está encima. El problema es que no vemos claramente una acción del gobierno federal como para decir ‘hasta aquí llegó esto’ o ‘vamos a actuar de esta forma’”.
Contra las tortillerías
El gobierno federal inició acciones contra las tortillerías que rebasaran el precio promedio nacional del producto, que según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía (SE) era de 10.46 pesos hasta el pasado 28 de febrero.
No sólo eso. Bruno Ferrari, secretario de Economía, advirtió a tortilleros y molineros que se multará hasta con 80 millones de pesos a los industriales de la tortilla que cometan actos de colusión y fomenten el pánico entre la población por la pérdida de las cosechas.
Añadió que las comercializadoras no son ajenas a las sanciones y por ello “estamos buscando (...) quién pudiera estar no solamente encareciendo, sino ocultando el maíz”. El titular de la SE admitió que no hay un precio mínimo-máximo de la tonelada del grano.
Esa falta de información impide al gobierno poner orden en la cadena maíz-tortilla y sólo impone sanciones al más débil: la Procuraduría Federal del Consumidor informó que en febrero multó a 70 dueños de tortillerías pues en sus establecimientos el kilo se vendía a 12 pesos.
No es lo mismo para los especuladores: el pasado 24 de febrero en una conferencia de prensa el titular de Economía dijo que son pocas las comercializadoras que “han aprovechado la confusión para aumentar el precio”. Bruno Ferrari se negó a dar los nombres de las compañías
involucradas.
Alberto Jiménez Merino califica de injustas las medidas tomadas por el gobierno. Apunta que “el eslabón de los industriales es el más visible, es el primero con el que consumidor interactúa y si veo que están poniendo la tortilla por arriba de 12 pesos, es el primero al que le echo la culpa”.
El diputado destaca que “falta un estudio del costo de la tortilla. No se puede estar regulando, determinando, orientando el precio de la tortilla si no se conoce el costo. Se necesita un estudio de costos porque en las estadísticas tradicionales no aparece”.
En el mismo sentido, Greta Villaseñor puntualiza que “tanto en la crisis de 2008 como ahorita se quiere hacer responsable al eslabón más débil de la cadena: nosotros. El secretario Ferrari y la subsecretaria Lorenza Martínez nos dicen que somos los que estamos calentando el mercado porque salimos diario a comprar y aceptamos pagar esos precios tan altos”.
Un clan delirante
Anne Marie Mergier
El coronel Muamar El Gadafi educó a la mayoría de sus hijos casi a su imagen y semejanza: excéntricos, arrogantes, autoritarios. Les asignó responsabilidades en el Estado a cuyo amparo se enriquecieron. Otrora rivales en las sordas luchas internas por el poder, hoy la desgracia los junta: ante la rebelión interna y la presión internacional, se aferran a un régimen que se tambalea y desatan la represión contra sus conciudadanos.
PARÍS.- Tardía pero drástica fue la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada unánimemente el pasado 27 de febrero.
El máximo órgano de decisión de la ONU ordenó un embargo total a las ventas de armas a Libia y congeló todos los activos financieros de la familia Gadafi, cuyos miembros tienen prohibido viajar al extranjero. Instó también a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya a abrir una investigación sobre los crímenes cometidos contra la población libia por las fuerzas represivas bajo el mando de Muamar El Gadafi, de sus hijos y de altos mandos policiacos, militares y paramilitares.
La respuesta de la CPI fue inmediata: el pasado martes 1 anunció que ya había iniciado dicha investigación.
El Guía de la Revolución y su escandalosa familia quedaron atrapados en su propio país y la tensión es máxima en ese microcosmos. Desde hace años lo sacuden las violentas rivalidades de sus integrantes, todos ellos cegados por el poder.
Hasta el jueves 3, las fuerzas especiales y las milicias de mercenarios, entre cuyos altos mandos están tres de los ocho hijos de Gadafi –Muatassim, Jamis y Saadi–, sembraban el terror en Trípoli e intentaban reconquistar la parte oriental del país.
¿Qué pasará cuando el líder libio, sus familiares y seguidores queden atrapados en su búnker?
Seif al-Islam –el segundo hijo de Gadafi, su vocero y, hasta antes de que estallara la revuelta, su posible sucesor– declaró enfático que su familia tiene tres planes de acción: “Plan A: vivir y morir en Libia. Plan B: vivir y morir en Libia. Plan C: vivir y morir en Libia”.
El pasado 20 de febrero, después de tres días de manifestaciones, Seif amenazó al pueblo libio con un baño de sangre. Ahora atiende a la prensa internacional, a la que asegura que el régimen de su padre sigue controlando al país.
El “delfín”
Seif al-Islam nació en 1972 en Trípoli. Su madre, Sofia Farkash, es la segunda esposa de Gadafi. Hasta antes de sus violentas diatribas contra los manifestantes era bien visto por la Unión Europea y Estados Unidos, que lo consideraban líder de la corriente reformista dentro de la cúpula del poder libio y aplaudían su oposición a la tendencia conservadora que encarnaba su hermano Muatassim.
El delfín de Gadafi se graduó en 1994 en ingeniería y arquitectura en Trípoli. Luego se fue a estudiar a Viena y en 2008 obtuvo un doctorado en la muy afamada London School of Economics.
En el violento contexto actual de Libia, asombra que el tema de su tesis de doctorado sea El papel de la sociedad civil en el proceso de democratización de las instituciones de gobernanza global: del soft power a la toma de decisión colectiva.
Pero más interesantes aún son las denuncias en su contra por plagio que empiezan a circular en internet. La semana pasada se puso en evidencia que siete partes de su tesis fueron copiadas textualmente de otros trabajos. La London School of Economics, que se vio obligada a reconocer que Seif al-Islam le obsequió 1 millón y medio de libras esterlinas, empezó una investigación sobre el contenido de dicha tesis.
Mientras reflexionaba sobre el papel de la sociedad civil, Seif al-Islam dirigía la poderosa Fundación Internacional Gadafi para el Desarrollo, creada por su padre en 1997, y se posicionaba como un mediador hábil: en 2000 logró la liberación de rehenes occidentales detenidos por el grupo integrista musulmán Abu Sayyaf.
En 2004, luego de que Gadafi reconoció la responsabilidad libia en los atentados contra un Boeing 747 de Pan American (1988) y contra otro de la compañía francesa UTA (1989), Seif al-Islam fue encargado de negociar un acuerdo de indemnización para las familias de las víctimas. De igual manera facilitó el regreso a Libia de las compañías petroleras Exxon Mobil (Estados Unidos), BP (Gran Bretaña) y ENI (Italia).
En 2007 ayudó a la excarcelación de cuatro enfermeras búlgaras acusadas de haber contaminado con el virus del sida a pacientes libios.
Al igual que sus hermanos, Seif al-Islam tiene negocios propios. Controla el grupo de prensa Al-Ghad –que critica a los conservadores del régimen– y participa en jugosos negocios de bienes raíces.
También se dio a conocer internacionalmente como play boy empedernido. Derrochaba dinero en la organización de fiestas en grandes capitales europeas, sobre todo en París, en el mítico balneario de Saint Tropez y en Mónaco. Estrellas del jet set acudían encantadas a sus bacanales. El príncipe Alberto de Mónaco destacaba entre sus invitados. En su “loca” juventud este junior arrogante solía viajar por el mundo con dos panteras.
El duro
El sueño de toda la vida de Muatassim Billah Gadafi es suceder a su padre. El cuarto hijo del Guía de la Revolución tiene 36 años. Estudió medicina, pero se desempeña como coronel del ejército. Las relaciones con su padre son tormentosas, pues éste no le perdona su adicción al alcohol.
El enfrentamiento entre los dos culminó en 2007 con una crisis violenta en la que Muatassim, probablemente ebrio, habría intentado asesinar a Gadafi. Sólo el clan sabe lo que sucedió realmente. Lo cierto es que el hijo rebelde renunció a la dirección del Consejo Nacional de Seguridad y tuvo que exiliarse en Egipto. El recién derrocado presidente egipcio Hosni Mubarak logró reconciliar a padre e hijo.
Muatassim regreso a Libia a principios de 2009 y en abril del mismo año viajó a Washington en representación de su padre para entrevistarse con la secretaria de Estado Hillary Clinton.
Según el New York Times, Gadafi le entregó 2 mil 800 millones de dólares para crear su propia fuerza de élite, que dirige con mano de hierro. Hoy sus tropas de mercenarios se ensañan contra los manifestantes.
Los aliados políticos de Muatassim son: Abdalah al-Sanoussi, jefe de los servicios de inteligencia, y Moussa Koussa, ministro de Relaciones Exteriores y exmiembro de los servicios secretos. Son los hombres más duros del régimen. Cuentan con el apoyo de los Comités Revolucionarios, estructuras clave para control de la población.
Durante 2010 afianzó su poder: fue asesor especial del Consejo Nacional de Seguridad, al tiempo que estrechó los lazos con su padre. Lo acompañó a todas partes y cumplió todos sus deseos.
Unos cables diplomáticos estadunidenses filtrados por WikiLeaks lo describen tan despilfarrador como Seif al-Islam. Prueba de ello es que en 2009 pagó 1 millón de dólares para que la cantante estadunidense Mariah Carey interpretara cuatro canciones durante una fiesta de fin de año que celebró en la isla caribeña de San Bartolomé.
El año siguiente gastó 2 millones de dólares para tener a otra cantante aún más sexy, Beyoncé Knowles, en una fiesta de lujo para celebrar el Año Nuevo.
“Se cree que todos los hijos y favoritos de Gadafi reciben beneficios financieros de la Compañía Nacional del Petróleo y de subsidiarias de servicios petroleros”, recalca uno de los cables estadunidenses filtrados por WikiLeaks.
Según la edición del 24 de febrero del diario libanés Al Mustaqbal, Muatassim habría recibido la orden de destruir las instalaciones petroleras “en caso de absoluta necesidad”.
Además se cree que está herido.
El desenfrenado
Seif al-Islam y Muatassim son, sin embargo, modelos de virtud comparados con otro de sus hermanos: el desaforado Hannibal. Larga es la lista de los escándalos provocados por este médico y militar de 33 años, tan violento como vulgar. Su llegada a cualquier país europeo desata de inmediato la migraña colectiva en los ministerios de Relaciones Exteriores y en los servicios secretos.
En 2003 decidió deshacerse de los paparazzi que lo seguían en Roma. Seis fotógrafos acabaron en el hospital. Gracias a la intervención de su padre no tuvo problema alguno con las autoridades italianas.
Un año después, cuando conducía ebrio un auto deportivo, se le ocurrió remontar los Campos Elíseos en contrasentido y a
En cambio, en 2005, la justicia gala lo condenó a cinco meses de cárcel condicional por golpear a su mujer –que estaba embarazada– y agredir violentamente a los policías y al personal médico que intentaban rescatarla.
Eso no le impidió volver al sur de Francia en 2007, donde otra vez se tropezó con la policía, que tenía pruebas de sus nexos con una red importante de prostitución de lujo. Las presiones de Gadafi volvieron a surtir efecto. Hannibal salió de Francia sin problemas.
En Suiza, sin embargo, no le fue tan bien. Estaba hospedado en un hotel de lujo con su esposa y los miembros libios de su servidumbre. El personal del hotel se dio cuenta de que la pareja maltrataba y golpeaba a sus empleados y dio aviso a la policía. Hannibal salió del hotel esposado. Estuvo detenido dos días.
En represalia, el gobierno libio prácticamente secuestró a dos empresarios suizos. Ambos países estuvieron a punto de romper relaciones diplomáticas.
El escándalo más reciente protagonizado por Hannibal ocurrió en 2009 en Londres. También explotó en un hotel lujoso. El joven Gadafi atacó a su esposa, rompiéndole la nariz. Los gritos alarmaron a los agentes de seguridad del hotel. Llamaron a la policía. Los guardaespaldas de Hannibal se opusieron a los agentes, pero tuvieron que capitular. Acabaron detenidos. El hijo del líder libio aprovechó su inmunidad diplomática para salir disparado de Gran Bretaña.
El futbolista
Saadi Gadafi es otro personaje de la tragicómica familia Gadafi. Tiene 37 años y durante gran parte de su vida sólo le interesó el futbol. En su adolescencia soñaba con ser Maradona. Empezó su carrera en Libia en los dos mejores equipos del país, los cuales, sin embargo, no le parecían a la altura de su talento.
Gracias a su influyente padre –quien compró 7% de las acciones del Juventus– logró que tres equipos italianos lo reclutaran sucesivamente. No convenció a sus entrenadores, quienes sólo le dieron dos veces la oportunidad de disputar un partido. Su primera intervención duró 23 minutos; la segunda, 25. En 2003 su carrera acabó cuando los médicos deportivos descubrieron que se dopaba.
Su paso por Italia le permitió, sin embargo, encontrar a una actriz y modelo italiana con la que se casó. Regresó a vivir a Libia donde fue el capitán del equipo nacional de futbol antes de encabezar la Federación Nacional de Futbol. Desde 2010, la justicia italiana lo persigue debido a que quedó a deber 390 mil dólares en un hotel.
En los últimos años, Saadi Gadafi descubrió su pasión por el cine y acaba de lanzarse a la conquista de Hollywood como productor. El año pasado anunció públicamente que invirtió 100 millones de dólares en la productora Natural Selection, de Matty Beckerman.
Dos películas fueron realizadas gracias a ese aporte financiero, pero pasaron totalmente inadvertidas. El gran proyecto de Saadi es en realidad El hombre de hielo: confesiones de un matón a sueldo, adaptación de la novela homónima del estadunidense Philip Carlo. Mickey Rourke iba a ser contratado para interpretar el papel principal.
Las declaraciones de Saadi Gadafi al diario Financial Times, en las que aplaude la firmeza de su padre para sofocar la revuelta, no parecen preocupar a Natural Selection pero causaron malestar en Hollywood. Peter Gethers, presidente de la sociedad de producción Random House Films, dejó en claro que, por razones “éticas, morales y políticas”, no colaboraría con Saadi Gadafi.
El cine parece ser una pasión familiar. En 2007, Muamar Gadafi acabó de escribir el guión de Años de tormenta, que cuenta la invasión de Italia a Libia en 1911. Todos los actores propuestos para actuar en la “obra magna” –Ben Kingsley, Anthony Hopkins y Omar Sharif– declinaron.
Su nuevo pasatiempo cinematográfico no impide que Saadi esté pendiente de sus milicias de mercenarios. Desde mediados de febrero está mucho más involucrado en enfrentar la rebelión que en la dolce vita californiana.
Mohamed Gadafi, el mayor de todos los hermanos, es otro fanático de futbol. Tiene 41 años y es el único hijo del primer matrimonio del líder libio. Dirige el Comité Nacional Olímpico y es dueño de un equipo de futbol. Agudo hombre de negocios, encabeza el organismo libio de telecomunicaciones, que administra las redes de teléfonos celulares, internet y las comunicaciones por satélite.
Al igual que Muatassim, Mohamed es un conservador de línea dura y desconfía de Seif al-Islam.
El más discreto de todos es Seif el-Araba Gadafi. Tiene 30 años, estudió en Alemania, donde fue detenido por la policía porque su auto deportivo era demasiado ruidoso. Fue el único escándalo que protagonizó. Nada se sabe de sus negocios ni de sus amores ni de las relaciones con su padre, sus hermanos o el poder.
Tampoco se tiene mayor información sobre Milad Aboustaia Gadafi, hijo adoptivo del coronel. Según la leyenda familiar, Milad habría salvado la vida de su padre en 1986 cuando aviones militares estadunidenses bombardearon la residencia del líder libio. Hannah Gadafi, niña de cuatro años adoptada por Muamar Gadafi, murió en el ataque.
En cambio, la biografía de Jamis Gadafi es conocida. Con sus 29 años es el más joven de todos los hermanos. Es militar. Siguió un entrenamiento especial en Rusia. De regreso a Libia encabezó una unidad de fuerzas especiales. Es el hombre de confianza de su padre para misiones difíciles.
Los habitantes de Bengasi aseguran que supervisó la represión que sufrió la ciudad antes de que lograra liberarse. No se ha podido comprobar tal información. En cambio, quedó establecido que Jamis, al frente de su batallón paramilitar, dirigió los combates en la ciudad de Misrata,
En los cables estadunidenses publicados por WikiLeaks se presenta a su “32 Brigada”, de 10 mil efectivos, como la mejor armada de las tres unidades especiales de protección del régimen.
Jamis pertenece a la corriente conservadora del régimen. Según la cadena televisiva Al Arabiya, Jamis habría asesinado muy recientemente a Said Rached, uno de los hijos del líder de la tribu Al Muqarha, una de las más poderosas del país y la cual siempre apoyó al gobierno.
La abogada
Aisha Gadafi es la única hija del líder libio. Su belleza fascina a Muamar Gadafi. La Claudia Schiffer del Desierto, apodo que le dio la prensa italiana, nació en 1976, se graduó como abogada internacional y participó en la defensa legal del presidente iraquí Saddam Hussein durante su juicio en Bagdad. Encabeza la fundación Wa Attassimou, muy activa en la lucha contra el hambre en África.
Es una mujer de fuerte temperamento que maneja con destreza todo tipo de armas y practica artes marciales. Además de su profesión de abogada es catedrática de derecho. En 2004 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU para la defensa de las mujeres en su lucha contra la violencia doméstica.
A raíz de la sangrienta represión de la insurrección libia, las Naciones Unidas pusieron fin a su misión. Corrieron rumores sobre su huida del país. Según distintas fuentes, Aisha, junto con otras 13 personas, intentó salir de Libia vía aérea, pero las autoridades de Malta no le dieron permiso de aterrizar. El avión tuvo que regresarse a Trípoli.
El pasado 24 de febrero fue entrevistada por la televisión libia. Igual que su padre y su hermano Seif al-Islam, insistió en el amor del pueblo hacia el régimen. l
El PRI: ¿estable o inerte?
Miguel Ángel Granados Chapa
Beatriz Paredes entregó el viernes la presidencia del PRI a Humberto Moreira conforme estaba previsto. Es la primera vez en la breve historia de ese partido carente de la influencia presidencial que se cumple el término para el que fue elegida una dirigente. No es poca cosa que la exgobernadora de Tlaxcala haya logrado estabilidad en su partido, especialmente después del desastre de 2006, en cuya secuela fue elegida junto con Jesús Murillo Karam.
Durante los años del presidencialismo exacerbado, la suerte de los líderes del PRI dependía de la voluntad del Ejecutivo. Eran como integrantes del gabinete, que el jefe del Estado y del gobierno podía designar y remover libremente. Los más afortunados permanecían en su cargo el sexenio completo, pero esa costumbre perduró menos de dos décadas. Antes de 1940, los jefes del Partido Nacional Revolucionario y del Partido de la Revolución Mexicana vivían a la buena de Dios, o al arbitrio del Jefe Máximo, o de las oscilantes circunstancias. Algunos de ellos iban y venían, como el primer dirigente del PNR, el general coahuilense Manuel Pérez Treviño, quien en el breve lapso de tres años fue otras tantas veces líder del partido creado por Calles.
Conocieron la estabilidad sólo tres dirigentes: Antonio Villalobos, Rodolfo Sánchez Taboada y Alfonso Corona del Rosal, quienes acompañaron a los presidentes que los nombraron (Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo López Mateos) a lo largo de todo su periodo. Ruiz Cortines nombró a dos generales, Gabriel Leyva Velásquez, quien se marchó a gobernar Sinaloa, y Agustín Olachea, quien guardaba en sobres lacrados los nombres de los candidatos dizque ungidos popularmente pero en realidad designados en Los Pinos.
Bajo Díaz Ordaz operaron tres delegados suyos en el PRI: Carlos Madrazo –quien renunció al fallar su intento de democratizar al partido–, Lauro Ortega y Alfonso Martínez Domínguez. Con Echeverría hubo igualmente tres líderes: Manuel Sánchez Vite, Jesús Reyes Heroles y Porfirio Muñoz Ledo. El número aumentó a cuatro con López Portillo, quien designó a Carlos Sansores Pérez, Gustavo Carvajal, Javier García Paniagua (el único que se ha ido por voluntad propia, despechado por no haber sido candidato presidencial) y Pedro Ojeda Paullada.
Con Miguel de la Madrid hubo sólo dos: Adolfo Lugo Verduzco y Jorge de la Vega. Carlos Salinas rompió marcas, pues tuvo seis líderes del PRI: Luis Donaldo Colosio, Rafael Rodríguez Barrera, Genaro Borrego, Fernando Ortiz Arana, Ignacio Pichardo Pagaza y María de los Ángeles Moreno. Casi lo empata, con cinco, Zedillo, quien nombró a Santiago Oñate, Humberto Roque Villanueva, Mariano Palacios Alcocer, José Antonio González Fernández y Dulce María Sauri Riancho.
A esta última exgobernadora de Yucatán, desplazada hoy de los centros de decisión, le correspondió el infortunio de perder la primera elección presidencial, sino semejante aunque más grave que el padecido por Colosio, quien debió reconocer al primer gobernador surgido de la oposición, y por Humberto Roque, bajo el cual perdió su partido la mayoría en la Cámara de Diputados.
Tan pronto se supo que Francisco Labastida había sido derrotado por Vicente Fox, la dirigente Sauri Riancho quiso retirarse, como hacen con pundonor los jefes de partido perdedores. Pero le fue impedido marcharse, con ánimo agresivo, pretendiendo que pagara los platos rotos, como si ella los hubiera quebrado. Tuvo que lidiar con un partido ubicado de pronto en la oposición, sin un centro de referencia, prácticamente en la orfandad. Además de haber concluido su periodo, Ernesto Zedillo se fue de México, rehusando convertirse en el jefe del partido más allá de la formalidad, como a contrapelo de su propio sentir había actuado en los años de su gobierno.
El PRI empezó entonces a actuar por sí mismo, surcado por los rencores, las culpas, las incriminaciones que siguen a una derrota, sobre todo una de importancia descomunal, tanto que cerraba un largo ciclo histórico y daba lugar a la alternancia. En medio de turbulencias, la última presidenta del PRI nombrada a dedo desde Palacio Nacional pudo convocar a la XVIII Asamblea Nacional y a elecciones para los cargos principales del CEN del partido. Conforme a la fórmula estatutaria de que en la planilla para elegir presidente y secretario general debería haber equidad de género, contendieron Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, acompañados respectivamente por Elba Esther Gordillo y Javier Guerrero.
Duchos en alquimia, Madrazo y Gordillo se impusieron a Paredes y Guerrero, pero luego riñeron entre sí, y Madrazo, con otros aspirantes a la candidatura presidencial. No logró por ello culminar el término para el que había sido elegido en marzo de 2002, y tuvo que retirarse en septiembre de 2005. En rigor estricto, a Gordillo, como secretaria general, le correspondía reemplazarlo. Pero estaba ya trazado el camino que la llevaría a la expulsión y de ese modo, con doble violación estatutaria (postergación de la número dos del CEN, y elección de un inelegible porque ya había sido presidente del partido), a Mariano Palacios Alcocer le tocó encabezar al PRI en el peor momento de su historia: la grave derrota de Madrazo y el achicamiento de su presencia legislativa.
Ante la nueva convocatoria para elegir las cabezas del partido, Beatriz Paredes volvió a las andadas. Enfrentada con el exsenador Enrique Jackson, esta vez la dirigente campesina fue sobre seguro. Se alió con Enrique Peña Nieto, quien demandó para Jesús Murillo Karam la secretaría general, y con esa fórmula llegó al liderazgo mediante una victoria muy holgada en una convención de delegados.
No pudo ejercer una presidencia fuerte y con atribuciones exclusivas. Debió atenerse a la existencia de fuerzas reales, en que la suya no era la más importante. De modo que arbitraba a veces, y se sometía en otras, a los núcleos de poder representados por un selecto grupo de gobernadores, con el mexiquense a la cabeza, y por los coordinadores parlamentarios. De ese modo fue desdibujándose, hasta perder la identidad que al comenzar su mandato la hacía aparecer como eventual candidata presidencial. Había sido fallida aspirante al gobierno de la Ciudad de México, y sin embargo, con el financiamiento de Peña Nieto y su empuje político, encadenó triunfos notables en elecciones locales de 2008 y 2009 y las federales de ese último año. En las estatales de 2010, sin embargo, y a pesar de cuentas alegres sobre el número de votos obtenidos, debió pasar el trago amargo de tres significativas derrotas: en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, y comenzar este año con las de Guerrero y Baja California Sur.
Incurrió en un error y una ingenuidad. Quiso sellar mediante un pacto escrito la suavidad con que había ejercido su papel de dirigente opositora frente al presidente Calderón, y en nombre de Peña Nieto, a cuya causa se ha adherido, acordó con el PAN que este partido no se aliaría con otros en el proceso electoral mexiquense, actualmente en curso. A cambio, las bancadas del PRI apoyarían en el Congreso los planes financieros gubernamentales. Este extremo se cumplió, mas no así el que correspondía al compromiso panista, que se alió con el PRD en media docena de entidades y ahora busca hacerlo en el lugar donde no debía coaligarse con nadie, el Estado de México.
Como se lo han reprochado mujeres que confiaron en sus convicciones, Beatriz Paredes concluyó el viernes una fase principal de su carrera política con desdoro. No pudo o no quiso encauzar la fuerza de su partido contra el conservadurismo católico en materia de libertades personales, y dejó hacer a las reaccionarias de un partido que ella quiso definir como de izquierda.
La sustituye Humberto Moreira. Lo conocemos ahora por su nepotismo y su afición al baile y a ser vociferante. Necesitará mejores títulos para que el PRI sea un partido no sólo votado, sino popular. l
Capitalismo y crimen
Javier Sicilia
El tema del crimen –que se vincula con el narcotráfico– y la guerra que el Estado desató contra él se ha vuelto un lugar común en nuestras vidas: un espacio –como todo lugar común– que perdió sus contornos, una especie de amiba social que se enquistó en el organismo de la sociedad y que diariamente buscamos delimitar para comprender y atenuar su horror. Muchas cosas importantes se han dicho sobre el fenómeno, pero pocas o casi nada sobre el fondo que lo produce y hace impotente la guerra que quiere erradicarlo.
El crimen, cuya tarea es maximizar recursos –en este caso, ilícitos– para producir dinero, forma parte del mismo sistema que el Estado legitima y protege: el capitalismo.
Lo que solemos entender por economía –la producción de mercancías para obtener riquezas o, en términos de Adam Smith, la búsqueda de la admiración envidiosa de los demás por la acumulación de riquezas y la posesión de mercancías de toda índole– es en realidad una forma degenerada de ella, una forma que sólo se da en el universo capitalista y que Aristóteles, en oposición al verdadero sentido de economía –el cuidado de la casa—, llamó con desprecio crematística, y los medievales, usura.
En todas las sociedades que no son capitalistas –el comunismo, para evitar confusiones, es sólo un capitalismo de Estado, y el socialismo, una versión socializada del mismo modelo–, las producciones, dice Jean Robert, “no están hechas para venderse en los mercados, aunque pueden existir mercados; tampoco están determinadas por el afán de acumular dinero, aunque puede existir alguna forma de dinero”. Su universo es la producción de valores de uso que permiten a los seres humanos una vida frugal en donde la penuria no existe.
Sin embargo, desde el momento en que el capitalismo, es decir, la crematística, fundó y concibió todo como búsqueda de riqueza, de producción y de consumo, no sólo destruyó las formas originales de la economía, sino que al instaurar la primera nos obligó a entrar en su lógica. Al transformar el vicio de la envidia en virtud y hacernos creer que a través de ella –puesto que nos obliga a la competencia– podríamos producir riquezas para todos, nos introdujo en una larga y prolongada rivalidad que, en las sucesivas crisis económicas que el mundo vive, ha mostrado su verdadero rostro: La riqueza, en un mundo limitado –un mundo que el verdadero sentido de la palabra economía resume (el cuidado de la casa, su conservación)–, es fruto del despojo y del robo, de la expropiación de lo que antes se producía en común para convertirlo en mercancías, y del sometimiento del hombre y la mujer que laboran en recursos humanos para la producción de “riqueza”. O en palabras de los Harvard Business School: hazte rico, ya sea produciendo o especulando.
En este sentido, lo que el crimen realiza no es otra cosa que la dinamización de esa divisa, la expresión exacerbada e ilegal de lo que la economía capitalista exige, la expresión extremosa de la maximización de los recursos para producir dinero. O ¿qué hace el narcotraficante cuando contrata al campesino y sus tierras para producir estupefacientes, sino lo mismo que hacen las agroindustrias o Casas Geo sobre un territorio que antiguamente servía para la subsistencia?; ¿qué hace el secuestrador, sino maximizar la ganancia que un recurso humano produce en una fábrica y deshacerse de él cuando su productividad no reditúa lo que se esperaba?; ¿qué hacen las mafias criminales cuando ofertan trabajo al ejército de desempleados que el despojo capitalista ha generado, sino lo mismo que hacen las industrias y las instituciones capitalistas: obtener mano de obra barata para trabajos que enajenan la vida?
La lógica del crimen, lo mismo que la guerra que se simula para combatirlo, son inseparables del capitalismo. Gracias a ellos, la industria armamentista aumenta su capacidad productiva; la de la violencia, su oferta de empleo, y la producción de recursos materiales, humanos y mercantiles, su condición de riqueza. La pérdida de lo humano es el desvalor que permite transformar el misterio sagrado de la vida y del mundo en un valor que alimenta el crecimiento crematístico.
Mientras el Estado continúe promoviendo esa forma de lo económico, el crimen jamás será erradicado: será, como ya lo es, un negocio más –de altos costos– en la vorágine del enriquecimiento y el consumo.
Junto a esa crematística que se ha desbordado en los horrores que ocultaba, emerge, sin embargo, el modelo económico de los campesinos y de las comunidades indígenas no contaminados todavía por el capitalismo de las agroindustrias o del narcotráfico. Ese tipo de campesino, que pertenece a las formas de la economía que elogiaba Aristóteles, no genera excedentes mercantiles. No es, como piensan los marxistas, un proletario desposeído, sino miembro de comunidades o pueblos en equilibrio con la naturaleza que sólo producen lo que necesitan y que tiene su rostro urbano en muchas de las economías informales. Esas economías, que Jean Robert llama “expolares” porque están fuera de los modelos convencionales de la crematística del mercado o del Estado, son economías donde deberíamos centrar nuestra atención para pensarlas como alternativas al crimen que está en la lógica profunda del capitalismo.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l
De Miguel Fernando Vázquez Soto
Señor director:
Escribo esta carta para expresar mi punto de vista sobre la edición 1786 de Proceso, donde el reportaje Los juegos del derroche da cuenta de los desatinos e incumplimientos respecto a los Juegos Panamericanos que este año se realizarán en Guadalajara.
Se menciona allí que la creciente inseguridad estuvo a punto de ocasionar la cancelación de dichas competencias, e inclusive el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, el diputado priista Sergio Chávez Dávalos, señaló que debido a como está la situación sería posible que en plenos Juegos Panamericanos se desatara una guerra contra el crimen en la zona metropolitana, aunque el gobierno de Guadalajara argumentó que han revisado las estrategias, que contarán con apoyo de la policía canadiense, chilena y francesa, y que todo dependería del equipamiento y la coordinación para resguardar la integridad de las competencias, de los competidores y del público en general.
Cabe advertir que si no se construye la vialidad que se tiene prevista para llegar a las instalaciones deportivas, el acceso para el público y los turistas será muy complicado, como lo ha sido para los aficionados de las Chivas.
Por lo pronto, muchos de los trabajos presentan un atraso significativo, como el Estadio de Atletismo, que sólo tiene un avance de 20%, además de que se están deforestando áreas verdes como el parque Metropolitano, violando decretos legislativos que prohíben las construcciones allí, porque es área de vocación ecológica.
Quiero dejar sentado aquí mi disgusto por la forma como se manejan este tipo de eventos no sólo en nuestro estado, sino en todo el país. (Carta resumida.)
Atentamente
Miguel Fernando Vázquez Soto
Estudiante de la Preparatoria Licenciado Benito Juárez García
Reflexiona sobre el retraso y la mala imagen de los mexicanos
Señor director:
Escribo esta carta a raíz de lo acontecido el pasado 31 de enero durante la transmisión del programa británico de la BBC Top Gear, ya que levantó polémica y frustración en el país, aunque sirvió para hacernos ver la situación que ha perseguido a la nación por largo tiempo y que nos hemos negado a ver.
Como se sabe, el programa Top Gear lanzó una serie de críticas atacando a la sociedad mexicana con base en el estereotipo que sobre nuestra nación se tiene en el mundo y que los medios de comunicación han difundido durante décadas. Este incidente surgió a raíz del lanzamiento del Masttreta, un automóvil deportivo de última generación y el primero producido enteramente por mexicanos.
Si bien es cierto que tales críticas resultaron indignantes, el hecho de que la sociedad mexicana no se respete a sí misma es todavía más grave. Los ataques a nuestra cultura en los últimos días han sido un gélido reflejo de nuestras acciones o actitudes, pues como país y como sociedad no hacemos nada para cambiar el concepto que se tiene de nosotros. De esta forma, ¿cómo podríamos decir que esta idea es del todo errónea, que es una ficción alejada de toda realidad?
Lamentablemente, la creciente crisis, la corrupción y la ola de delincuencia que arrasan al país, así como remotos antecedentes históricos, nos han vuelto una nación acostumbrada a ceder y a conformarse con lo poco que recibe de sí misma, de su gobierno y del resto del mundo. Es indignante el hecho de que cuando alguien se atreve a desafiar esta situación y a buscar un mejor futuro, son los mismos mexicanos quienes le obstaculizan el progreso, en este México del Bicentenario, donde parece que la educación ha dejado de ser prioridad y ha pasado a un segundo plano.
Pero ¿cómo pretendemos alcanzar el progreso si somos los mismos mexicanos quienes nos etiquetamos, nos dividimos y nos excluimos del avance? Olvidamos nuestros valores, nuestro deber como comunidad. La educación, que es la fuente más imprescindible del desarrollo, se ha transformado en una tenue sombra de la luz que necesita la nación para alcanzar un mañana sustentable. De esta forma, los medios de comunicación nacionales contribuyen directamente a este retraso al promover espacios televisivos destinados a satisfacer el morbo por la problemática ajena y destinados a la desculturización del televidente.
Por esta razón, quisiera hacer un llamado a la sociedad por medio de la revista cuya dirección corre bajo su cargo para recordar que el progreso nace a raíz del esfuerzo de cada individuo, sin importar su origen, religión o ideología, viéndonos todos únicamente como lo que somos: mexicanos, pero mexicanos conscientes de que es indispensable erradicar las mencionadas actitudes que a todos nos dañan.
Atentamente
Valentín Esteban Morales
Alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Acusan de actos represivos al alcalde de Cuernavaca
Señor director:
Mucho le agradeceríamos publicar esta carta.
Somos ciudadanos de Cuernavaca y queremos manifestar nuestro total rechazo a las acciones represivas del presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, quien utiliza sus facultades de supervisión de los negocios para venganzas políticas.
El viernes 25 de febrero clausuró injustificadamente la cafetería del centro cultural la Casona Spencer, el Café Alondra, propiedad de Patricia Aspe, madre de la regidora Vera Sisniega. La razón: el día anterior, en cabildo, su hija le pidió que transparentara los costos de la obra pública.
En menos de una hora, Café Alondra recibió tres inspecciones de distintas oficinas municipales: Obras Públicas puso sellos de suspensión de obra sin que existiera ninguna construcción; el Sistema de Agua apareció con palas y picos buscando una toma clandestina que no encontró, y, por último, la Dirección de Protección Civil provocó una fuga de gas para justificar la clausura.
Si bien es cierto que, gracias a la indignación ciudadana que provocó esta burda represión, la clausura del café sólo duró un día, los ciudadanos no podemos permitir este tipo de acciones, pues el día de mañana cualquiera que se manifieste en contra de los deseos del acalde sufrirá la misma suerte.
Atentamente
Raúl Silva, Alicia Rendón, Marín Zapata, Marcos Cabral, Javier Campos Lucer Magaña, Brenda Lizbeth Fernández, Paloma Bonfil, Elisa Aguirre, Jesús Rosas, Miguel Ángel Mendoza, Javier Sicilia, Isolda Osorio
